Relatores de ONU acusan a talibán de institucionalizar discriminación contra mujeres y niñas

Un grupo de relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas han denunciado este lunes que las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán están institucionalizando una discriminación por motivos de género a gran escala y de forma sistemática contra las mujeres y las niñas.

Los expertos han reiterado su alarma por las medidas aplicadas desde agosto de 2021 en el país asiático, especialmente las dirigidas contra mujeres y niñas. «Tomadas en sus conjuntos, estas políticas constituyen un castigo colectivo contra mujeres y niñas, cimentadas en un seso de género y en prácticas dañinas», han agregado.

«Estamos preocupados por los esfuerzos continuados y sistemáticos para excluir a las mujeres de las esferas sociales, económicas y políticas en todo el país», han indicado, antes de subrayad que estas preocupaciones están exacerbadas en casos de mujeres pertenecientes a minorías étnicas, religiosas y lingüísticas de Afganistán.

Asimismo, han alertado del aumento del riesgo de explotación de mujeres y niñas, incluido el tráfico destinado al matrimonio forzoso y el matrimonio infantil, así como la explotación sexual y el trabajo forzado.

Los relatores han hecho hincapié en que estas políticas están siendo aplicadas a través de una batería de medidas que prohíben a las mujeres volver a sus puestos de trabajo, requieren que un familiar las acompañe en espacios públicos, las prohíbe usar el transporte público por su cuenta y les impone un estricto código de vestimenta.

«Además de limitar gravemente su libertad de movimiento, expresión y asociación y su participación en asuntos públicos y políticos, estas políticas han afectado la capacidad de las mujeres para trabajar y ganarse el sustento, lo que las empuja más aún hacia la pobreza», han recalcado.

Por ello, han hecho hincapié en que «las mujeres que son cabeza de familia se han visto especialmente golpeadas, con su sufrimiento ahondado por las consecuencias devastadoras de la crisis humanitaria en el país».

De esta forma, han argüido que hay una especial preocupación por el rechazo al derecho de las mujeres y las niñas a la educación bajo el argumento de que las clases deben estar segregadas por sexos, lo que ha provocado que la inmensa mayoría de los centros sigan cerrados.

«A día de hoy estamos presenciando un intento de eliminar rápidamente a las mujeres y las niñas de la vida pública en Afganistán, incluidas sus instituciones y mecanismos que habían sido establecidos para asistir y proteger a las mujeres y niñas que están en mayor riesgo», han apuntado, en referencia al cierre del Ministerio de Asuntos de la Mujer y la ocupación de la sede de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán.

En esta línea, han manifestado que «diversos suministradores de servicios vitales que apoyan a supervivientes de la violencia de género han cerrado por temor a una venganza, algo que también han hecho centros de acogida a mujeres, lo que tiene unas consecuencias potencialmente fatales para muchas víctimas que necesitan estos servicios», han apuntado.

Los relatores han puntualizado que también hay esfuerzos destinados a desmantelar los sistemas diseñados para prevenir la violencia de género y responder ante estos casos, incluido el cierre de tribunales especializados y unidades de la Fiscalía destinadas a aplicar la Ley para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada en 2009.

REPRESIÓN DE LAS PROTESTAS

Por otra parte, han resaltado su preocupación en torno a la situación de activistas y líderes sociales, juezas, fiscales, miembros de las fuerzas de seguridad, funcionarias y periodistas, que han estado sometidas a un acoso considerable y a amenazas de violencia y violencia por sus actividades, lo que ha provocado que muchas hayan tenido que abandonar el país.

«Nos preocupa profundamente la dureza con la que las autoridades ‘de facto’ han respondido a las mujeres y niñas que han pedido que se respeten sus derechos fundamentales, con información sobre agresiones, malos tratos, amenazas y detenciones arbitrarias de manifestantes pacíficas», han apuntado.

«Estamos también extremadamente alarmados por las informaciones sobre ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzosos de minoráis étnicas y religiosas como los hazara, lo que sugeriría la existencia de esfuerzos deliberados para atacar, prohibir e incluso eliminarles del país», han reseñado.

Por todo ello, han pedido a la comunidad internacional que aumente la entrega de ayuda al pueblo afgano y han argumentado que la crisis humanitaria ha tenido un gran impacto sobre grupos en situación de gran vulnerabilidad, al tiempo que han reclamado que exijan a los talibán rendir cuentas por sus «continuas violaciones» de los derechos de la población.

«Cualquier respuesta humanitaria o esfuerzo de recuperación o desarrollo en el país está condenada al fracaso si el personal femenino, las organizaciones encabezadas por mujeres y las mujeres en general, y particularmente las que pertenecen a comunidades minoritarias, siguen excluidas de una participación total en las valoraciones sobre necesidades y en la toma de decisiones, diseño, aplicación y supervisión de estas intervenciones», han remachado.
(Europa Press) –