El temido tema de las políticas de Defensa en Chile

Hay importantes factores y procesos que dificultan en Chile debatir de manera pública y provechosa las políticas de la Defensa Nacional. Pensar cómo debe ser hoy es un tema oscuro, polémico y temido por los actores políticos, pero ineludible.

Los factores que obstaculizan un debate sano, abierto, transparente y necesario para el país en materia de defensa son, a mi juicio, los siguientes:

1. Tenemos fuerzas armadas que quebrantaron la Constitución y la vida democrática e instalaron una dictadura (1973-1990). Los militares de tierra, aire, mar y los carabineros, fueron instituciones que realizaron sistemáticas y brutales violaciones a los derechos humanos, incluida los detenidos desaparecidos que aún hoy no han sido encontrados ni han podido ser enterrados. Miles de chilenos fueron asesinados, torturados, exiliados, relegados, detenidos, cesantes, discriminados o brutalizados durante la dictadura de Augusto Pinochet en nombre de la seguridad nacional y de la defensa nacional. ¡Difícil de olvidar tan siniestra historia¡

2. Otro factor que incide en hacer confuso y poco atractivo el tema de las políticas de defensa es la vieja práctica que descalifica a cualquier persona que se interesa en el tema. El que plantee algo distinto a lo que dicen las instituciones militares es severamente descalificado. Lo impugnan por no ser experto, sesgado, extremista, incompetente o ignorante, por amenazar la seguridad nacional o por ser aliado objetivo de los enemigos de la patria. Incluso hay periodistas que recientemente han sido vigilados y amedrentados por orden de militares y con anuencia judicial.

También hay desinformación y propaganda encubierta que encontramos en diversos medios de difusión que recogen columnas, reportajes, hecho por expertos, pagados con el erario nacional, que alaban a las fuerzas armadas, desprestigian las opiniones críticas y justifican con entusiasmo todo lo que hacen y dejan de hacer las instituciones castrenses. Los desfiles le dan el decorado necesario a esta imagen de militares gallardos y disciplinados, propio del discurso oficial.

3. El actual rol de las fuerzas armadas está lleno de contradicciones y de desorientación profesional. El reciente balance laboral del cual están orgullosos los militares y el gobierno de Piñera, hace referencia al rol policial que le asignó el gobierno durante la pandemia del Covid 19. Recientemente el Ministerio de Defensa, en solemne ceremonia de auto congratulación, rindió cuenta de la labor de los militares: “desde que se inició la pandemia hace un año y medio, las Fuerzas Armadas han realizado más de 213 millones de controles y más de 524 mil detenciones a personas por no cumplir con los protocolos sanitarios” . (https://www.infodefensa.com/latam/2021/07/15/noticia-defensa-reconoce-labor-chile-combate-pandemia.html)

¿No estarán los militares extraviados de su misión de defender la soberanía y el territorio nacional, cambiándolo por el de policías con metralleta al hombro controlando la conducta de la población civil?

4. Las actuales y enormes estafas, malversación de platas públicas, uso indebido de “fondos reservados”, “lavado de dinero”, hecho por las más altas autoridades militares y de carabineros, ha dañado severamente el patrimonio del Estado de Chile y la fe pública en estas instituciones.

Esta conducta escandalosa está hoy personificada en el ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa, Anita María Pinochet. La jueza Romy Rutherford ha detectado que por conceptos de gastos reservados, el funcionario tenía 8 mil millones de pesos chilenos en su patrimonio extraído de los fondos públicos.

Este proceso muestra la profunda corrupción que pone en serio riesgo la confianza pública en los cuerpos armados y cuestiona la honra de los altos mandos, la probidad en la adquisición de equipamiento, su capacidad de gestión y su auto orquestada eficiencia profesional. ¿Necesitamos tener estos gastos militares y este tipo de personal para defender a Chile?

A esta grave situación, se le agrega la complicidad del mundo político con los abusos de los mandos militares .Los sucesivos gobiernos de la Concertación y de la Alianza por Chile, del Parlamento, de la Contraloría General de la República, de los Tribunales de Justicia o el SII, no han ejercido el debido control civil necesario para evitar, frenar y castigar esta conducta indeseada y corrupta.

5. La carencia en Chile de un enfoque sistémico de la Defensa es otra manera de reducir la problemática a asuntos militares. Esto deja fuera los aspectos científicos, tecnológicos, sociales, políticos, que resultan ser los más importantes y quedan en la sombra temas emergentes como ciberseguridad, soberanía tecnológica, cooperación internacional, emergencias y cuidado de los recursos naturales.

En vez de ser tratada la defensa como una materia de la sociedad chilena que necesita la paz, la seguridad efectiva de sus habitantes, una adecuada soberanía, esta es reducida a las instituciones armadas. De esta manera se nos priva de incluir las necesidades y las aspiraciones de la población, se posterga el control civil sobre los militares y subsiste un sistema sin transparencia, protegido por el “secreto militar” y por la “justicia militar”.

La crisis de Chile revelada con el “estallido social”(18 octubre 2019) lleva al país a diseñar una profunda reforma tributaria y a planificar una nueva forma de repartición de los recursos. Tal orientación se fundamenta en la demanda de la población por dignidad, justicia y desarrollo social. Este movimiento social de cambio, presiona al país a proyectar una natural restricción de gastos militares.

El presupuesto de defensa del 2021, representa más de un 7% del gasto público que es de 1.707.698 millones (https://www.defensa.com/chile/chile-disminuye-presupuesto-defensa-para-2021). Esta suma es muy superior a los presupuestos que tienen respectivamente Argentina, Perú y Bolivia que son nuestros vecinos y que tienen territorios más extensos que Chile .En los casos de los dos primeros nos superan también en cantidad de habitantes. No hay proporcionalidad entre amenazas fronterizas y gastos de disuasión armada.

Esto debe llevarnos a repensar el rol de la Defensa, incluyendo la protección de los recursos naturales y las identidades e intereses de los pueblos que la integran, la privacidad de los datos de sus habitantes, las nuevas estrategias inteligentes y científicas. Esto requiere de un debate público y de un lugar en la Nueva Constitución.

Si bien las instituciones militares pueden quedar en el cuerpo de las leyes, el tema de la Defensa Nacional debe ser definido en el marco de la nueva Constitución.

Chile debiera dejar de ser uno de los países que destina un alto presupuesto militar en la región. No se puede seguir con este volumen de gastos, sin antes revisar y reformular su política de defensa y su organización. Y esto deberá incluir una clara política de contrataciones de personal militar, de pago de pensiones y de efectivo control político y administrativo.

El tema requiere ser discutido de manera franca y con la debida complejidad, lo que exige salir del campo de los expertos y abrirse a un debate político de alto nivel. Algo de este asunto empieza a verse, pero sin profundización y sin integración al desarrollo del país en los programas presidenciales de Gabriel Boric y de Paula Narváez.

El camino de una defensa nacional a la altura de la democracia que queremos, solo empieza después de muchas décadas de obscuridad y de temor ciudadano a nuestras propias fuerzas armadas, temor que queremos superar. ¿Será posible con la nueva democracia que nos promete la Nueva Constitución?