Solo la Contraloría y la Corte Suprema ejercen bien sus roles

La institucionalidad en los ámbitos de vivienda, urbanismo y medio ambiente, que son los que mayormente conocemos, no cabe duda que está al debe, dejando en claro que preferimos no opinar sobre los otros sectores de la economía.

Durante este gobierno la situación de descomposición, que ya se observaba en administraciones anteriores, ha llegado a niveles increíbles.

Una de las primeras muestras de lo mal que estamos fue la creación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía, cuyo objetivo es facilitar la aprobación de ciertos proyectos que el gobierno considera relevantes para el desarrollo económico.

A través de la prensa nos enteramos que esa oficina intervino en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para destrabar proyectos, lo que en términos simples significa “mirar para el lado” al momento de revisar si determinados proyectos de inversión cumplen la ley N° 19.300 de Bases del Medio Ambiente.

Respetar esa ley implica menor rentabilidad producto de los aportes económicos necesarios para mitigar los impactos negativos que esos proyectos generan y, por lo tanto, incumplirla mejora las ganancias de los mismos.

En Chile, los que ejercen el poder político, al menos los actuales, consideran con pleno convencimiento que el cuidado del medio ambiente es menos importante que el crecimiento económico y por ello esa incómoda ley se cumple «en la medida de lo posible», parodiando al presidente Aylwin.

En el ámbito urbanístico, la situación es igualmente penosa. Las autoridades de turno muestran un comportamiento orientado de forma manifiesta en facilitar la ejecución de proyectos sin importar que vulneren las normas aplicables y cuando la Contraloría General de la República, en adelante la Contraloría, se pronuncia dejando en evidencia los errores de esas autoridades, se continúa incumpliendo la ley, a pesar de que sus dictámenes en el papel son vinculantes para la administración del Estado. Ello se produce porque el ente fiscalizador carece de herramientas coercitivas para exigir el apego a las disposiciones legales.

Como siempre respaldamos nuestros dichos, a continuación, entregamos algunos ejemplos de estas malas prácticas.

En primer lugar, podemos mencionar un nuevo episodio de la teleserie llamada “Chaguay”, asunto que ya hemos tratado en esta tribuna, proyecto habitacional que pretende desarrollarse, vía parcelaciones de lujo, en el Área de Preservación Ecológica de la comuna de Lo Barnechea, región metropolitana de Santiago. El negocio es tan lucrativo que su titular continúa intentando desarrollarlo a pesar de que la Contraloría dictaminó que la Dirección de Obras Municipales (DOM) no puede entregar permisos de edificación para viviendas en dichas parcelas porque los usos de suelo permitidos en esos terrenos rurales son los definidos en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).

El instrumento normativo PRMS señala que, en esas áreas protegidas por el Estado, previo Estudio de Impacto Ambiental, solo se admite edificar construcciones con destino científico, cultural, educativo, recreacional, deportivo y turístico, con las instalaciones y/o edificaciones mínimas e indispensables para su habilitación, pero en ningún caso viviendas de ningún tipo.

Los lectores se preguntarán por qué el dueño del proyecto insiste en desarrollarlo si no cumple la normativa territorial. Muy simple, porque él busca, con el valioso aporte de sus lobbystas, una importante plusvalía habida cuenta que el amplio terreno se compró muy barato justamente por la restricción del uso de suelo.

La responsabilidad de detener el proyecto ilegal es de la municipalidad de Lo Barnechea y de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de nuestra región. El alcalde Cristóbal Lira hizo su trabajo y paralizó las obras, pero el avispado inversionista reclamó en esa seremi y demostrativo de que con buenos contactos en el Ejecutivo todo es posible, pues la fundación Defendamos la Ciudad pidió hacerse parte en ese reclamo, pero esa autoridad lo impidió sin razón legal alguna. Se elevaron los antecedentes ante la Contraloría, la que en su reciente dictamen N° E131639/2021 lo obligó a enmarcarse en la ley.

