Oposición ratifica acusación constitucional contra Piñera tras publicación de Pandora Papers
El gobierno, a través del vocero Jaime Belollio, señaló que se trata de una acusación infundada y que se establece a partir de una mentira. "No hay irregularidad ni delito, señaló el ministro".
Los partidos de oposición acordaron hoy iniciar un proceso de acusación constitucional buscando destituir al presidente Sebastián Piñera, tras la publicación de los Pandora Papers que reveló negocios del mandatario en paraísos fiscales.
«Las diversas fuerzas políticas de oposición hemos acordado la presentación de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera bajo dos fundamentos: infringir abiertamente el principio de probidad y haber comprometido gravemente el honor de la patria», informó en conferencia de prensa el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo.
El parlamentario, quien hizo de vocero tras una reunión en la que participaron líderes de todos los partidos de oposición, explicó que la idea es presentar lo antes posible el libelo para que pueda ser votado en el Congreso antes del 21 de noviembre, día de las próximas elecciones presidenciales.
Entregaron su apoyo parlamentarios de izquierda de los partidos: Federación Regionalista Verde Social, Partido Comunista, el bloque de partidos Frente Amplio, y los de centroizquierda, Partido Socialista, Democracia Cristiana, Partido por la Democracia, bloque Nuevo Trato y Partido Humanista.
Este fin de semana el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) publicó una investigación denominada Pandora Papers en que se acusa a distintos líderes mundiales de esconder sus fortunas para no pagar impuestos en sus respectivos países.
En ella se demostró que en 2010, mientras ejercía su primer mandato (2010-2014). las empresas de Piñera vendieron la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las Islas Vírgenes Británicas.
Las empresas del presidente vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario, quien además estuvo involucrado en un caso de financiamiento ilegal de la política.
La investigación reveló que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del mismo presidente de la República.
El gobierno, a través del vocero Jaime Belollio, señaló que se trata de una acusación infundada y que se establece a partir de una mentira. «No hay irregularidad ni delito, señaló el ministro». (Sputnik)
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