Talibanes amenazan con agravar crisis humanitaria que dejaron potencias en Afganistán

La anulación de derechos de mujeres y niñas ante la imposición de la ley islámica y la inseguridad de los cientos de miles de desplazados forzados tras la toma del poder de los talibanes en Afganistán amenazan con agravar una crisis humanitaria que existía previamente tras 40 años de guerras impulsadas por potencias extranjeras que dejaron cifras de desplazados, pobreza y de inseguridad alimentaria que se ubican entre las más altas del mundo.

Aunque la repercusión mediática era menor, la situación ya era preocupante mucho antes del ingreso de los insurgentes a Kabul: a inicios de este año había unas 18,4 millones de afganos, casi la mitad de la población, bajo la línea de la pobreza, de acuerdo a un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Afganistán era además el segundo país del mundo con mayor cantidad de habitantes con inseguridad alimentaria, con uno de cada tres ciudadanos con hambre y uno de cada dos niños menores de cinco años sufriendo desnutrición aguda, según el mismo trabajo y datos del Programa Mundial de Alimentos.

Las cuatro décadas de guerra por conflictos internos y ocupaciones de potencias extranjeras, desastres naturales recurrentes (el país se enfrenta a la segunda sequía severa en tres años), pobreza crónica y más recientemente la pandemia de coronavirus son algunos de los factores que de alguna forma explican esta catástrofe humanitaria.

La cuestión de los refugiados es un termómetro de este panorama: el país islámico y bisagra entre Asia Central y del Sur está entre los tres que más aportan al total el mundo, solamente detrás de Siria y Venezuela.

Unas 2,6 millones de personas refugiadas en el exterior están registradas como procedentes de Afganistán, además de unos 4,8 millones de desplazados internos, de acuerdo con Acnur, el organismo de la ONU especializado en el tema.

El rápido avance talibán ante la retirada de las tropas internacionales agravó la situación, con un cuarto de millón de personas obligadas a huir de sus casas desde fines de mayo, 80% de ellas mujeres y niñas, también según el monitoreo de Acnur.

El número total de desplazados forzosos ante esta última ofensiva es incierto todavía, con miles de afganos atrapados en la «tierra de nadie» que constituye el territorio entre los puntos de control de los talibanes y la alambrada instalada por los estadounidenses alrededor del aeropuerto de la capital, única vía para eventualmente escapar del país.

Se requieren muchos dedos para señalar a los responsables de esta catástrofe humanitaria: las guerras y años de Gobierno liderados por el fundamentalismo islámico, el recientemente depuesto Ejecutivo afgano que se ubicó en el puesto 165 entre 179 países en el último Índice de Percepción de Corrupción que realiza la ONG Transparencia Internacional y el desmanejo de Estados Unidos y sus aliados en 20 años de ocupación.

En este lapso, gobiernos demócratas y republicanos que ocuparon la Casa Blanca gastaron unos 978 mil millones de dólares en Afganistán, la gran mayoría en operaciones militares y en mantener a los soldados, y solamente el 3,7% fue destinado a mejorar la gobernanza y el desarrollo del país, graficó la cadena británica BBC.

La responsabilidad de todos los actores del conflicto en la actual crisis humanitaria quedó reflejada en una carta que escribieron en estos días dos expertos de Médicos Sin Fronteras (MSF) que trabajaron en el país y que se titula: «¿Hablaremos con los talibanes? ¿Por qué no? Siempre lo hemos hecho».

En la misiva, firmada por el especialista en Asuntos Humanitarios Christopher Stokes y el director del Departamento de Análisis Jonathan Whittall, recuerdan primero el bombardeo aéreo estadounidense al hospital de la ciudad afgana de Kunduz en 2015 que mató a 42 personas entre médicos de la ONG, pacientes y familiares,

«El hecho nos demostró las zonas grises que existen en tales conflictos: la ayuda es tolerada y aceptada cuando aumenta la legitimidad del Estado, pero se vuelve susceptible de ser destruida cuando cae en un territorio donde comunidades enteras son designadas como enemigas hostiles y cuando el Estado está a la defensiva. Esta zona gris es cultivada por ambigüedades legales entre el derecho nacional e internacional, creando entornos propicios para lo que las autoridades estadounidenses categorizaron como ‘errores'», señalaron.

El año pasado la organización humanitaria sufrió otro golpe, esta vez causado por un actor diferente del conflicto: la maternidad de Dasht-e-Barchi en Kabul fue «brutalmente atacada, muy probablemente por el Estado Islámico», y fallecieron 24 personas.

El final de la carta resume el panorama actual y el rol de las pocas ONGs que quedaron en el territorio tras la toma del poder de los talibanes: «Afganistán muestra cómo la construcción de una nación liderada por extranjeros puede fracasar y cómo las contribuciones de los actores humanitarios a tales esfuerzos son mínimas. También muestra que nuestro trabajo puede salvar la mayor cantidad de vidas cuando somos capaces de ser lo más independientes posible, tanto cuando se está construyendo un Estado como cuando se derrumba».(Télam)