AIA y propuesta de estatización: “Se acaba la minería que históricamente hemos desarrollado”

“Antofagasta es la capital minera de Chile. El 54% de la producción de cobre tiene lugar en nuestra región, y la actividad minera constituye en torno a un 52% del PIB regional. En los últimos 20 años la minería aportó el 10% del PIB del país y el 7,8% de los ingresos fiscales”, afirma con orgullo Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta, AIA.

Para reforzar aún más la relevancia de esta industria, recuerda que en su región están presentes algunas de las más importantísimas operaciones mineras cupríferas del país, como las del distrito norte de Codelco, con Chuquicamata, Radomiro Tomic, Gabriela Mistral y Ministro Hales; junto con la faenas privadas Escondida, Spence, Sierra Gorda, Centinela, Antucoya, Zaldívar, El Abra, Mantos Copper y Michilla. También son relevantes  los actores de la minería no metálica: SQM y Albemarle.

Por esto, sostiene que la aprobación en general de la iniciativa que busca nacionalizar la minería, no los ha dejado indiferente.

-¿Cómo se recibió en Antofagasta esta medida, adoptada por la  Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional?

Por cierto que nos preocupa enormemente esta propuesta de la convención constitucional, que requiere de un análisis objetivo y prudente. La expropiación de los recursos naturales estratégicos repercutiría, de una u otra manera, en la economía regional y nacional, siendo un retroceso al proceso de clusterización y encadenamiento, que ha permitido el crecimiento de nuestra región en los últimos 30 años.

Estos encadenamientos productivos están en la esencia de lo que somos como ciudad y región, donde actualmente operan cerca de 1.500 empresas proveedoras, de las cuales cerca del 70% son pequeñas y medianas firmas industriales y de servicios especializados.

-¿Cómo podría afectarles esta iniciativa, en caso de concretarse?

Se acaba la minería que históricamente hemos desarrollado, no sólo en Antofagasta, sino en todo el norte del país.

Además, (su aprobación) muestra un desconocimiento de los efectos jurídicos y de la legislación internacional. Si la estatización avanza, se terminaría en juicios por indemnización a los inversionistas privados. Y mientras tanto, estos dejarían de venir a Chile en este escenario incierto. Según el último catastro de Cochilco, en los próximos 10 años se deben materializar nuevos proyectos, cuya inversión estimada es de US$69.000 millones; de estas inversiones, el 29% se materializaría en Antofagasta.

Si uno revisa el origen de las inversiones mineras, lo estatal es casi un 28%, mientras que el sector privado -que agrupa a la gran y mediana minería del cobre, del oro y plata, hierro, litio y minerales industriales-, representanta el 72% restante. ¿Qué nos muestra esto? Que el éxito de la minería chilena moderna se explica por un sistema mixto, que combina armoniosamente la minería pública con la privada.

-Esta iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno de la Convención ¿Esperan que ahí prime esta otra visión?

De verdad, con respeto y con fuerza, hacemos un llamado al sentido común. Si queremos encaminar bien las reformas a nuestra minería debiéramos fortalecer este sistema mixto, dándole más herramientas de desarrollo y financiamiento a Codelco, y profundizando más aún el encadenamiento productivo de la minería privada.

Nuestra invitación es a generar los espacios y disposición de escucha, a poner en la mesa objetivamente las opiniones, con la mirada en la construcción de un país más sustentable y para lo cual siempre estaremos disponibles.

¿Qué podría suceder con los encadenamientos productivos y con los proveedores mineros de aprobarse la nacionalización, tal como está planteada?

La industria minera genera en torno 234.000 puestos de trabajo directos, y por cada uno de ellos, hay indirectamente otros 2,55 empleos, representando el 8% de la fuerza laboral país.

En nuestras regiones mineras un 40% del empleo local viene de la minería; la mayor parte de los cuales se perdería, si se llegase a nacionalizar o estatizar la minería.

Y no olvidemos otros aportes que la industria hace al desarrollo, como la desalinización y el avance que tenemos en energías limpias, que son indispensables para enfrentar el cambio climático. ¿Podremos seguir haciéndolo con una minería 100% estatizada? Nosotros creemos que no.

Consideremos, también, los gigantescos costos que asumiría el Estado al hacerse cargo de un proceso de expropiación e indemnización al conjunto de la minería privada. El nuevo Gobierno asumirá la conducción del país con una agenda social muy marcada, donde debe priorizar los recursos.

En las regiones mineras sabemos que la valorización de los activos de las principales empresas privadas suma decenas de miles de millones de dólares, que el Estado no puede financiar; es mucho más de lo que representa el gasto público en salud, educación y previsión social.

Chile es y esperamos que siga siendo un país minero; confiamos que prime el buen criterio y no se afecte el actual modelo, que ha sido muy beneficioso.