Asociación Nacional de Fiscales repudia allanamiento a sede de Comunes
La entidad señala que la actuación de Carabineros "fue poco criteriosa en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza, al porte de armas de fuego de alto poder, y la difusión coetánea de esta diligencia, afectando el principio legal de reserva o secreto y la dignidad de las personas involucradas".
Tras la cuestionada forma en que Carabineros realizó ayer la diligencia de allanamiento del domicilio del Partido Comunes, a raíz de una orden judicial, la asociación de Fiscales del Ministerio Público emitió una declaración en la que repudia «absolutamente» lo sucedido, y además, hace presente que en diversas oportunidades ha planteado la necesidad de realizar modificaciones legales para aumentar y fortalecer los controles funcionales del Ministerio Público hacia las policías, con la finalidad precisamente de evitar actuaciones como la ocurrida, y así poder garantizar el pleno respeto de los DDHH y garantías constitucionales.
Los fiscales señalan que si bien la constitución y las leyes le entregan a ellos la dirección de las investigaciones de eventuales delitos, cada vez que se requiere ejecutar alguna diligencia que vulnere o violente los derechos de alguna persona, es indispensable que «un juez de la República lo autorice. En este caso, se trató de una diligencia autorizada judicialmente para encontrar y preservar medios de prueba en una investigación en curso de alta relevancia para el país».
«Los fiscales no contamos con policía propia, debiendo por tanto instruir a alguna de las policías para que ejecute dicha orden judicial. En este caso, se encomendó la diligencia a carabineros de Chile, impresionando las imágenes poco criteriosas en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza, al porte de armas de fuego de alto poder, y la difusión coetánea de esta diligencia, afectando el principio legal de reserva o secreto y la dignidad de las personas involucradas», añade la declaración.
Dicen, además, desconocer quién, vulnerando la obligación legal de reserva de la investigación, filtró la realización de esta diligencia, «cuestión que es completamente improcedente, no solo por poner en riesgo la eficacia de esta diligencia intrusiva, sino que además implica una afectación innecesaria a los derechos de quienes están siendo investigados, cuestión absolutamente inaceptable en un estado democrático de derecho».
