Caso Luminarias: Juzgado de Garantía de San Carlos se declara incompetente y remite causa a Santiago
"Los hechos se vinculan a una política efectuada interiormente en el Ministerio de Energía desde el año 2016, lo que claramente da competencia a ese tribunal para conocimiento de los hechos”, sostuvo el magistrado Santibáñez Torres.
El Juzgado de Garantía de San Carlos acogió hoy la solicitud del Ministerio Público y se declaró incompetente para seguir tramitando la causa abierta por la eventual comisión de delitos en el proceso de licitación de recambio de luminarias led del alumbrado público de la comuna de Chillán.
En audiencia de declaración de incompetencia, el magistrado Iván Santibáñez Torres acogió los argumentos argüidos por el ente persecutor, en orden a que el principio de ejecución de los ilícitos corresponde al territorio jurisdiccional del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
“En definitiva se remiten los antecedentes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, teniendo en consideración lo establecido en los artículos 157 y 159 del Código Orgánico de Tribunales, que establece como tribunal competente en el cual se ha dado principio de ejecución a los ilícitos de la presente causa. En ese contexto, y de la forma en que se ha presentado por parte del Ministerio Público la secuencia de los hechos, estos tendrían como principio de ejecución la ciudad de Santiago, en territorio jurisdiccional del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, toda vez que los hechos se vinculan a una política efectuada interiormente en el Ministerio de Energía desde el año 2016, lo que claramente da competencia a ese tribunal para conocimiento de los hechos”, sostuvo el magistrado Santibáñez Torres.
En la causa, se encuentran en calidad de imputados el juez de Policía Local de Pemuco, Marcelo Campos Henríquez, sindicado como autor de los delitos de cohecho y violación de secretos; el exadministrador de la Municipalidad de Chillán, Ricardo Vallejos Palacios, como autor del delito de cohecho; el dueño y gerente de la empresa Itelecom Holding Chile SpA, Marcelo Lefort Hernández; los ejecutivos de la empresa Pedro Guerra Guerrero, Leonardo Bustos Abarzúa y Ricardo Rodríguez Bizama, además del empresario George André Latrille Hucke, imputados por el Ministerio Público como autores de delitos de soborno.
Según el ente persecutor, mediante una investigación que incluyó la interceptación de teléfonos y seguimientos, se logró detectar que entre 2016 y 2017, los imputados representantes de la empresa Itelecom, previamente concertados, decidieron como política de la empresa ofrecer sobornos a funcionarios públicos con el objeto de asegurar la adjudicación de licitaciones públicas vinculadas a la instalación de luminarias led en distintas comunas del país. Se acordó en particular pagar sobornos a través de operadores locales y que el monto de dichos sobornos fluctuaría entre el 5 por ciento y el 10 por ciento del valor de las licitaciones de corto plazo y un monto que fluctuaría entre los 5 mil y 20 mil pesos por luminaria instalada en las licitaciones a largo plazo. A partir de este esquema, surgió la necesidad de generar dinero en efectivo para la realización de los pagos irregulares.
De acuerdo a la investigación fiscal, desde 2017, la generación de efectivo se realizó a través de la empresa; sin embargo a partir de 2018, el imputado Lefort estableció como otra forma de generarlo la utilización de facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados por empresas, entre ellas GLH Ingeniería y Consultorías SpA, cuyo dueño es el imputado Latrille Hucke. De este modo, los imputados Lefort y Latrille a sabiendas que el dinero iba destinado a sobornos a funcionarios públicos, se concertaron para elaborar una operatoria de generación de dinero efectivo consistente en transferencias que se realizaban desde una de las empresas del grupo Itelecom a la empresa GLH por el pago de servicios no prestados y la emisión de facturas ideológicamente falsas. A través de esta operación liquidaban el dinero efectivo que era entregado por el imputado Latrille regularmente al imputado Bustos Abarzúa y, en algunas ocasiones, a Lefort Hernández.
En dicho contexto, Lefort Hernández contactó, además, en el primer semestre de 2019 y le ofreció dinero, a Marcelo Campos Henríquez y, por su intermedio, a Ricardo Vallejos Palacios, con la intención de favorecer a su empresa en proceso de licitación. Para lo cual Campos sostuvo reuniones con Lefort Hernández y Guerra Guerrero, las que, posteriormente, se tradujeron en la adjudicación irregular de la licitación de recambio de luminarias públicas de la ciudad de Chillán, a la empresa Itelecom por un monto de 3.200 millones de pesos.
