Orrego (DC) y Olavarría (UDI) se equivocaron
Por Patricio Herman, director Fundación Defendamos la Ciudad
Las centenas de miles de familias, mayoritariamente adscritas a Fonasa, que residen en las comunas de Independencia, Recoleta, Conchalí, Huechuraba, Quilicura, Lampa, Colina y Til Til, zona norte de la región Metropolitana de Santiago, solo disponen del hospital público San José para atenderse y por ello en una de esas comunas se construirá un nuevo hospital para esa zona.
Pues bien, al respecto, ante decisiones erróneas del gobernador regional, Claudio Orrego, y del ex alcalde de Colina, Mario Olavarría, hoy por sus desaciertos, desempeñándose en el cargo de gobernador de la provincia de Chacabuco, expresamos lo siguiente debido a que dicho hospital debe estar localizado necesariamente en un sector urbano de una de esas comunas y cerca de sus usuarios: enfermos, médicos, enfermeras, personal administrativo, etc., etc.
En efecto, dado que lo anterior no ocurrió, pues Olavarría mientras era alcalde de Colina hizo un descomunal lobby ante las autoridades de Salud para que tal centro sanitario se instalara en un terreno rural de 5 hectáreas, es decir, fuera del límite urbano, que su Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina había comprado, vía trato directo, en el alto precio de US$ 4 millones a una particular, Carmen García (Ver contrato de compraventa) ello a pesar de que la normativa del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) para ese predio, no admite ahí el emplazamiento de hospitales.
Por lo tanto, se concluye que esa organización municipal funcional hizo una especulación inmobiliaria pura y dura, pues las autoridades municipales supusieron que esa normativa del PRMS sería modificada más adelante para factibilizar la construcción del hospital y así consolidar un pingüe negocio.
Piñera y Mañalich, posiblemente sin ponderar apropiadamente la petición de Olavarría, consintieron y se inició la modificación del PRMS para que el uso de suelo del sector admitiera el hospital en tal sector, procedimiento que fue gestionado por el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Manuel José Errázuriz, funcionario público que se ha caracterizado a través del tiempo por actuar como un hábil negociador de proyectos inmobiliarios inviables.
El funcionario abogado Errázuriz acumula un listado de autorizaciones irregulares que incluso desobedecen dictámenes vinculantes de la Contraloría General de la República y en el caso que se relaciona con este terreno de Colina, a pesar de las advertencias que le hizo formalmente la Contraloría, siguió adelante en la tramitación sin considerar que la modificación del PRMS es contraria a la Estrategia Regional de Desarrollo y, por lo mismo, el Gobierno Regional Metropolitano no podía aprobarla.
Sin embargo, debido a la conocida negligencia pública que hay en este tipo de asuntos, el Gobierno Regional Metropolitano dirigido por Claudio Orrego, a pesar de que la Contraloría le informó de la ilegalidad de la modificación del PRMS y posiblemente desconocedor de la legislación ad hoc y peor aún sin disponer de competentes asesores en la materia, o en último caso, presionado por la actual alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela (UDI), autorizó la modificación del PRMS que le presentó Errázuriz, actuación que fue debidamente publicitada como un logro (sic) en la prensa.
Está claro que Orrego no debió autorizar ese cambio de uso de suelo, pues dicha modificación tendrá que someterse al trámite de Toma de Razón y allí la Contraloría deberá representarla (rechazarla), tal como advirtió esa entidad de fiscalización a todos los organismos competentes hace muchos meses. El flamante y locuaz nuevo gobernador y los consejeros regionales que procedieron sin percatarse del error, tienen responsabilidad administrativa en el asunto, ello por desconocer la legislación aplicable.
La actual alcaldesa de Colina, por su parte, tendrá que enfrentar la investigación en curso de la Contraloría por la imprudente compra del predio rural en un subido precio, un muy pesado legado del ex alcalde Olavarría. Ella si desea zafarse del problema debería actuar rápidamente rescindiendo el contrato de compraventa del terreno, pues si no lo hace, le ocasionará un elevado detrimento al patrimonio de la municipalidad, lo que configuraría un notable abandono de deberes. En esta oportunidad le recomendamos a ella que se asesore con buenos abogados, ya que el asunto es bastante espinudo.
Finalmente, dado que la ministra y el subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches y Manuel Monsalve, son médicos, y que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, ingeniero Juan Carlos Muñoz, por el ejercicio de sus profesiones, saben sobradamente que es indispensable para la población que exista cercanía y fácil acceso en transporte público al futuro hospital, podemos suponer que cuando asuman sus cargos en marzo próximo «ordenarán la casa», rectificando la errónea decisión del actual gobierno, cuyos ministros sectoriales livianamente aceptaron el lobby del anterior alcalde de Colina.
