Fiscalía investiga violenta protesta contra inmigrantes venezolanos

La fiscalía chilena abrió hoy una investigación por el violento ataque a inmigrantes venezolanos indocumentados, cuyas precarias pertenencias fueron quemadas ayer en la ciudad de Iquique, y pese a los pedidos de soluciones a la problemática migratoria de 24 organizaciones, el Ministerio del Interior aseguró que continuará con «el plan de expulsiones».

El Ministerio Público anunció el inicio de la investigación un día después de que al grito de «¡Fuera ilegales!» unos 5.000 chilenos protestaran contra inmigrantes sin documentos y algunos quemaran sus pertenencias.

Tras los incidentes, la fiscal de Iquique Jócelyn Pacheco pidió a la Policía de Investigaciones que indague en los hechos ocurridos «que terminaron con la quema de pertenencias de familias migrantes», tuiteó la fiscalía de la región de Tarapacá.

Pacheco también «dispuso medidas de protección para las víctimas», unos 16 inmigrantes, entre ellos niños y ancianos, que tuvieron que huir con lo poco que lograron rescatar y dormir en calles y playas de Iquique.

«Ayer me sentí muy asustada, con tanta xenofobia, los niños lloraban y me decían ‘mamá vamos a escondernos, a escondernos’. Nos gritaron algunos de los manifestantes mandándonos a nuestro país, pero la policía trancó las calles para protegernos», relató Jenny, de 34 años, citada por la agencia de noticias AFP.

La mujer, sus cinco hijos, un nieto, un yerno y su consuegra, juntan dinero para viajar a Santiago.

Algunas personas que participaron de la manifestación se acercaron luego a los venezolanos afectados para pedirles disculpas y ayudarlos con dinero, ropa, comida y carpas.

«Nos dijeron que nunca buscaron atacar a los venezolanos», sostuvo Daniel, un venezolano de 25 años, acompañado de otros inmigrantes.

«Han venido a decirnos que ellos apoyaron la marcha para que el gobierno chileno nos encuentre refugio o nos ayude para no dormir en las calles», aseveró otro.

Si bien el ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, manifestó su desacuerdo con la violenta protesta, aseguró: «Vamos a seguir con los desalojos en todos los espacios públicos que se requieran» y también «con el plan de expulsiones» de inmigrantes indocumentados que lleva a cabo el gobierno.

De acuerdo con el secretario ejecutivo de la Fundación Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), Claudio González, el «maltrato a los inmigrantes ocurre ante la falta de una política humanitaria por parte del gobierno que ha preferido las expulsiones y detenciones».

«Esta xenofobia ha sido alentada porque enfrentamos la situación con una mirada económica y no humanitaria», denunció.

La violenta protesta en Iquique ocurrió luego de que el viernes la Policía desalojara una plaza donde acampaban familias de inmigrantes con niños, en medio de la creciente crisis migratoria en la zona.

Miles de venezolanos indocumentados cruzan la frontera entre Bolivia y Chile por pasos no habilitados en el inhóspito Altiplano, una ruta que se cobró la vida de 11 inmigrantes en este último año.

Los hechos también fueron condenados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González, quien calificó el incidente como una «Inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables».

Por su parte, Unicef manifestó «su preocupación por la situación que están viviendo niños, niñas y adolescentes inmigrantes en Iquique y pide al Estado garantizar y proteger sus derechos, cumpliendo de esta manera con los tratados internacionales suscritos por el país».

Además, 24 organizaciones de ayuda a inmigrantes, de derechos humanos y la Asociación Venezolana en Chile repudiaron los ataques y pidieron al gobierno soluciones a la problemática migratoria en el norte chileno.

Entre ellas destacaron el acceso a albergues con condiciones sanitarias adecuadas, atención de salud, alimentos y el inicio de procesos de regularización para los migrantes.

Los migrantes intentan llegar en su mayoría a Santiago, pero los más pobres, quienes carecen de recursos para costear un viaje hasta la capital chilena, deben quedarse en Iquique u otras ciudades del norte del país, y acampar en las calles en precarias condiciones.

Los ingresos de personas a Chile por pasos clandestinos sumaban 23.673 hasta julio, casi 7.000 más que en todo el año pasado, según el informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de septiembre pasado.