¿Podrá Chile caminar hacia la probidad y romper la tendencia corrupta?

Por lejos uno de los temas más tratados en la Convención Constituyente, junto con los derechos del agua, es la Probidad y la Corrupción.

Casi no hay problema en Chile que no esté ligado a este fenómeno que viene combatiendo la ONU, la OCDE, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los gobiernos de todas las latitudes y orientaciones.

La corrupción está enmarcada en relaciones de poder entre los sujetos, sea en escala micro o macro.

Las relaciones de poder no se limitan al mundo de la política. Todos los ámbitos sociales donde existen jerarquías y/o recursos, tales como empresas, compañías, entes públicos, centros educativos o centros de reunión religiosa, pueden ser ocasión de actos de corrupción. Puede haber corrupción tanto al nivel de la gran política, como en la pequeña escuela primaria, siempre que haya alguien que controle la situación de poder o que pretenda controlarla.

No basta amenazar con grandes castigos a los corruptos para obtener resultados deseables. Chile tiene fiscales dedicados al tema, hay numerosas instancias que pueden intervenir para frenar este flagelo que atenta contra la fe pública y deteriora la democracia porque desanima al conjunto de la población a hacer un trabajo honesto.

Cuando las propias autoridades están implicadas en este delito lo que se genera es una total descomposición, los funcionarios no se atreven a denunciar por temor a despidos y represalias, los jueces y fiscales cierran los ojos, los políticos y los empresarios creen tener luz verde para seguir en negocios sucios.

En Chile la corrupción está ligada a los abusos económicos de las grandes empresas amparados por tratados o convenios realizados con respaldo y beneficio estatal. Recordemos los casos de las tarifas elevadas y eternas del pago del peaje de carreteras, las colusiones del gas, de las farmacias, del papel higiénico. O los sobreprecios del agua potable, de la electricidad…. El pago de favores políticos con cargos innecesarios o con sueldos injustificados, incluido el panel de expertos del Ministerio del Transporte, cuestión que desató el estallido social. Están las licitaciones poco transparentes, bajos impuestos. La entrega de las riquezas mineras a empresas extranjeras sin generar ingresos proporcionales para el país y con poco valor agregado. La contaminación que no se controla y no se pone término.

Capítulo especial es la dictación de leyes impropias lideradas por las empresas implicadas en el negocio como el caso de la Ley Longueira que ha debido sobornar a ilustres parlamentarios.

Hay negocios impresentables como el realizado en paraísos fiscales por el Presidente Piñera en formato “ fideicomiso ciego”, en desmedro del patrimonio nacional y mundial como fue el caso Dominga , condenado por la mayoría de la Cámara de Diputados y el Senado.

Igualmente son inaceptables la evasión y elusión de impuestos. Tenemos una Justicia ineficiente o culposa caracterizada por fallos interminables en el tiempo sin que se castigue a los culpables. Las más altas autoridades del Ejército, Carabineros, PDI o Gendarmería logran hacer fortunas con los “gastos reservados”, sin que se detenga tal estafa pública.

La lista de falta a la probidad, la no transparencia y la impunidad frente a la corrupción en Chile es muy larga e imposible de resumir en un artículo periodístico. Este fenómeno viene haciéndose estructural o sistémico desde la dictadura de Pinochet que hace un fortuna familiar con venta y compra ilegal de armas- y se sospecha- de narcotráfico.

En los treinta años de Concertación y los dos gobiernos de Sebastián Piñera la corrupción ha cobrado ribetes masivos y legales con contratos entre estado y privados que regularmente garantizan ganancias a unos pocos privados en detrimento del interés público.

El caso más notable son las AFP, que le entregan los créditos ventajosos a un puñado de grandes empresas con el ahorro obligado de las cotizaciones de los trabajadores y condenan a los jubilados a pensiones miserables.

Existen varias propuestas de normas constitucionales para propender a la probidad y combatir la corrupción, presentada tanto por diversos Constituyentes como por iniciativas populares subidas a la plataforma digital de la Convención. Entre ellos destaca el trabajo de Jorge Baradit que ha logrado reunir un abundante equipo de abogados y de personas mayores con amplia experiencia en el tema.

La gran dificultad para instalar una buena legislación que sobrepase la etapa de condena y de las declaraciones éticas, está en lograr, a nivel de la Convención, un acuerdo suficiente para generar una redacción coherente porque abundan las diversas aristas que deben ser tratadas en coordinación. Se necesitan reforma administrativa del Estado, diseño de negocios estado-privados, derechos fundamentales, reforma jurídica y del código penal.

Igualmente es necesario emprender una efectiva modernización de los organismos contralores como las superintendencias, el Consejo de Defensa del Estado, Fiscalía Económica, Contraloría General de la República, Servicios de Impuestos Internos, inspectores de medio ambiente, de pesca , de minería… Se les debiera entregar nuevas atribuciones y más recursos . Se debiera poner término de los gastos reservados de los organismos de la defensa, la policía o la inteligencia nacional …en la forma actual.

La tarea contra la corrupción en Chile es gigantesca pero absolutamente necesaria. Nada sacaríamos con tener un buen sistema político, más democrático, sin que se supere la corrupción en pos de mayor probidad, transparencia e igualdad de oportunidades para todos los habitantes de la República.

La ciudadanía debe estar pendiente de la evolución de este tema central de la nueva Constitución y los periodistas debiéramos ser cada vez más lúcidos para comprender el tema de la corrupción y apoyar los cambios necesarios.