¿Por qué la Seremi de Vivienda y Urbanismo limitó, finalmente sin resultados, la participación ciudadana de dicha fundación? Por la sencilla razón de que había que allanar el camino para que ese proyecto inmobiliario se realice sin inconvenientes. Se justificaría el error cometido por el seremi, Manuel José Errázuriz, si él hubiera sido arquitecto, profesionales que en general se manejan muy mal en la aplicación de las leyes, puesto que ello no se les enseña en las universidades, pero es inaceptable que lo cometiera él que es un distinguido abogado. Más de alguien, aparte de este columnista, podría concluir que él recibió imprudentes instrucciones del ministro, también abogado, Felipe Ward, personaje que también es promotor del crecimiento económico a todo evento.

Todos sabemos que la participación de los ciudadanos en los procedimientos administrativos está garantizada por ley, pero si las autoridades no se rigen por ella, entonces llegamos a situaciones tan impúdicas como la relatada y hasta ahora, ningún honorable diputado se ha interesado en estos asuntos, a pesar de que tienen atribuciones fiscalizadoras.

Un segundo ejemplo es el proyecto «Hospital Zona Norte», previsto en un terreno rural de la comuna de Colina. En efecto, frente a las denuncias de grupos ciudadanos interesados en que la localización del mismo sea la adecuada para atender a los enfermos, interpusieron denuncias en la Contraloría, la que advirtió a la mencionada seremi que era ilegal la modificación en curso del PRMS que busca factibilizar ese equipamiento intercomunal en el área no idónea puesto que no es coherente con la Estrategia Regional de Desarrollo vigente. ¿Qué hizo la díscola seremi? Continuó con tal modificación territorial como si nada hubiese pasado y por ello el caso volvió a la Contraloría.

El hospital es necesario en una zona urbana que se tenga acceso en transporte público puesto que los usuarios y trabajadores del futuro hospital no necesariamente disponen de automóvil y dinero para llegar a ese establecimiento de salud como se imaginaron el ex ministro Mañalich y el ex Alcalde Olavarría cuando en sueños veían su creación funcionando en un terreno agrícola, (que le costó US$ 2 millones a la Corporación Municipal de Colina), al costado de la autopista Acceso Nororiente, una de las que tiene peaje más alto en todo Santiago. Señalamos que el tren Santiago Batuco habilitará diversas opciones de localización para ese hospital y así se potenciarían los beneficios de ese ferrocarril suburbano debido a que ese medio de transporte estará conectado a tres líneas de Metro, permitiendo accesibilidad universal a los usuarios y trabajadores del nuevo hospital.

Un tercer ejemplo de las malas prácticas de este gobierno ocurrió recientemente con un proyecto llamado «Optimización e Independencia Operacional Planta Desaladora Ventanas» de la empresa AES Gener, hoy día AES Andes, la que intentó fraccionar el proyecto que pretendía realizar en la bahía de Quintero, asunto que fue permitido por la autoridad ambiental de turno y frente a los indispensables reclamos ciudadanos tuvo que intervenir finalmente la Corte Suprema. En una durísima sentencia dejó por el suelo a esa autoridad sectorial, por no cumplir su única función y con ello seguir permitiendo que se generen impactos ambientales en esa conocida zona de sacrificio.

La Corte Suprema sentenció que el proyecto debe realizar un Estudio de Impacto Ambiental, pues la simple Declaración de Impacto Ambiental que hizo la empresa, la que es un mero trámite, no sirve de nada. Leyendo la prensa hemos sabido que la empresa se desistió de su proyecto. Este es un ejemplo indicativo de que para este tipo de grandes empresas cumplir la ley ambiental es solo un costo y por eso contratan asesores expertos en reducir los gastos, pero con tan mala suerte para ellos pues ahora la ciudadanía está más alerta y con mayores conocimientos técnicos y legales.

Por último, sobre este tipo de situaciones, le recordamos a Sergio Muñoz, director de la PDI y a Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar que, acerca de una asignación irregular de un inmueble fiscal en el borde costero de la ciudad jardín, respondan los oficios del 17/08/21 enviados a ellos por la Contraloría, a sabiendas que fueron sus antecesores, Héctor Espinoza y Virginia Reginato, respectivamente, los responsables en ese episodio irregular (Ver link).