Análisis del discurso oficial de la Defensa Nacional: mirando al futuro democrático de Chile

Por Héctor A. Vera y Francisco J. Troncoso

Cuando los constituyentes discutan el tema de la Defensa Nacional se enfrentarán al fantasma que recorre al país desde 1973. Se trata de cómo garantizar unas fuerzas armadas que sean para todo Chile y no una amenaza para una parte de los chilenos y para la vida democrática de toda la nación.

Es un problema que incluye el marco jurídico, doctrinario, organizacional, político y técnico que enmarca la Defensa Nacional y dentro de la Defensa, a las Fuerzas Armadas.

Uno de los imperativos de la Nueva Constitución y el Pacto Social que resulte, es devolver la confianza al conjunto de la población en las Fuerzas Armadas. En su eficacia técnica por cierto, así como en su probidad, en su apego a las normas de la convivencia civilizada y en que sean un suporte sólido de la democracia.

La tarea es muy necesaria para el desarrollo social, económico, científico-tecnológico y por cierto democrático del país. Sin embargo, también es compleja y difícil. El Golpe de Estado y el largo gobierno militar (el más largo gobierno de Chile en su historia) dejó una crispación que, si bien se ha ido aligerando, aún está muy viva.

Habrá constituyentes que desearán unas fuerzas armadas débiles, o incluso pensarán en su eliminación. También están en la discusión los partidarios del rol de las FFAA como “garantes de la institucionalidad”. La discusión deberá hacerse a fondo para hacer una definición que contribuya a hacer de los aparatos militares, instituciones útiles al desarrollo social y económica del país y, sobre todo, de la paz y de la vida democrática republicana.

Los años de la Concertación hicieron un esfuerzo. Un fruto de esos esfuerzos fueron los “Libros de la Defensa”.

Los constituyentes y sus asesores deberían leer y analizar las diversas versiones del “Libro de la Defensa Nacional”, que hasta hoy tiene cuatro versiones. La última del 2017 publicado en el segundo gobierno de Bachelet, siendo Ministro de Defensa José Antonio Gómez. Esta última versión contiene 328 páginas que se refieren a la doctrina, los contextos regionales y mundiales, la organización y los presupuestos.

Otro documento esencial es la ley 20.424 que fija las tareas del Estado Mayor Conjunto y el financiamiento de las Fuerzas Armadas al momento de discutir sobre políticas públicas de defensa nacional.

Estos libros de la Defensa se han elaborado por un equipo de civiles y uniformados. Entre los civiles seleccionados para el efecto se han incluido a miembros de Libertad y Desarrollo y de la Fundación Jaime Guzmán. Dada las nuevas condiciones políticas de Chile es de esperar que estas discusiones sean ampliadas sensiblemente a muchos y variados actores para que se genere una mayor legitimidad a través de la participación.

En estos, además, abundan las expresiones políticamente correctas. Es lo que se supone quieren escuchar los vecinos de Chile por una parte y los que financian a las fuerzas armadas por el otro. Lo positivo de esta noticia es que anuncia buenas intenciones y van en la dirección de respeto de la democracia. Sin embargo, se produce alguna reservas y distancia cuando se examina la estructura y mando de las instituciones en relación a estas palabras de buena crianza. Por lo demás, el grupo que participa en estas discusiones parece un tanto estrecho y sesgado, donde la ciudadanía no tiene mucha idea.

No hay disonancias ni controversias tangibles en estos textos. Formalmente encontramos un discurso “moderno”, “profesional”, “polifuncional” de la defensa, con muchas citas a tratados internacionales y a principios y documentos de las Naciones Unidas. Todo parece racional y correcto, propio de un país maduro, transparente y con una democracia perfecta o casi.

Se dice a los gobiernos vecinos que Chile no es, ni pretende ser una amenaza, que no hay pretensiones de expandirse o de cambiar las fronteras. Pero se agrega que Chile tiene capacidad disuasiva para que no intenten alguna aventura. Esto de “capacidad disuasiva” tiene un alto costo presupuestario porque debe hacer creer a los eventuales enemigos, con las armas en la mano, que es mucho más ventajoso para ellos abstenerse de amenazar o de invadir, que hacerlo.

La Nueva Constitución no definirá el detalle de la Política de Defensa. Esta tendrá que adaptarse a los tiempos y las circunstancias. Lo importante son los grandes consensos nacionales, como en Francia, pero sí deben quedar en ella indicaciones sobre Doctrina, Estructura y Organización de la Defensa Nacional. Defensa Nacional que incluye, pero que no se agota en las Fuerzas Armadas.

