Cámara rechazó el informe de comisión mixta del proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales
Ante el hecho, la norma constitucional habilita al Presidente de la República a pedir a la Corporación que se pronuncie sobre si insiste, por los dos tercios de sus miembros presentes, en el proyecto que aprobó en el primer trámite. De verificarse dicho hecho, podrá pasar nuevamente al Senado que, para reprobarlo, deberá concurrir con el voto negativo de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
El monto máximo de retiro que se proponía era de 150 UF y el mínimo de 35 UF. Si el 10% del monto acumulado era menor a 35 UF, se planteaba retirar hasta dicho margen.
A su vez, se permitía a quienes cuenten con diagnósticos y tratamientos de alto costo (Leyes 20.850 y 19.779) retirar el total de los montos acumulados. El monto máximo era de 1.350 UF y exigía un certificado emitido por un médico especialista.
El texto rechazado también explicitaba que los fondos retirados no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal. De tal modo, planteaba que se paguen en forma íntegra y no estén afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las AFP.
La iniciativa exponía que los afiliados solicitaran este retiro hasta el 31 de diciembre de 2022. Para ello podían efectuar la solicitud en una plataforma con soporte digital, telefónico y presencial disponible por las administradoras.
Además, se disponía que los recursos se deriven, automáticamente, a la “Cuenta 2”, sin comisión de administración, ni costo de seguros. Como alternativa se proponía derivarlos a una cuenta bancaria o de instituciones financieras y cajas de compensación, según lo determinara el afiliado.
Por otra parte, determinaba que estos retiros sean compatibles con otras medidas de apoyo o ayuda de origen estatal relativos a la pandemia. Asimismo, se regulaban las reglas a aplicar para recibir los pagos respectivos.
En el caso de tener el solicitante deudas originadas por obligaciones alimentarias, se postulaba en el informe que el juzgado de Familia competente autorizara al alimentario, de oficio o, a petición de este, de su representante legal o curador ad litem, a subrogarse en los derechos del alimentante moroso para realizar la solicitud de retiro de fondos previsionales. En este caso, se podía apelar hasta por la totalidad de la deuda.
El texto regulaba el evento de que existan varios alimentarios en distintas causas y la forma de distribución de los recursos. Asimismo, detallaba los procedimientos judiciales y administrativos para las partes, así como los plazos para ello.
La propuesta también consideraba la situación de los pensionados por rentas vitalicias. Para ellos/as se planteaba un derecho a un anticipo de cargo fiscal, por una sola vez. Este sería por hasta un monto equivalente al 10% del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga la compañía de seguros para cubrir el pago de la pensión del afiliado bajo esta modalidad. El tope era de 100UF.
Para dicha situación, la iniciativa fijaba procedimientos, límites del monto, plazos y requerimientos. Junto a ello, se presentaban obligaciones para el Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, para la regulación y ejecución del beneficio.
Adicionalmente, se esclarecía la situación de las autorizaciones de anticipo efectuadas anteriormente para la modalidad de renta vitalicia. En este plano, se determinaba que, cancelado el monto del anticipo, el afiliado volvería a percibir la mensualidad pactada.
Otras normas
La iniciativa definía algunas excepciones para acceder a este beneficio. Igualmente, permitía aumentar a un 11% la cotización obligatoria por un periodo mínimo de un año.
Además, se dejaba abierta la posibilidad que los afiliados que hicieron uso del retiro recibieran un aporte fiscal a la cuenta individual, por cada año en que se postergara la pensión.
