Elecciones en Nicaragua: los candidatos que nunca fueron…
Entre los ausentes se destacan Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, acusados de "traición a la patria" por presuntamente ser financiados por organismos críticos al Gobierno sandinista.
Por Tomás Lobo
La detención de varios candidatos opositores acusados de corrupción y otros delitos, así como la anulación del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) le valió su buena dosis de críticas al actual proceso electoral en Nicaragua.
Varios organismos internacionales comenzaron a cuestionar la legitimidad de estos comicios tras una serie de arrestos entre los principales rivales del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, que el próximo domingo se perfilan como favoritos para la reelección.
Entre los ausentes se destacan Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, acusados de «traición a la patria» por presuntamente ser financiados por organismos críticos al Gobierno sandinista.
Cristiana Chamorro -hija de la exmandataria Violeta Barrios (1990-1997), quien derrotó en las urnas a Ortega en 1990- era la figura de la oposición con más probabilidad de ganar las elecciones, según sondeos preliminares.
Tanto ella como su hermano Juan Sebastián son cuestionados por los fondos que percibieron para la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, a la cual las autoridades locales acusan de generar un clima de desestabilización y de responder a intereses de foráneos.
De hecho, Ortega acusó a todos los precandidatos detenidos de estar «al servicio de los yanquis» (Estados Unidos) y de organizar y dirigir las protestas antigubernamentales de 2018, calificadas por el oficialismo de intentona golpista.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó ampliar las medidas provisionales para proteger los derechos de al menos 15 líderes opositores y sus familiares, por considerar que viven en condiciones de extrema gravedad.
La CIDH alega que los imputados carecen de las garantías mínimas de un debido proceso, y varios permanecen incomunicados, lo cual les ha privado también de participar, aunque sea de manera indirecta, en todo el proceso previo a los comicios del 7 de noviembre próximo.
«PALOMAS DE BASÍLICAS»
Al pronunciamiento de la CIDH y los vertidos por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Gobierno de Nicaragua replicó que los procesados no son tan inocentes como alegan sus defensores, entre ellos, activistas y medios comprometidos con los derechos ciudadanos.
«No son palomas de basílicas las que hoy enfrentan el peso de las leyes, son instigadores, asesinos y destructores», aseveró el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, como se autoproclamó el Ejecutivo tras los incidentes violentos de 2018, para encarar una especie de diálogo sanador.
La administración sandinista negó que los detenidos, en particular quienes aspiraban a la presidencia de la República, estuvieran tras las rejas por sus opiniones políticas.
«Los que están siendo objeto de procesos legales son agentes extranjeros, identificados plenamente en nóminas de gobiernos extranjeros, que usando las estructuras de instituciones privadas internaron millones de dólares para destruir, matar, quebrar la economía y subvertir el orden constitucional», alegó el Ejecutivo nicaragüense.
PRESIONES INTERNACIONALES
Pero los argumentos del sandinismo no convencen a todos…
Además de la OEA, la Unión Europea también le exige a Managua «elecciones, libres, competitivas y transparentes», de lo cual se infiera que no creen que estos comicios cumplan con tales pautas.
En su reciente paso por Lima, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó que estas elecciones serán un «fake» (farsa), porque Ortega encarceló «a todos los contendientes».
A su vez, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó que la cancelación de CxL y otras formaciones opositoras, despojadas de su personalidad jurídica, contravienen los principios de unas «elecciones libres y justas».
A lo interno, la Conferencia Episcopal de Nicaragua denunció la falta de garantías democráticas en estos comicios, con los principales aspirantes presidenciales presos, el tribunal electoral controlado por Ortega y presuntas irregularidades que deslegitiman el proceso.
El observatorio internacional Human Rights Watch (HRW) expresó además su preocupación por las denuncias de detenciones arbitrarias, falta de independencia judicial, así como violaciones a la libertad de prensa y expresión, y de los derechos políticos, humanos y ciudadanos.
A pocos días de los comicios, los cuestionamientos no se detienen, pero tampoco la maquinaria electoral en Nicaragua, donde los sondeos más recientes anuncian un nuevo triunfo, inobjetable por demás, del Frente Sandinista y su eterna fórmula: Ortega y Murillo. (Sputnik)
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