Para combatir la corrupción hay que querellarse

El domingo 31 de octubre se iniciaron en Glasgow, Escocia, las sesiones de la COP 26 con la presencia de 120 lideres mundiales, instancia que tiene como propósito limitar el calentamiento en la tierra. Ahí estaba la delegación oficial del gobierno de Chile, país en donde las leyes del medio ambiente permanentemente se violan para facilitar las inversiones y como hay que demostrar esta acusación, a continuación, describiremos 2 casos obscenos relativamente conocidos gracias a la libertad de prensa de algunos medios de comunicación.

Especuladores destruyen áreas protegidas por el Estado

Cuatro empresas mercantiles que todo lo miden por las plusvalías que obtendrán con la explotación comercial del recurso suelo rural en la zona oriente de la región metropolitana de Santiago iniciaron obras de construcción de proyectos inmobiliarios en unos cuantos miles de hectáreas en las comunas de Lo Barnechea y Colina, sin permisos de nadie, aunque sí valiéndose de oficios truchos de algunos servicios públicos.

Sus iniciativas se ejecutan en áreas de preservación ecológica del Plan Regulador Metropolitana de Santiago (PRMS) en las cuales no se admiten las subdivisiones prediales y los proyectos permitidos son solo aquellos que respetan la naturaleza. Es más, el artículo 8.3.1.1 del mencionado instrumento normativo no permite la construcción de viviendas y por ello en el pasado reciente el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en algunos casos detectados por fiscalizaciones ciudadanas ha interpuesto acciones en la justicia con sentencias favorables por parte de la Corte Suprema.

El negocio en la comuna de Lo Barnechea se llama Chaguay, cuyo titular es la inmobiliaria EBCO de los empresarios Hernán Bosomi y Germán Eguiguren, quienes astutamente para viabilizar su proyecto contrataron como lobbysta al ex parlamentario y ex ministro Pable Longueira, pues con los contactos de éste en las altas esferas del poder la tramitación sería fácil. Para manejar los asuntos técnicos contrataron al arquitecto Francisco Baranda, quien se desempeñó por muchos años en el ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y por lo tanto, suponían los inversionistas, él iba a solucionar los aspectos que impone la burocracia.

Los proyectos inmobiliarios en la comuna de Colina se llaman Mirador Pie Andino, de Diego Errázuriz y Juan Pablo Délano, hijos respectivamente del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y de Carlos Alberto Délano, el empresario top que ya asistió a clases de ética en una universidad privada. Los otros 2 proyectos se denominan La Cumbre Oriente y Hacienda Guay Guay.

Como las instituciones administrativas, Minvu, Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), todos los servicios dependientes del Ministerio de Agricultura, que debieron intervenir por el daño ambiental que estaban ocasionando estas 4 empresas, brillaban por sus ausencias, fue necesario solicitarle al CDE que ejerciera su rol cautelando el interés fiscal y en tal sentido, con fecha 26 de octubre recién pasado, le enviamos una presentación a su presidente y a todos sus consejeros (VER)

Este columnista está seguro que la mayoría de los consejeros del CDE adoptarán la sana decisión de ir a la justicia, persiguiendo las responsabilidades penales de las aludidas 4 empresas, tal como lo indica el artículo 54 de la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.

Sagaces inversionistas inmobiliarios en la comuna de Estación Central

Mientras Rodrigo Delgado era alcalde de Estación Central, la opinión pública supo de la existencia de más de 70 permisos de edificación cursados ilegalmente entre los años 2013 y 2018 por el director de obras municipales (DOM) a diferentes constructoras que levantaron torres habitacionales de entre 25 y 40 pisos, a pesar de que no se podían edificar por una perentoria instrucción del año 2007 firmada por el arquitecto Luis Eduardo Bresciani, jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu. Estas invasivas torres tienen entre 400 y 900 departamentos de 25 a 30 m2 c/u, acogidos a los innumerables beneficios tributarios del DFL2, cuyos propietarios en un alto porcentaje se los arriendan a personas extranjeras y nacionales.

La prensa denomina a estas moles como guetos verticales y a raíz de denuncias formuladas por asociaciones de vecinos de esa comuna, el Minvu los declaró como contrarios a derecho, lo que fue confirmado por distintos dictámenes de la Contraloría General de la República, ente fiscalizador que ordenó a ese municipio para que se paralizaran sus obras, se iniciaran las invalidaciones de esos actos administrativos y se instruyeran los sumarios respectivos, para que se determinaran las responsabilidades funcionarias.

A pesar de que todas esas edificaciones, por tener más de 300 viviendas, debían someterse obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), muchas de ellas no lo hicieron, violando entonces el artículo 10° de la ley respectiva y lo que es más grave, la DOM no notificó la emisión de los permisos a las Juntas de Vecinos de los sectores en donde los proyectos se emplazan, ni tampoco al Concejo Municipal, tal como lo ordena con suma claridad la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).

Algunos de esos edificios ilegales cuentan con recepciones finales de obras, para que así fueran habitados sus diminutos departamentos y como estamos ante evidentes hechos ilegales consumados de los miles que existen en nuestro país, tuvieron que ser 6 ciudadanos informados que combaten la corrupción, los que interpusieron una querella en el juzgado de garantía de Santiago por el delito de prevaricación administrativa, causa que ahora está radicada en la Fiscalía Centro Norte (VER).

Obviamente, tuvieron que ser esos 6 ciudadanos los que presentaron la querella, pues ningún órgano público, en total conocimiento del delito señalado, tuvo las agallas para evitar la lacra de la impunidad.