Tribunal de Myanmar condena a la líder Suu Kyi a otros cuatro años de prisión
Suu Kyi ya había sido condenada el mes pasado por otros dos cargos y recibió una sentencia de cuatro años de prisión, que luego fue reducida a la mitad por el jefe del Gobierno instalado por el Ejército.
La depuesta líder de Myanmar y premio Nobel de Paz, Aung San Suu Kyi, fue sentenciada hoy a cuatro años de cárcel por infringir normas implementadas contra la pandemia y por la importación y posesión ilegal de dispositivos de telecomunicaciones, informaron fuentes judiciales.
En dos procesos separados, un tribunal especial de justicia emitió la sentencia, ya retrasada en dos ocasiones, por la tenencia sin licencia de varios walkie-talkies y un inhibidor de señales, por el que se acusaba a Suu Kyi de violar la Ley de Exportación e Importación y la ley de telecomunicaciones.
Suu Kyi ya había sido condenada el mes pasado por otros dos cargos y recibió una sentencia de cuatro años de prisión, que luego fue reducida a la mitad por el jefe del Gobierno instalado por el Ejército.
Los casos forman parte de una decena iniciados contra la exlíder de facto de Myanmar (antigua Birmania) de 76 años desde que el Ejército tomó el poder en febrero pasado y derrocó a su Gobierno electo y arrestando a los principales miembros de su partido Liga Nacional para la Democracia.
Si el tribunal la encuentra culpable de todos los cargos, podría ser condenada a más de 100 años de prisión.
Sus partidarios aseguran que las acusaciones en su contra buscan legitimar el golpe de Estado de febrero y evitar que la líder regrese a la política.
El veredicto fue transmitido a la prensa por un funcionario judicial que insistió en el anonimato por temor a ser castigado por las autoridades, que restringen la divulgación de información sobre los juicios de Suu Kyi, informaron la agencia de noticias AFP y la cadena BBC.
El partido de Suu Kyi obtuvo una victoria inapelable en las elecciones generales de 2020, pero el Ejército afirmó que hubo un fraude electoral generalizado.
Desde su primer veredicto de culpabilidad, Suu Kyi asiste a las audiencias judiciales vestida con ropa de prisión: una blusa blanca y una falda marrón proporcionada por las autoridades.
El Ejército la retiene en un lugar desconocido, donde la televisión estatal informó el mes pasado que cumpliría su condena.
Las audiencias están cerradas a los medios y espectadores y los fiscales no hacen comentarios sobre ellas. Sus abogados, que habían sido una fuente de información sobre el proceso, recibieron órdenes de no hablar más con la prensa.
El Gobierno del general Min Aung Hlaing y los líderes de la junta no permiten las reuniones con Suu Kyi, a pesar de la presión internacional para entablar un diálogo que conduzca a aliviar la violenta crisis política del país.
La toma del poder por parte de los militares desató grandes manifestaciones en todo el país, que las fuerzas de seguridad sofocaron con fuerza letal, matando a más de 1.400 civiles, según una lista detallada compilada por la Asociación de Asistencia para Prisioneros Políticos.
Las protestas pacíficas continúan, aunque en medio de la severa represión, mientras paralelamente crece una resistencia armada, que despierta las alarmas de expertos de la ONU que advierten que el país asiático podría estar acercándose hacia una guerra civil.
Suu Kyi también está siendo juzgada por el mismo tribunal por cinco cargos de corrupción. La pena máxima por cada cargo es de 15 años de prisión y una multa. Un sexto cargo de corrupción contra ella y el presidente derrocado Win Myint en relación con la concesión de permisos para alquilar y comprar un helicóptero aún no ha sido juzgado.
En procesos separados, se le acusa de violar la Ley de Secretos Oficiales, que conlleva una pena máxima de 14 años.
La comisión electoral de Myanmar también agregó cargos adicionales contra Suu Kyi y otros 15 políticos en noviembre por presunto fraude en las elecciones de 2020.
Los cargos de la Comisión Electoral designada por los militares podrían resultar en la disolución del partido de Suu Kyi y la imposibilidad de participar en una nueva elección que el Ejército prometió que tendrá lugar dentro de los dos años posteriores a su toma de posesión. (Télam)
