¿Cómo lograrán cumplir las metas de vivienda que proponen ambos candidatos?

Como ha sido una constante en los últimos decenios, la distribución del gasto público tanto para el área de la Salud como la Educación son prioritarios en términos de necesidad país. Y que bien merecen que el Estado destine importantes recursos para cubrir sus eternas deficiencias y lograr mejoras graduales.

El aserto anterior lleva a preguntarse, ¿qué lugar ocupa o cuánto se debe destinar para resolver la urgente necesidad de acceder a la vivienda que hoy afecta a más de 550 mil familias, déficit habitacional que se arrastra desde hace más de una década pese a los esfuerzos de las distintas administraciones?

Desde mi entender, en las actuales circunstancias el sector Vivienda debiera estar entre los primeros de la lista de mayor asignación de recursos, por lo siguiente:

Si consideramos que en todo el país existen más de 2 millones de personas entre niños, adultos y ancianos que viven en condición de allegados sumadas a otras 300 mil que habitan en campamentos y, por consecuencia, para ambos casos sin los mínimos estándares de confort, expuestos al hacinamiento, sin acceso o muy limitado a los servicios básicos, y otras carencias elementales para una convivencia y vida digna grupal o familiar, no es difícil inferir que este segmento está brutalmente expuesto, por un lado, a sufrir variadas enfermedades y, por otro, a alejarse de hábitos relacionados con la educación. Agréguese la derivada delicuencial, drogadicción y otras de alto impacto social en poblados de alta densidad cuyo costo y efecto directo lo deberá absorber el Estado.

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Entonces, es dable deducir que, al disponer y habitar en una vivienda, sus miembros estarán menos expuestos a enfermedades y podrán desarrollar mejor los hábitos educacionales y de adaptación a la sociedad. En suma, invertir en vivienda produce un impacto favorable significativo en lo económico y social.

En el contexto descrito y si la nueva administración decide invertir mayores recursos para el sector vivienda surge la pregunta ¿Cómo lo harán para atacar el déficit y reducirlo, considerando que los compromisos de ambos candidatos triplican (Boric) y cuadruplican (Kast) los promedios en materia de viviendas entregadas de la última década?

Si partimos de la premisa que actualmente y en las últimas 4 administraciones se han estado aplicando los mismos programas para sectores vulnerables (DS 49 Vivienda y Urbanismo) y sectores medios e integración social (DS19 y DS 01 Vivienda y Urbanismo) con introducción de modificaciones no estructurales consistentes básicamente en ajustar al alza los montos de subsidios y mejorar los estándares constructivos, donde los promedios de viviendas anual entregadas no superan las 20 mil por año para el caso de soluciones habitacionales destinados a grupos vulnerables y de algo más de 36 mil soluciones habitacionales promedio anual para grupos medios y emergentes, resulta difícil entender cómo se podrán cumplir esos compromisos de metas de no mediar cambios estructurales que debieran hacerse en los primeros 6 meses de gobierno.

Cabe señalar, que los últimos 20 años el déficit habitacional cuantitativos (construcción de viviendas nuevas) estuvo estable en torno a 500.000 unidades, hoy en día se mueve entre esa cifra y 600.000 unidades. Luego, se desprende que realmente eliminar totalmente dichos déficits en un próximo gobierno de 4 años, implicarían al menos triplicar la producción de soluciones habitacionales anualmente.

Al efecto, se estima que es posible cumplir en gran parte esas metas sí y solo sí se implementen medidas de shock en términos de modificar, flexibilizar y ajustar los marcos normativos vigentes tanto en el plano de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) y de los Decretos que norman los respectivos programas habitacionales. Esto quiere decir que no basta sólo con inyectar más recursos monetarios cuantitativos al sistema, o incluso ajustar los parámetros de precios per-cápita reglamentados a proyectos de vivienda social, sino que es necesario flexibilizar aspectos cualitativos y normativos. Ambos de competencia del propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y por lo tanto no requieren ley como sí resulta para lo referente a servicios sanitarios y el valor de las viviendas sociales que también deberán modificarse. Lógicamente, todo esto en un plazo no superior a los primeros 6 meses de asumida la nueva administración.

Dicho todo lo anterior, respecto de los contenidos en los Programas Habitacionales de cada candidato, ¿cuáles son las preguntas que surgen de todo lo planteado?

¿Es posible triplicar los desempeños observados a la fecha en cuanto a la producción de soluciones habitacionales al año? ¿El sistema está preparado para ese desafío? ¿Son realistas los planteamientos esbozados en cada programa y en qué medida?

Se estima que es factible. Siempre y cuando y solo en la medida que se privilegie un tratamiento de extrema urgencia tal cual se actúa frente a una catástrofe natural que permita mediante la reducción de la burocracia, darle una velocidad promedio entre las postulaciones y las entregas de las viviendas a los beneficiarios en un plazo que no supere los 3 años. Hasta hoy el promedio se sitúa entre los 6 años a 8 años.

De partida, y en específico para los sectores vulnerables (DS 49), el foco principal debe centrarse en la modificación de la OGUC con excepciones y exenciones en todo lo relacionado con requisitos, características y condiciones que deben cumplir las viviendas sociales y económicas así como también el ámbito de competencias de los planes reguladores y sus excepciones, que permita a las Direcciones de Obras (DOM) otorgar permisos de obras y recepciones de estas en tiempos prudentes conforme la urgencia de los proyectos.

Hay una serie de otras iniciativas profusamente indicadas, pero nunca llevadas a la práctica y que obviamente en su conjunto apuntan al mismo objetivo. La principal, relacionada al acceso a valor fiscal de terrenos públicos como EFE, FFAA y Bienes Nacionales.

Finalmente y dada la gran cantidad de teoría desde el mundo académico, de especialistas y expertos del sector público como privado que aparecen en tiempos de elecciones, sin que se logren avances estructurales en materia de vivienda social, la sugerencia es no caer en llegar a “inventar la rueda”, o a modificar los programas existentes complejizándolos cada vez más cuando lo que se requiere es desburocratizar, simplificar los procesos y centrarse entonces en lo ya antes expuesto: ajustar una normativa a los programas habitacionales y de la ordenanza coherente con la urgencia. Y con voluntad política se puede.

El próximo presidente de la Nación tiene la misión y la obligación de dar solución a este drama que azota a más de 2 millones de personas en nuestro país.