Las rondas, cuestionado sistema contra la delincuencia en Perú que Castillo busca expandir

Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima

El presidente de Perú, Pedro Castillo, pidió al asumir «expandir el sistema de rondas», el nombre con el que se conoce a los grupos de campesinos de los Andes que se enfrentan a la delincuencia con permisos legales y armamento precario, lo que generó un rechazo de la oposición, principalmente por la posibilidad de que ese modelo desembarquen en Lima.

Castillo es rondero de siempre. Por décadas participó en esos grupos en el caserío de Puña, donde residió toda la vida hasta llegar al Palacio de Gobierno en la capital.

«Debemos expandir el sistema de las rondas, que no es otra cosa que la población organizada. Nos comprometemos a formarlas donde no existen y a incluirlas en el sistema de seguridad ciudadana», dijo el mandatario, del partido de izquierda Perú Libre, en su discurso de posesión hace dos semanas.

La afirmación abrió un debate que no cesa incluso después de que el ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, aclaró que no hay planes inmediatos para su implementación en Lima, donde vive casi un tercio de los peruanos y se concentra la oposición.

«Pero (las rondas) están dentro del organigrama del Ministerio y eso es desde hace varios años», manifestó.

Según portavoces de oposición, Castillo busca que los ronderos reemplacen a la Policía. Otros, que insisten en que el Gobierno pretende un régimen «comunista», los comparan con los grupos de defensa de la revolución de Cuba o Venezuela.

Por el contrario, según el presidente de la Coordinadora Nacional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas, Hortencio Julcahuanca, esos grupos «no le van a quitar la autonomía a nadie, sino a colaborar con instituciones ya establecidas», como la Policía, el Poder Judicial y los gobiernos provinciales y distritales.

«(Las rondas) son la única reserva moral de nuestra patria en un sistema podrido», defendió Julcahuanca en diálogo con Télam. «No son de ahora, no son de este presidente. Hay 195.000 ronderos urbanos y rurales», enfatizó.

Las rondas nacieron en 1976, en el departamento andino de Cajamarca, cuando pobladores de la provincia de Chota -donde está Puña-, se organizaron para enfrentar a ladrones de ganado. El resultado fue exitoso y el Gobierno de facto de entonces les dio las primeras herramientas para operar, las que se fortalecieron con los años mediante un marco legal.

Las rondas, fundamentalmente rurales -porque las urbanas no han tenido igual impacto- se extendieron a otros departamentos. Su experiencia más traumática fue de 1980 a 2000, cuando, en lucha desigual, enfrentaron a Sendero Luminoso. El grupo extremista halló una resistencia inexpugnable, sobre todo en Cajamarca.

Julcahuanca graficó su accionar cotidiano: «Si atrapamos a un joven que robó un celular, lo castigamos con trabajos cívicos o unas ranas (ejercicios físicos). Eso no le hace daño. Lo mostramos (a los vecinos), lo avergonzamos. Y después ese joven no quiere volver a robar. Muchos (castigados) me han dado las gracias».

«(En cambio) si se lo lleva la Policía pueden ser 10, 12 años de cárcel. Y era su primera vez que robaba. Después sale hecho un delincuente peor. A veces los propios padres nos piden castigos para sus hijos», agregó Julcahuanca.

Sin embargo, este tipo de penitencias no está exento de cuestionamientos: en muchas ocasiones incluyen latigazos, aunque relativamente leves.

Además, a lo largo de los años se han denunciado presuntos abusos. Se habla de castigos excesivos y su implementación por cuestiones como infidelidades matrimoniales, drogas, alcohol, homosexualidad o prostitución.

Pero, en general, las rondas tienen buena aceptación en el mundo andino.

Sin embargo, para los analistas extrapolar la experiencia a una metrópoli como Lima, con casi 10 millones de habitantes y problemas graves de inseguridad, no tiene sentido.

«La idea de invadir Lima con ronderos y chicotes (látigos) es por lo menos ridícula. Las rondas fueron creadas para enfrentar la criminalidad local en zonas rurales. Los ronderos se movilizaron para combatir el delito en sus distritos (…) pero siempre basados en la premisa fundacional: el pueblo se organiza para defender sus propios hogares», comentó el periodista Gustavo Gorriti, que no pertenece a los núcleos duros de oposición.

Para Julcahuanca, hay un error en esa percepción: «Ningún rondero va a dejar su tierra, su trabajo, para ir a la ciudad».

La idea del Gobierno no es trasladar campesinos, sino crear instituciones parecidas pero acordes con la realidad y con participación de los vecinos de cada lugar.

El mayor problema de inseguridad en Perú es el robo de celulares, dinero, billeteras y similares. En el segundo semestre del año pasado, un 20,2 por ciento de vecinos de ciudades con más de 20.000 habitantes denunciaron un caso así. Se da por hecho que el fenómeno es mayor porque gran parte de los afectados no denuncia.

Los primeros ronderos, un puesto informal por el que no hay pago, fueron agricultores. Después se sumaron otros miembros de la comunidad, como los maestros de escuela. Entre ellos estuvo Castillo, primer campesino quechuahablante que gobierna a Perú en sus 200 años como República.

Con frecuencia, Castillo se vanagloria de su condición de rondero. Pero desde Lima lo miran con recelo, en medio de la mutua incomprensión entre dos mundos muy distintos entre sí.

Por lo pronto, parece claro que el tema no será parte de la presentación en la que el gabinete ministerial pedirá el 26 de agosto próximo el voto de confianza de un Congreso controlado por la oposición.(Télam)