Apoyo parlamentario a Demanda de Nulidad del Convenio entre Aguas Andinas y Alto Maipo
Tomas Hirsch destacó que “consideramos inaceptable que, una vez más, se prioricen negocios entre grandes grupos económicos por sobre las necesidades básicas de las familias de la región Metropolitana y del país.
Los diputados Daniel Melo (PS), Camila Musante (AD) y Tomas Hirsch (AH), ingresaron esta semana a Tribunales los respectivos escritos, haciéndose parte de la demanda de nulidad del Convenio entre la empresa Aguas Andinas y de la empresa AES Gener) que permite el uso de las fuentes del agua potable de Santiago para la generación eléctrica de las centrales hidroeléctricas Alto Maipo.
La demanda, interpuesta en diciembre de 2019 por Marcela Mella, del movimiento No Alto Maipo, y Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, busca anular el contrato celebrado entre Aguas Andinas y Alto Maipo por contravenir las normas sanitarias, ya que la empresa sanitaria utiliza sus derechos de agua comprometidos en la Concesión de Servicio Público de Agua Potable para Santiago, cuyo fin es la producción de agua potable. La demanda también fue suscrita el mes pasado por Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana.
Mediante el contrato impugnado, Aguas Andinas vierte y conduce aguas para que Alto Maipo realice operaciones de generación eléctrica a cambio de un pago. El verter y conducir aguas para un fin distinto de la producción de agua potable se aleja del objeto único establecido por ley, y constituye un negocio paralelo al objeto principal de la empresa sanitaria. De esta forma, se solicita la nulidad absoluta del Convenio por adolecer de objeto ilícito en conformidad con lo señalado en los artículos 1462, 1466 y 1682 del Código Civil.
Por otro lado, el Convenio pone en riesgo el suministro de agua potable del Gran Santiago, debido a que verter y conducir caudales de agua por instalaciones no destinadas a la producción de agua potable pone en riesgo la cantidad y calidad de las aguas, afecta el caudal disponible, y crea condiciones de contaminación como turbidez y sedimentación, impactando sobre la calidad del agua.
Es por esta misma razón que el pasado 13 de enero de 2022, el Gobierno Regional Metropolitano solicitó hacerse parte como tercero coadyuvante de las demandantes, argumentando que el interés público está comprometido, y que es deber del Gobierno Regional resguardar el desarrollo social, cultural y económico de la región, en particular en cumplimiento de sus funciones de planificación territorial.
Al respecto, la diputada de Apruebo Dignidad Camila Musante, declaró que “debemos comprender que el avance del proyecto Alto Maipo, pone en juego el suministro de agua potable para toda la región metropolitana. Es decir, vida de millones de personas se pone en riesgo, una vez más, solo para proteger los intereses oligárquicos, que creen estar por sobre la ley. Me hago parte de esta demanda porque urge proteger la cuenca de un Río que está por desaparecer, porque ninguna persona, empresa o grupo de empresas, pueden estar por sobre el derecho y porque defender la tierra y el agua, es defender nuestra propia existencia”.
Por su parte, el diputado socialista Daniel Melo, también parte de la demanda de nulidad, expresó que “estamos ante un caso sin precedentes donde se pretende utilizar un bien tan escaso y que debemos proteger como es el agua potable de la Región Metropolitana, para fines que no es el consumo humano, sino de un proyecto hidroeléctrico del cual he sido y soy muy crítico. Nuestra labor siempre estará en el centro la defensa de los bienes de la naturaleza y las personas”, agregó.
Asimismo, el diputado de Acción Humanista Tomas Hirsch destacó que “consideramos inaceptable que, una vez más, se prioricen negocios entre grandes grupos económicos por sobre las necesidades básicas de las familias de la región Metropolitana y del país. Aguas Andinas tiene la obligación de utilizar el agua que recibe única y exclusivamente para proveerla a los habitantes de la región, y no puede realizar otro tipo de actividades generándose ganancias o utilidades por negocios de venta de agua para una empresa generadora de electricidad. Esperamos que sea acogido nuestro escrito y que nunca más se utilice el agua destinada para consumo humano en otras actividades por parte de la empresa encargada del servicio”.
Ante este eventual ilícito y en el contexto de la grave crisis hídrica que enfrenta a Región Metropolitana, los diputados Gonzalo Winter (CS), Lorena Fries (IND-CS) y Ana María Gazmuri (RD), anunciaron que suscribirán la demanda durante los próximos días.
