Contraloría detecta irregularidades graves en millonaria licitación de la Subsecretaría de Prevención del delito

Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó irregularidades en una millonaria licitación para la adquisición de un  sistema de cámaras corporales realizada por la subsecretaría de Prevención del delito para Carabineros cuando estaba encabezada por la hoy vocera del comando de Sebastián Sichel, Katherine Martorell.

El negocio que favoreció a la empresa Motorola Solutions Chile, visado por la entonces subsecretaria, se realizó en 2020 y está siendo indagado por la Fiscalía Centro Norte.

Se trató de un contrato de alrededor de 400 millones de pesos y,  según la auditoría, los productos de la empresa que ganó la licitación no cumplían con alguno de los requisitos estipulados en las bases, por lo que los hechos que podrían revestir carácter de delito.

La ex subsecretaria salió al cruce a las acusaciones, señaló que se estaban subsanando los problemas administrativos y anunció que se querellará, luego que finalice la acción de la Justicia, contra la empresa que denunció las irregularidades en la millonaria licitación.

En el informe se detalla que la Subsecretaría de Prevención de Delito aceptó 5 ofertas presentadas en la licitación pública sobre “Adquisición de Sistema de Cámaras Corporales” y que la adjudicó a Motorola por una suma de $378.896.000. Los auditores cuestionaron que se aceptó su oferta pese a que la firma “ingresó en el portal de Mercado Público fuera del horario de recepción establecido (…) esto es con posterioridad a las 16:00 horas del día 28 de febrero de 2020″.

«Se estableció que las cámaras ofertadas por Motorola -Edesix VB-400- no disponían del mecanismo requerido de ‘post grabado’ a la data de adjudicación, esto es el 11 de marzo de 2020″, señala el informe de la CGR, el que acusa de que la comisión evaluadora le dio 100 puntos a Motorola por “presentar la totalidad de los antecedentes requeridas al momento de la apertura de la oferta”, pese que no había entregado el total de la documentación por lo que no le correspondía tal puntaje.

El ente fiscalizador dice que “se verificó que no existe evidencia que al momento de la entrega de las cámaras por parte de la empresa Motorola a la Subsecretaría, estos equipos hayan cumplido con todos los requisitos exigidos en las bases de estudio, en particular, respecto del citado mecanismo de ‘post recording de 120 segudos’. En virtud de lo cual la entidad fiscalizadora deberá recabar los antecedentes necesarios que le permitan certificar que las cámaras de video recibidas el 27 de abril de 2020 contaban con esa funcionalidad y en caso contrario determinar la eventual aplicación de multa”.

Junto con enviar los antecedentes al Ministerio Público, la Contraloría determinó “instruir un procedimiento disciplinario, con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas con las materias indicadas”.

Gabriel Ascencio, el diputado que solicitó la investigación a la Contraloría, sostuvo que “la señora Martorell se saltó todos los principios rectores de cualquier licitación. Más que asegurar equipamiento para Carabineros, aquí estaban asegurando el negocio de algunos amigos. Son $378 millones asignados a una empresa en contravención de todas las normas de los principios de licitación, incluso las que establecía la propia licitación. Espero en las próximas horas, enviar estos antecedentes a la Fiscalía centro. Entiendo que perfectamente se puede incorporar a una investigación penal con objeto de dejar claramente establecido las responsabilidades de Martorell y del resto de los que participaron en esta licitación trucha”, señaló La Tercera.