ONU insta a Nicaragua a liberar a las personas «detenidas arbitrariamente»
En total, la ONU cifra en 39 los casos de "detención arbitraria" basados en "disposiciones legales incompatibles con las normas internacionales de Derechos Humanos" y con procesos judiciales cuestionables.
El organismo de la ONU para los Derechos Humanos denunció hoy que «las restricciones y violaciones de libertades y derechos» cometidos en Nicaragua por el Gobierno de Daniel Ortega «crearon un entorno poco propicio para la celebración de elecciones auténticas y libres», e instó a las autoridades a revertir «urgentemente» las políticas actuales.
La alta comisionada adjunta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, consideró que el entorno de los comicios presidenciales del 7 de noviembre último fue poco «propicio» para celebrar «elecciones auténticas y libres» y pidió al Gobierno que «restablezca urgentemente los derechos y las libertades públicas y el Estado de Derecho imparcial».
En la misma línea, reclamó la «inmediata» liberación de «todas las personas detenidas arbitrariamente», así como el restablecimiento pleno de sus derechos civiles y políticos, informó la agencia de noticias Europa Press.
Ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Al Nashif pidió también a Nicaragua «poner fin a las persecuciones judiciales y al acoso a opositores políticos, periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos por sus opiniones y convicciones».
Nashif actualizó hoy el informe sobre la situación del país centroamericano, una vez pasadas las elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega obtuvo la victoria sin rivales de entidad.
Naciones Unidas reprochó a las autoridades nicaragüenses la exclusión «arbitraria» de candidatos, «especialmente de aquellos que tenían opiniones diferentes a las del partido en el poder», hasta el punto de que siete precandidatos opositores fueron detenidos y, por tanto, no pudieron presentarse a los comicios.
Las acusaciones del organismo de la ONU fueron rechazadas por la fiscal general de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina, quien acusó al Alto Comisionado de hacer «eco de la política intervencionista de los Estados Unidos».
Estas alegaciones son «una repetición de noticias alejadas de la verdadera realidad, representando estas, una agresión unilateral en contra del pueblo nicaragüense y su gobierno legítimamente constituido», aseguró en un video, informó la agencia de noticias AFP.
En total, la ONU cifra en 39 los casos de «detención arbitraria» basados en «disposiciones legales incompatibles con las normas internacionales de Derechos Humanos» y con procesos judiciales cuestionables.
Durante el fin de semana de las elecciones y los días siguientes, diez activistas políticos y periodistas fueron detenidos y, de ellos, solo tres fueron liberados.
De estas 39 personas, 35 siguen arrestadas en el centro de detención preventiva de «Nuevo Chipote», en muchos casos sin poder comunicarse con el exterior desde hace más de 90 días. Algunos están totalmente aislados.
Las autoridades electorales inhabilitaron a cuatro partidos políticos en los meses previos a las elecciones, mientras que la entrada de periodistas estuvo vetada en los días previos a la votación.
En paralelo, inhabilitaron 61 ONGs desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018 que dejaron 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
