Queman pertenencias de migrantes venezolanos en Iquique al grito de «¡Fuera ilegales!»
El gobernador de región Tarapacá, José Miguel Carvajal, responsabilizó de la crisis migratoria al Gobierno del presidente Sebastián Piñera y criticó que ni él ni el alcalde de la ciudad fueran alertados del desalojo del viernes que alimentó el rechazo de una parte de la población.
Al grito de «¡Fuera ilegales!», unos 5.000 chilenos marcharon hoy contra la llegada de migrantes sin documentos en la ciudad de Iquique y algunos quemaron las pertenencias de un grupo de inmigrantes venezolanos, un día después del violento desalojo en una plaza de un campamento de recién llegados, que dejó un herido y 14 detenidos.
En un clima tenso y de hostilidad hacia los inmigrantes venezolanos, los manifestantes cantaron el himno de la ciudad y desfilaron unas 10 cuadras, desde el casco histórico de Iquique hasta la playa ubicada sobre el Pacífico, con banderas chilenas, con whipalas -símbolo multicolor de los pueblos originarios- y pancartas con consignas como «no más inmigración ilegal» y «Chile es una república que se respeta», reportó la Radio Cooperativa.
Al llegar a las costa, los carabineros tuvieron que controlar escaramuzas aisladas provocadas por residentes chilenos que se acercaron a agredir a venezolanos en situación de calle, quienes buscaban esconderse en otras zonas de este balneario para evitar a los manifestantes, según la agencia de noticias AFP.
Otros manifestantes radicales se dirigieron a un pequeño campamento de migrantes venezolanos -que no estaba sobre el recorrido de la marcha- y quemaron en una barricada sus pocas pertenencias: carpas, colchones, bolsos, frazadas, juguetes y hasta cochecitos de niños, mientras algunas personas chiflaban, hacían sonar sus cacerolas y coreaban «no más migrantes».
«Yo soy nacido, criado y malcriado en Iquique y siempre he vivido en esta zona del norte y esto que estamos viviendo es terrible porque el problema es que en Venezuela han abierto sus cárceles y parte de esa gente ha llegado a Chile», dijo un manifestante, al hacerse eco de un rumor falso.
«Lo peor es que este Gobierno ha dejado que esto crezca y los que han llegado no son refugiados políticos ni inmigrantes que aportan con su trabajo, aquí han llegado muchos delincuentes», agregó al lamentar, como muchos de los manifestantes, el aumento de los asentamientos que levantan inmigrantes con casas de cartón y chapa en las afueras de este puerto situado a casi 2.000 kilómetros de Santiago.
Otros manifestantes pedían a los más violentos que respetaran la acción pacífica, mientras en los restaurantes del casco histórico los meseros venezolanos y comensales chilenos veían desde lejos algo que calificaron como «triste».
«Ni todos los venezolanos roban ni todos los chilenos nos odian», comentaban en una mesa del café Francesco de la plaza Prat.
La marcha ocurre un día después del desalojo de un campamento en la plaza Brasil, donde desde hace un año pernoctaban los migrantes más pobres y sin papeles que no logran llegar a la capital chilena y sobreviven vendiendo dulces, pidiendo limosna o limpiando vidrios en los semáforos de la ciudad.
El gobernador de región Tarapacá, José Miguel Carvajal, responsabilizó de la crisis migratoria al Gobierno del presidente Sebastián Piñera y criticó que ni él ni el alcalde de la ciudad fueran alertados del desalojo del viernes que alimentó el rechazo de una parte de la población.
Carabineros explicó que tenían la orden de desalojar y recuperar el espacio público, pero no de reubicar a las personas.
«Las 100 familias en la plaza Brasil, hoy estaban deambulando en distintos espacios públicos; están reubicándose con amigos, cercanos, con los cuales se están yendo a alojar nuevamente con carpas a las playas de Iquique, y otros están movilizándose a tomas de Alto Hospicio», la zona industrial en las afueras de Iquique, expresó Carvajal.
La colectividad venezolana es la más numerosa en Chile, con más de 400.000 personas, aunque se estima una cifra mucho mayor ante el aumento de ingresos a pie por pasos clandestinos en la frontera con Bolivia desde 2020, cuando Chile cerró sus fronteras por la pandemia.
El Gobierno chileno dio, asimismo, un giro a su política de solidaridad migratoria con los venezolanos, defendida por el presidente Piñera en 2018, cuando ofrecía unas visas exclusivas para que «tuvieran oportunidades en Chile».
Desde entonces se redujo drásticamente la aprobación de cualquier visa para quienes viajaran desde Venezuela, luego vino el cierre de fronteras por la pandemia y muchos venezolanos han empezado a llegar tras vivir unos años en Colombia, Ecuador y Perú.
Los ingresos de personas a Chile por pasos clandestinos suman 23.673 hasta julio, casi 7.000 más que en todo el año pasado, según el informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) del mes de septiembre. (Télam)
