El nuevo gobierno debe hacer una completa reingeniería en la institucionalidad ambiental 

“Somos la empresa de bodegaje de mayor trayectoria y tamaño del país. Desde 1985 a la fecha, hemos alcanzado una infraestructura de más de 2.130.000 m2 de bodegas distribuidas en 14 centros, de los cuales 7 están en Santiago, 4 en regiones (Antofagasta, Chillán, Temuco y Pto. Montt) y 3 en Lima, Perú”, así se describe en su sitio web la empresa Bodegas San Francisco (BSF).

Los incautos clientes pensarán que se trata de la mejor empresa del país en el rubro del arriendo de bodegas, pero las cosas no siempre son lo que parecen y por ello se justifica plenamente el título de esta columna de opinión.

Recordemos que las agencias de publicidad tienen como propósito vender pomadas para que sus clientes sean bien reconocidos en los diferentes mercados (VER).  

Desde hace cerca de 20 años BSF comenzó a desarrollar proyectos de bodegaje en la comuna de Pudahuel. Era la época en que Johnny Carrasco ejercía como máxima autoridad de la municipalidad. La existencia de suelos sin construcciones y cercanos a los puntos de acceso a Santiago desde los puertos y a autopistas los volvió muy atractivos para la actividad comercial del bodegaje.

Todo indica, además, que las autoridades de esa época vieron con muy buenos ojos la construcción de los enormes proyectos de BSF porque aportarían cuantiosos ingresos por el pago de derechos de los permisos de edificación, contribuciones de bienes raíces y patentes comerciales y para sellar las amistosas relaciones, en marzo de 2017, esa empresa se hizo parte de la Corporación para el Desarrollo Sustentable de Pudahuel (CODESUP), organización presidida por el alcalde Carrasco, pero como persona natural, y donde participó como directivo un reconocido recaudador para campañas políticas en esa época oscura donde los «honorables» al tramitar las leyes actuaban como representantes de grandes empresas y poderosos grupos económicos.

La CODESUP se define como una iniciativa de empresarios y personas naturales con vocación, proyecciones e intereses en el desarrollo territorial sustentable de largo plazo de Pudahuel. Todo parecía en regla, excepto que tanto BSF como la municipalidad olvidaron que, para lograr el desarrollo sustentable de Pudahuel, lo mínimo que se puede exigir es cumplir la normativa ambiental contenida en la Ley N° 19.300.

Fue así como BSF construyó y operó sus cinco centros logísticos en Pudahuel sin haberlos sometido antes de sus ejecuciones al obligatorio Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), situación que en mayo de 2018 fue denunciada en la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por la concejala Gisela Vila. La SMA demoró dos años en iniciar los respectivos procedimientos de requerimiento de ingreso al SEIA, demoras voluntarias que, junto a otros casos de impresentable dilación, obligaron a la Contraloría General de la República a instruir el desarrollo de sumarios administrativos en tal SMA.

En sus informes de fiscalización a propósito de la denuncia de la concejala, esa superintendencia señala: “Por otra parte, señalar que el titular Bodegas San Francisco Ltda., ha presentado a evaluación ambiental, y en consulta de pertinencia, proyectos de similares características, y por lo que es dable concluir que se encuentra en conocimiento de sus obligaciones ambientales”. A buen entendedor, pocas palabras. Todo indica que Pudahuel durante la administración de Carrasco fue el paraíso para invertir porque para obtener los permisos en la Dirección de Obras Municipales no era necesario cumplir la ley, o al menos no aquellas normas que generan un mayor costo a los proyectos o reducen su rentabilidad, como son las mitigaciones de impactos ambientales o normas urbanísticas, como los coeficientes de constructibilidad y ocupación del suelo. Las cuantiosas inversiones inmobiliarias en la zona poniente de Pudahuel que se ejecutaron entre los años 2000 y 2019 generaron un mayúsculo incremento de los ingresos municipales que facilitaron la reelección sucesiva del ex alcalde.

La empresa BSF al constatar que la denuncia tenía un sólido fundamento, contrató a una prestigiosa y conocida oficina de abogados, de esas «expertas» que hemos descrito en otras columnas. Pero a pesar de sus esfuerzos los estudiosos abogados no lograron encontrar el resquicio legal o reglamentario que les permitiera salvar a su cliente de someterse obligatoriamente al SEIA.

No podemos dejar de mencionar que en todo este proceso el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se las arregló para no responder durante más de un año a los requerimientos de informe de la SMA que se iniciaron en 2020, lo que contribuyó a que, transcurridos más de tres años desde que se presentó la denuncia, todavía no hay un pronunciamiento de la SMA. Como vemos, estamos ante un ejemplo de grosera descoordinación y desidia institucional que continúa, a pesar de que la SMA será sumariada por la Contraloría.

Ante los contundentes argumentos de la denuncia, hace algunos días BSF finalmente optó por informar a la SMA que someterá «voluntariamente» sus proyectos al SEIA en enero de 2022 y solicitó que se suspenda temporalmente el procedimiento de requerimiento de ingreso que afecta los centros logísticos La Farfana, Lo Aguirre, Vespucio y Laguna Sur; falta que se haga lo mismo con Puerto Madero. Podemos especular que esa propuesta, ideada posiblemente por sus asesores legales, busca evitar las sanciones que conllevan eludir el cumplimiento de la normativa ambiental durante décadas. Recordemos que BSF se declara la empresa con mayor trayectoria del país, pero además es miembro de la CODESUP, una manifiesta «contradicción vital», como dijo un ex candidato presidencial derechista en mayo de 1989.