El último libro dice que las Fuerzas Armadas están comprometidas en la defensa de los Derechos Humanos. También con la igualdad de género y el respeto de los pueblos originarios. Se menciona la ciberseguridad, la protección de la población, ayudar al desarrollo, colaboración en catástrofes o mitigar las consecuencias del cambio climático. Es un discurso políticamente correcto. Ahora necesitamos pasar de un pasado que nos divide y nos traumatiza, a una Fuerzas Armadas que susciten confianzas, después de los crímenes perpetrados y la corrupción que hemos visto en sus altos mandos.

Los temas relacionados con la Doctrina de la Seguridad Nacional, que se aplicó durante la dictadura de Augusto Pinochet, parecen no existir en estos Libros. Esta Doctrina, nacida en EEUU y diseminada por países en desarrollo, justificó la persecución de opositores. Cualquier persona podía ser considerado enemigo, pero enemigo sin derechos. Es positivo que esta Doctrina foránea deje de formar parte de este debate. Es igualmente esencial asegurar que no forme parte alguna de la Doctrina, tradiciones y educación de los uniformados. Es necesario asegurarse de erradicarla.

Es positivo que la anti subversión no esté presente entre las misiones de la actividad militar chilena. Las FFAA no han querido involucrarse, al punto de negarse a intervenir, en La Araucanía, para lo cual han declarado carecer de la legislación y la doctrina, del equipo, entrenamiento, inteligencia y, sobre todo, de una voluntad política que respalde tal intervención.

Unas Fuerzas Armadas de toda la nación, defendiendo a todos los chilenos y colaborando al desarrollo del país es una idea cuyo marco sería el fruto de discusión y análisis de los constituyentes. Ahora deberá construirse una base jurídica que proporcione un correlato práctico y preciso. Por ejemplo, ¿Cómo se asegura la sujeción del poder militar al poder civil? Se tendrá que revisar lo que existe y se practica y fijar de qué manera se construye un efectivo control de las autoridades civiles en todos los planos relevantes.

Estos aspectos relevantes incluyen los controles financieros, la elaboración por el Estado de una Política de Defensa, la que incluirá una Política Militar, los programas de las FFAA para el equipamiento, el reclutamiento, la educación de su personal, etc.

Los temas centrales deberán quedar en la Constitución, dejando el detalle para Leyes Orgánicas y Leyes comunes que implementarán esta nueva estructura.

En general vale para la Defensa y las Fuerzas Armadas lo que vale para cualquier organización o sistema: “Si un sistema se aísla, tiende a la entropía”. Ninguna Fuerza Armada nacional puede existir aislada. Ha habido “Hordas”, fuerzas militares auto cooptadas, que han impuesto poder político sobre territorios.

Durante la Edad Media la Horda Dorada dominó desde el Mar Negro hasta Siberia. En la misma época los Mamelukos se establecieron como un poder duradero en Egipto. Nosotros queremos FFAA al servicio de Chile, no una Horda que controle y someta al país.

Es indispensable que la Defensa Nacional sea protagonizada por todo el Estado y por toda la población.

Los muchos ámbitos de la Defensa pueden tener diversos protagonismos, donde las FFAA son necesarias, pero no suficientes. Hay múltiples tareas: Asegurar la Seguridad Nacional hacer frente al Cambio Climático y a los Ciberataques, proteger la seguridad de los Datos de personas y organizaciones, detener la infiltración y organización de Carteles de delincuentes, controlar la porosidad de nuestras fronteras y la trata de personas; son múltiples tareas, algunas para personal armado policial, otras para personal armado militar, otras para civiles, muchas para una combinación de ambos.

La estructura de los cuerpos uniformados, su relación de conducción estratégica, mando y control, sus múltiples relaciones de apoyo mutuo entre la población general y las tropas, todo está para discutirse.

Cosas obvias: controles independientes cívico militares a la gestión de fondos y de personas. No es posible que el Comandante en Jefe pueda deponer a su Auditor si este le rechaza el Balance. Ingreso al uniforme de variadas maneras: como cadete o conscripto, reservista o carrera, fuerza central o regional, especialista profesional o especialista militar, carrera larga (30-35 años) haciendo pleno uso de las capacidades.

No a una Casta Militar que se aísla: que vive, educa a sus hijos, trabaja, celebra sus cultos, lejos de la población. Los militares deben ser una parte honrosa y apreciada de la nación.

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El Periodista