Gobierno italiano «está reflexionando» decretar disolución del partido neofascista Forza Nuova

El primer ministro italiano, Mario Draghi, aseguró hoy que el Gobierno «está reflexionando» la posibilidad de decretar la disolución del partido neofascista Forza Nuova, tras los disturbios originados el fin de semana en una marcha de sectores ultraderechistas y antivacunas.

«El tema tiene nuestra atención y la de los magistrados, que están formalizando sus conclusiones. Estamos reflexionando», planteó hoy Draghi en conferencia de prensa al ser consultado por la posibilidad de disolver al grupo que fue protagonista de los disturbios por los que manifestantes quisieron tomar la sede del Gobierno en Roma y atacaron un local sindical.

Tras los disturbios, la Justicia de la capital italiana abrió una investigación por terrorismo contra dos exponentes del grupo ultraderechista que fueron encarcelados, así como otra línea investigativa sobre el intento de ataque al edificio gubernamental Palacio Chigi por la que cuatro personas continúan detenidas.

La manifestación, que tuvo epicentro en la Piazza del Popolo del centro romano, congregó a grupos antivacunas y contrarios a la obligatoriedad del pase verde, a los que se sumaron grupos neofascistas, a una semana de las elecciones que el domingo 17 y lunes 18 definirán al próximo alcalde de la «ciudad eterna» en un balotaje entre el candidato de centroderecha Enrico Michetti y el de centroizquierda Roberto Gualtieri.

Mientras fuerzas que componen el Ejecutivo nacional como Italia Viva o el PD ya anunciaron su intención de pedir la «disolución» de Forza Nuova, el presidente Sergio Mattarella pidió al país mantener la calma ante los hechos que consideró «limitados».

«El disgusto fue fuerte, la preocupación no. Se trató de fenómenos limitados que despertaron una muy fuerte reacción de la opinión pública», planteó Mattarella a última hora del lunes desde Berlín, durante una vista oficial.

Mientras el Gobierno evalúa las vías para una posible disolución del grupo neofacista, la Policía postal italiana, encargada de la vigilancia del ciberespacio, bloqueó a última hora del lunes la web del grupo ultraderechista como parte de la investigación por «instigación a delinquir» que lleva adelante la Justicia.

El sustento legal de la posible disolución de FN es el artículo 12 de la Constitución, que prohíbe la reconstrucción del Partido Fascista y ya tuvo antecedentes, por la vía judicial, con las disoluciones de los partidos neofascistas Ordine Nuovo y Avanguardia nazionale.

Forza Nuova es un partido de ultraderecha neofascista creado en 1997 y su programa prevé, entre otros puntos, la prohibición del aborto, acabar con la inmigración y la abolición de leyes contra la incitación al odio por razones políticas, de raza o religión.

En ninguno de los comicios a los que se presentó, solo o en coalición, logró alcanzar el 0,5% de los votos.

«Tendremos tolerancia cero contra estos grupos y contra cualquiera que quiera cometer actos similares en el futuro», había planteado hoy la ministra de Igualdad de Oportunidades Elena Bonetti en declaraciones televisivas.

En la misma línea, el secretario general del también oficialista Partido Democrático (PD), Enrico Letta, pidió que «el premier Draghi disuelva Forza Nuova», en declaraciones de hoy al diario La Stampa.

Según informa hoy el diario Repubblica, los colectivos antivacunas continúan activos en grupos de la aplicación Telegram, «con más de 30.000 inscriptos» y preparan nuevas manifestaciones violentas en la capital.

Este martes, representantes de la centroizquierda buscan que se trate en el Parlamento una moción de apoyo a la posible disolución de Forza Nuova, adelantó Bonetti.

Desde la fuerza centroderechista Hermanos de Italia, en tanto, el diputado Fabio Rampelli anunció que su partido es «favorable» a apoyar la disolución.

El sábado, cientos de personas se enfrentaron a la policía en el centro de la capital italiana y causaron graves desperfectos a la sede de la CGIL, la principal confederación sindical del país en el marco de una protesta contra el pasaporte sanitario que permite el ingreso a lugares públicos a personas vacunadas contra el coronavirus o testeadas recientemente. Ayer, el premier Mario Draghi visitó la sede sindical como forma de apoyo tras el ataque del sábado.

Según el diputado del PD y constitucionalista Stefano Ceccanti, la disolución «se puede hacer a través de una sentencia judicial o por decreto, en una opción para casos de emergencia «inmediata», aunque esa alternativa nunca fue usada en el país.

Desde el Ministerio del Interior, en tanto, el Gobierno planteó su intención de mandar «señales fuertes» contra los grupos neofascistas, según la cadena pública RAI, en especial en vista de la cumbre de jefes y jefas de Estado y de Gobierno de los países del G20 prevista par el 30 y 31 de octubre en Roma.(Télam)