México cierra un mes dramático para la prensa

Los asesinatos de Roberto Toledo y Lourdes Maldonado elevan a cuatro el número de periodistas y trabajadores de medios ejecutados en México en apenas un mes. Reporteros Sin Fronteras (RSF) hace sonar todas las alarmas y urge a las autoridades mexicanas a reforzar los mecanismos de protección de los periodistas y a poner fin a la impunidad crónica que afecta a los crímenes contra la profesión.

Su nombre es el último de una lista alarmante. El 31 de enero de 2022, Roberto Toledo (55 años), colaborador del medio digital Monitor Michoacán, para el que trabajaba desde hace cuatro años, fue asesinado en la ciudad de Zitácuaro, en el Estado de Michoacán (centro del país). Es el cuarto periodista asesinado en México desde principios de año.

«Cuatro muertos en un mes. RSF está conmocionada por el nivel de violencia que se ceba con la prensa mexicana, sin que las autoridades condenen firmemente estos asesinatos y sin que adopten nuevas medidas para reforzar la protección de los profesionales de los medios”, afirma el director de la Oficina de América Latina de RSF, Emmanuel Colombié. “El tiempo apremia. ¿Cuántas víctimas más se necesitan para que el Estado mexicano afronte el problema?”, añade.

 Un medio amenazado

Monitor Michoacán, donde trabajaba Roberto Toledo, es un medio crítico que denuncia regularmente la corrupción en el seno del gobierno de Michoacán, así como los incontables casos de violencia que se producen en la región. El pasado 31 de enero, tres individuos llamaron a la puerta del local donde se ubica la redacción. Roberto fue quien abrió. Los hombres dispararon a quemarropa y se dieron posteriormente a la fuga. El periodista sucumbió a sus heridas en la ambulancia que le conducía al hospital. Consultado por RSF, el director del digital, Armando Linares, cree que el objetivo era el medio, no el periodista: “cualquier otro que hubiese abierto la puerta habría sido asesinado”. Su convicción se explica también por el hecho de que Roberto Toledo se situaba casi siempre detrás de la cámara, desde hace dos años, y solo escribía en el medio de forma ocasional. “Recababa informaciones, se ocupaba de las fotos e imágenes. No quería firmar sus artículos para evitar problemas; los firmaba yo”, explica el director.

La dirección de Monitor Michoacán ya había recibido amenazas telefónicas anónimas hace algunos meses, motivo por el cual el abogado del medio pidió medidas de protección al Ministerio del Interior (encargado del mecanismo federal de protección de los periodistas). Según Armando Linares, esta petición jamás fue recibida, ni tratada por las autoridades federales.

Poco tiempo después, en el lugar del asesinato, se encontraron dos carteles con extraños mensajes amenazantes dirigidos a los abogados de Monitor Michoacán y firmados por el Cartel Jalisco Nueva Generación, el más influyente de la región. RSF ha podido confirmar que la existencia de esos carteles fue filtrada a medios locales por la Fiscalía de Michoacán.

Tras condenar los hechos, el portavoz de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, aseguró que Roberto Toledo no trabajaba como periodista, sino como asistente de un gabinete jurídico. Sin embargo, el digital Aristegui Noticias pudo refutar esa versión y demostrar que Roberto Toledo era co-autor de al menos dos artículos en el medio, que publicó entre julio de 2021 y el 31 de enero de 2022, uno de los cuales denunciaba favoritismos en el seno de la policía local.

Una periodista crítica ejecutada

El asesinato de Roberto Toledo se produce solo unos días después del de Lourdes Maldonado López. El 23 de enero en Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos perteneciente al Estado de Baja California, la reportera fue ejecutada a sangre fría en su coche, cuando trataba de estacionar delante de su casa. Dos individuos montados en un taxi la abordaron y abrieron fuego. Acto seguido, recuperaron los casquillos y se dieron a la fuga.

Periodista con amplia experiencia, muy crítica y comprometida contra la violencia y la corrupción, Lourdes Maldonado era la fundadora y conductora del programa de información local “Brebaje con Lourdes Maldonado”, que se difundía en Facebook. En el pasado, había colaborado con otros medios, como el Canal de Noticias de Rosarito y la cadena Televisa.

Se beneficiaba, desde hace más de un año, de las medidas de seguridad puestas en marcha por el mecanismo de protección local de Baja California, que fueron revisadas en octubre de 2021; patrullas de la policía vigilaban su domicilio y la periodista disponía de un “botón de pánico” en su vivienda para alertar de situaciones de peligro. La reportera optó, sin embargo, por dejar el dispositivo en su vivienda, en vez de instalarlo en su móvil, tal y como le habían recomendado las autoridades locales. No había solicitado la protección del mecanismo federal.

Desde hace cerca de nueve años, Lourdes Maldonado mantenía un conflicto abierto con Jaime Bonilla, empresario y político local, gobernador del Estado de Baja California entre 2019 y 2021. La periodista acababa de ganar un juicio contra la empresa Primer Sistema de Noticias (PSN), un consorcio de medios locales propiedad de Jaime Bonilla, para el que había trabajado y del que fue despedida de forma irregular. Pocos días antes de su muerte, había celebrado públicamente su victoria jurídica frente a PSN. En 2019, Lourdes Maldonado pidió justicia para este caso, durante la rueda de prensa diaria con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante quien afirmó temer por su vida.

Es la segunda periodista asesinada en Baja California en 2022, después de que el fotoperiodista Alfonso Margarito Martínez Esquivel fuera eliminado el 17 de enero, también en la ciudad de Tijuana. La muerte de Lourdes Maldonado ha generado una ola de solidaridad nacional y desencadenado numerosas manifestaciones de apoyo en más de 40 ciudades de México, así como en las redes sociales (con los hashtags #NiSilencioNiOlvido, #PeriodismoEnRiesgo y #NoSeMataLaVerdad). No se vivía una movilización así desde el asesinato de Javier Valdez, en 2017.

La nueva gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, ha anunciado la designación de un fiscal especial encargado de investigar ambas muertes.

Con el asesinato del periodista José Luis Gamboa Arenas, el 10 de enero en el Estado de Veracruz, ya son cuatro los periodistas o trabajadores de medios asesinados en plena calle en México. Según el último Balance Anual de RSF, al menos siete periodistas fueron asesinados en el país en 2021, transformándolo en el más mortífero del mundo para la prensa. Desde el inicio del mandato de López Obrador, en diciembre de 2018, al menos 28 periodistas han sido asesinados por motivos relacionados con su profesión.

Para hacer frente a esta situación, RSF ha lanzado un exhaustivo estudio sobre los mecanismos de protección en cuatro países de América Latina: México, Honduras, Brasil y Colombia. La organización prevé publicar las conclusiones detalladas de este informe, junto a una serie de recomendaciones, de aquí a finales de febrero.

México ocupa la posición número 143 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras en 2021.