Vitacura y el triángulo del fraude

En menos de un mes, a los bullados casos de fraude en la Municipalidad de San Ramón y las acusaciones contra el ex director de la Policía de Investigaciones se suma ahora la falsificación de instrumento privado y malversación de caudales públicos en Vitacura.

Cuando en las organizaciones el control es mínimo y algunas autoridades se transforman en pilares del poder, se aplican malas prácticas en el interior de ellas a través de colusiones. Muchas veces, el control preventivo es tan simple que no requiere de tanta tecnología o de grandes sistemas. Basta revisar una rendición de cuentas con los respaldos correspondientes como facturas, boletas o comprobantes de pago.

Lamentablemente la Contraloría General de la República no puede fiscalizar a las corporaciones por su condición de derecho privado, pero sí puede hacerlo a las municipalidades, quienes traspasan dinero a las primeras.

Otra vez se instala el triángulo del fraude corporativo, un flagelo que muta permanentemente y que obedece a tres factores: en primer lugar, la presión o incentivo interno para cometer el fraude, es decir, desde la propia municipalidad, para obtener ingresos adicionales por operaciones camufladas. En segundo término, concurre la oportunidad percibida, donde existe un entorno favorable para cometer los actos pretendidos. Sin embargo, esta oportunidad se presenta cuando alguien tiene el acceso a la información para realizar sus irregulares acciones. Por último, se da la racionalización, entendida como que “el fin justifica los medios”, actitud equivocada de quienes cometen o planean un fraude, tratando de convencerse a sí mismos, consciente o inconscientemente, de que existen razones válidas que justifican su comportamiento impropio.

Las evaluaciones y seguimiento de procesos y de control interno deben ser permanentes, así como la incorporación de alertas tempranas en puntos críticos para evitar actos de corrupción y cohecho.

Hoy más que nunca se debe incorporar la auditoría forense como técnica preventiva del delito y no como detectora tardía en la lucha contra el fraude.