A las irregularidades de BSF podemos agregar el caso de la empresa Cencosud, cuyo centro de distribución en el área rural de Pudahuel lleva más de 20 años eludiendo su ingreso al SEIA. La empresa de Horst Paulmann hasta último minuto intentó zafar de cumplir de ley, pero finalmente tanto la SMA como el SEA, tres años después de presentada la denuncia, establecieron la elusión y esperamos que pronto Cencosud sea obligada a someterse al cumplimiento de la ley. Este caso también es parte de la denuncia de 2018 realizada por la concejala Gisela Vila. A propósito, el resto de los concejales qué motivos tendrán para mantenerse mudos, por lo tanto, no ejerciendo sus roles de funcionarios públicos.

La tramitación de los procedimientos de requerimiento de ingreso de cuatro de los cinco centros logísticos de BSF y del centro de distribución de Cencosud puede ser revisada por los interesados en el sitio https://snifa.sma.gob.cl/RequerimientoIngreso buscando los casos de Pudahuel.

Requerir el ingreso de un proyecto que ha eludido el SEIA es una medida correctiva ordenada por la SMA en el marco de sus facultades de fiscalización, y que se adopta a través del inicio de un procedimiento administrativo especial, el cual no obsta ni impide el posterior inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental, para efectos de imponer las sanciones que correspondan por los incumplimientos normativos incurridos por un titular, en atención al lapso de tiempo en que ejecutó irregularmente su actividad.

Lo anterior, ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República en el Dictamen N°18602 de 2017 al señalar que “(…) es menester puntualizar que la circunstancia que el titular someta voluntariamente su proyecto o actividad al SEIA después de iniciada su ejecución, es sin perjuicio de la sanción que la SMA pueda imponerle con arreglo al artículo 35, letra b), de su ley orgánica, como también de la responsabilidad por daño ambiental que haya podido originarse a su respecto a causa de tal ejecución irregular”.

La SMA, según el artículo 38 de la ley Nº 20.417, puede sancionar a BSF y a Cencosud con multas de hasta 10.000 UTA o bien clausurar temporal o definitivamente sus instalaciones en Pudahuel. Del análisis del documento “Bases metodológicas para la determinación de sanciones ambientales” queda claro, según nuestro parecer, que las infracciones cometidas son gravísimas dado el tiempo durante el cual se eludió el SEIA y por lo tanto merecen esas sanciones, las máximas que permite nuestro ordenamiento.

Numerosas empresas arriendan bodegas a BSF en sus instalaciones ubicadas en Pudahuel y en el centro logístico Puerto Madero, una de ellas, Explonum Ltda., almacenaba y manipulaba explosivos que en marzo de 2020 causaron un accidente y la muerte de cuatro personas, además de cuantiosos daños a terceros vecinos de la bodega de Explonum. Si BSF se hubiese sometido a tiempo al SEIA eventualmente ese accidente no habría ocurrido porque la misma, como titular del proyecto, habría estado sometida al cumplimiento de diversas normas y a actividades de seguimiento y fiscalización de parte de las autoridades competentes.

En cambio, BSF funcionó y funciona hasta hoy en Pudahuel sin que nadie sepa lo que se almacena y manipula en esos gigantescos centros logísticos. ¿Qué pensarán los clientes de BSF sobre esta situación y la eventual clausura?, ¿habrán preguntado si BSF tenía todas las autorizaciones pertinentes antes de arrendar? (Ver detalle del accidente).

Debemos señalar en todo caso que fiscalizar lo que ocurre en esas instalaciones de BSF requiere literalmente un ejército de personas puesto que sus recintos ocupan unas cuantas decenas de hectáreas e infinidad de empresas operan en cada uno, arrendando bodegas de 25 hasta 30.000 m2. Uno de los centros logísticos más grandes, BSF La Farfana, se proyecta con 500.000 m2 de bodegas, el más grande de Sudamérica; pero sin tener la autorización ambiental que se exige en nuestro país. En resumen, muy mal la SMA al no cumplir oportunamente su única función, pero valoramos que, aunque sea muy extemporáneamente, la empresa BSF intente cumplir la ley.

Dejamos en claro que este columnista, desde hace muchos años. está denunciando majaderamente en los medios democráticos y en la Contraloría este tipo tropelías, nunca desmentidas por aquellos agentes públicos que acusamos, lo cual es demostrativo de que cuentan con el apoyo irrestricto del poder político.

Por lo relatado, estamos seguros que el ingeniero Marcelo Mena y el arquitecto Genaro Cuadros, asesores en esta materia del presidente electo Gabriel Boric, a partir del 11 de marzo, adoptarán las decisiones necesarias para que la institucionalidad ambiental -SEA y SMA- como resultado de una profunda reingeniería empiece a funcionar correctamente, pues en Chile llevamos mucho tiempo viviendo de apariencias de cumplimiento de las funciones que la ley les asigna a esas instituciones.