Chile firmará acuerdo ambiental de Escazú
El presidente Boric detalló que aún se están afinando algunos detalles de coordinación con los ministerios responsables de analizar el tema y aseguró que para la próxima cumbre anual contra el cambio climático COP-27 Chile ya estará integrado a este acuerdo.
El presidente Gabriel Boric informó este lunes que su Gobierno firmará el acuerdo ambiental de Escazú en marzo, luego de que el expresidente Sebastián Piñera se negara a adoptarlo.
«Nosotros vamos a cumplir nuestro compromiso de ratificar el tratado de Escazú, y puedo confirmar que será durante el mes de marzo», anunció el mandatario en conferencia de prensa con medios internacionales en el palacio de La Moneda.
Boric detalló que aún se están afinando algunos detalles de coordinación con los ministerios responsables de analizar el tema y aseguró que para la próxima cumbre anual contra el cambio climático COP-27 Chile ya estará integrado a este acuerdo.
La firma del tratado es una de las promesas que Boric realizó durante su candidatura en 2021 al anunciar que sería una de sus primeras medidas tras asumir.
El acuerdo ambiental de Escazú fue generado e impulsado por Chile y Costa Rica en 2018 y ya ha sido firmado por más de 20 países de la región, pero durante su mandato Piñera se negó a adoptarlo asegurando que su terminología era ambigua y podía condicionar la legislación chilena.
El tratado establece herramientas de participación ciudadana en las decisiones ambientales, protección especial para los activistas, mayor acceso a la información ambiental, entre otras disposiciones.
La firma del tratado es una de las promesas que Boric realizó durante su candidatura en 2021, cuando aseguró que esta sería una de las primeras medidas que tomaría tras asumir.
El acuerdo ambiental de Escazú fue generado e impulsado por Chile y Costa Rica en 2018 y ya ha sido firmado por más de 20 países de la región, pero durante su mandato Piñera se negó a adoptarlo asegurando que su terminología era ambigua y podía condicionar la legislación chilena.
El tratado establece herramientas de participación ciudadana en las decisiones ambientales, protección especial para los activistas, mayor acceso a la información ambiental, entre otras disposiciones.