Paro indefinido en Upla: académicos llevan más de 30 años esperando su paso a planta

«A dos años del último paro docente, la autoridad universitaria no ha cumplido con los compromisos adquiridos con el estamento académico, entre los que se incluye el traspaso de contrata a planta, que afecta a más del 90% de los profesores que tienen un contrato a plazo fijo, pese a que algunos llegan a más de 30 años de antigüedad en la Institución. Por esto, los docentes del plantel se encuentran nuevamente paralizados, afectando a los más de 7 mil estudiantes de la Institución» señala un comunicado dado a conocer esta tarde por los académicos de la Universidad de Playa Ancha (UPLA)..

Dicen que pese a que la rectoría asegura que ha trabajado en estas demandas, los decretos emanados de la autoridad universitaria han sido sistemáticamente observados por Contraloría.

«El equipo jurídico de la Universidad –que consta de ocho abogados con una planilla de sueldos de 20 millones brutos, según datos de transparencia del plantel- no ha logrado concluir el proceso. Tanto así que la Asociación de Funcionarios Académicos, AFA, ha debido contratar un abogado particular, con cargo a los mismos docentes a través de la asociación gremial, para supervisar la elaboración y revisión del acto administrativo que materialice el trámite», denuncia.

En promedio, según el comunicado, los académicos de la institución llevan más de 10 años esperando su paso a la planta, además de la precarización laboral que se ha visto agravada por la merma de derechos, “esto nos ha afectado concretamente en tres ejes: la pérdida de asignación a la docencia complementaria (reconocimiento de horas extras), la eliminación del pago del incentivo a las publicaciones y la imposibilidad de contar con horas para investigar, debido a la enorme sobrecarga docente con cursos cada vez más numerosos, carreras nuevas y duplicidad de funciones”, explica Luis Espinoza, presidente de la AFA.

Al incumplimiento en el paso a la planta, se suma la existencia de un sistema de jerarquización académica que se considera discrecional y la imposición de un modelo de investigación, según los dirigentes, elitista y segregador que “incide en la existencia de dos castas académicas con condiciones contractuales y salariales completamente distintas; por un lado hay un grupo minoritario contratado exclusivamente para investigar, cuya remuneración llega a doblar la de sus colegas, es decir, tienen el sueldo de un titular grado 1 sin haber pasado por ningún proceso de jerarquización”, denuncia Patricia González, secretaria de la AFA, quien además explicita que son estos los profesionales a quienes la institución destina la mayor parte de los recursos para desarrollar investigación.

“Por otro lado el 95% de los académicos y académicas que nos desempeñamos en las facultades, sí realizamos docencia, sí hacemos investigación – de hecho el 75% de las publicaciones de la Universidad provienen de nosotros-, nos desempeñamos además en gestión y vinculación con el medio, hemos pasado por todos los procesos de evaluación y, sin embargo, estamos en condiciones de total desigualdad”, concluye González.

Para retornar a las actividades académicas, la AFA exige el paso inmediato a la planta; la implementación del nuevo sistema de jerarquización docente; y las renuncias del vicerrector y la directora general de investigación, quienes no son considerados interlocutores válidos por el profesorado: “ellos son los responsables de que la Institución no pueda incluir la dimensión de Investigación y Postgrado en este proceso de acreditación, objetivo que precisamente persiguió la instalación del modelo de investigación vigente. Ello incide directamente en el ranking de la Universidad, que afecta la entrega de recursos que ingresan al plantel”, sostiene Grasse Pavéz, directora de la asociación gremial.