Proyecto Ley Fármacos II: farmacias independientes se querellan por cohecho y soborno

La Asociación de Farmacias Independientes de Chile (AFFI), presentó una querella por cohecho y  soborno contra quien resulte responsable ante un posible nuevo caso de tráfico de influencias en la  política chilena, esta vez, en la tramitación legislativa del proyecto Fármacos II. Esto, luego de que  saliera a la luz pública que una abogada que actuaba como asesora de algunos parlamentarios de  oposición al mismo tiempo que participaba en la redacción del proyecto, recibía pagos de una parte  interesada, el gremio de laboratorios internacionales. 

La acción fue presentada este 22 de febrero luego de que el 17 de enero pasado se hiciera público  por redes sociales que la abogada Andrea Martones, asesora ad honorem de los senadores de  oposición en Fármacos II recibió pagos, conocidos a esta fecha, por $16.019.300, reconocidos  incluso por parte de la Cámara de Innovación Farmacéutica, que agrupa a 24 laboratorios  internacionales.  

“La Comisión Mixta de Salud, si bien conoció que la asesora legislativa había recibido pagos por una  parte interesada del proyecto, decidió continuar con la discusión del proyecto vertiginosamente, lo  que nuestro juicio resulta inaceptable ya que existe un evidente conflicto de interés. Si esta ley está viciada, Chile y en especial los consumidores tienen derecho a saberlo. Es por ello que presentamos  esta querella ya que no es posible que hechos tan graves como estos se normalicen, así como si  nada”, señaló Hector Rojas, presidente de la Asociación de Farmacias Independientes.  

La Asociación de Farmacias Independientes, que agrupa a 300 farmacias a lo largo del país, decidió emprender esta acción porque según aseguran el proyecto actual en su redacción y articulado  beneficia a una parte de la cadena de valor de los medicamentos, concretamente a los laboratorios.  

“Esta regulación impone a las farmacias regulaciones sin sentido, sin beneficio para los  consumidores, y lo peor constituye la sentencia de muerte para las farmacias independientes. No  podemos vender barato lo que seguiremos comprando caro. Nos parece que la salud de todos los  chilenos merece una iniciativa legal transparente y que esté exenta de intereses y pagos ocultos en  su diseño. Estamos a favor de una buena legislación, pero en la que no exista protección de intereses  de los laboratorios internacionales”, agrega Rojas.  

Para aclarar estos pagos el gremio cuenta con el apoyo del abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, quien patrocina la querella y la investigación de lo ocurrido en el marco de la Comisión Mixta, que una vez  supo de este hecho aceleró la discusión. Según la querella, si bien, durante el 2021 la instancia  celebró sólo 8 sesiones en todo el año – de ellas tres oportunidades en enero, una en febrero, una en abril, y tres en julio – el 2022 en sólo 16 días celebraron 6 sesiones (los días 11, 17, 24, 25, 26 y 27 de enero).  

“Hay antecedentes suficientes para sostener un posible cohecho y soborno ya que la factura se  habría pagado el 2021 en paralelo a la discusión del proyecto. Pese a que la Comisión Mixta conoció  estos hechos, curiosamente el trámite de la iniciativa se aceleró, cuando lo lógico hubiera sido iniciar  una investigación más acuciosa antes de continuar. Este tipo de sombras son las que queremos esclarecer con esta querella por cohecho contra quien resulte responsable”, aseguró Carlos Gajardo.  

Según la querella, el delito se podría configurar porque la asesora parlamentaria se habría  encontrado ejerciendo una “función pública” y la Convención Interamericana contra la Corrupción  define a la Función pública como «toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria,  realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades,  en cualquiera de sus niveles jerárquicos.»  

“Es sumamente grave que este hecho no haya sido declarado al momento en que esta asesora  participó en el articulado del proyecto e indicaciones ya que lo prudente y ético hubiese sido  declarar que en su calidad de experta asesoró a algunos laboratorios y abstenerse de una función  pública como lo es la discusión del proyecto, ya que su mandante, los laboratorios, son parte  interesada en el proyecto en trámite”, concluye Gajardo.  

La querella presentada al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago solicita a éste el envío de los  antecedentes al Ministerio Público y una orden de investigar a la Policía de Investigaciones de Chile,  entre otras diligencias, para esclarecer los hechos.