El gran reto de Naftali Bennett: mejorar la relación con los palestinos

Por Alberto Galeano

El Gobierno del primer ministro israelí, Naftali Bennett, trata de lograr un difícil equilibrio en su relación con los palestinos para no recibir críticas de Estados Unidos o de la Unión Europea (UE), tras los desencuentros vividos bajo la anterior gestión de Benjamin Netanyahu.

Bennett, del pequeño partido de derecha Yamina, que lidera una coalición de ocho agrupaciones, aún no tiene fecha para realizar su primera visita a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Joe Biden, desde que asumió su cargo el pasado 13 de junio.

Pero el encuentro entre ambos mandatarios podría realizarse a fines de agosto o en las dos últimas semanas de septiembre, según informó el diario Noticias de Israel.

Esta semana, un tribunal de Jerusalén ordenó congelar por seis meses la demolición de un centenar de viviendas palestinas en Silwan, un barrio en las afueras de la Ciudad Vieja, en la ocupada Jerusalén Este, en un hecho que fue calificado por un abogado palestino como un «progreso» pero no una «victoria».

Precisamente, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) pidió el jueves a Washington que detenga los planes israelíes para construir más de 2.000 nuevas viviendas en Cisjordania, luego de que el día anterior Bennett se reuniera con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), William Burns, para analizar la situación de Medio Oriente, específicamente sobre Irán.

Un funcionario palestino, citado por el diario The Jerusalen Post, dijo que el viaje de Burns «muestra que la Administración Biden se toma en serio el restablecimiento de las relaciones de Washington con los palestinos».

Pero la ANP advierte que la determinación de promover nuevas construcciones en Cisjordania por parte de Israel se contrapone con la posición de la Casa Blanca, que es contraria a la edificación de nuevos asentamientos y a tomar pasos unilaterales.

«La decisión de congelar durante seis meses la demolición de viviendas habitadas por palestinos, pero de propiedad judía, es una medida judicial independiente que no tiene nada que ver con los deseos -positivos o negativos-, de la coalición política que gobierna Israel», dijo a Télam el analista Mario Sznajder.

El profesor emérito en Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén opinó que «la coalición de Gobierno intenta mantener difíciles niveles de equilibrio: primero entre los miembros gobernantes que en varios casos representan ideologías opuestas sobre el tema palestino».

«Segundo: a nivel internacional, para no enfrentarse con las duras críticas de la UE sobre estos temas, y así evitar generar la oposición a las políticas israelíes por parte de EEUU», explicó.

Para Sznajder, «esta combinación de factores genera niveles de precaución y moderación política acentuados y diferentes a los producidos durante el gobierno del (exprimer ministro) Netanyahu (1996-1999; 2009-2021), especialmente en la época de la presidencia de (Donald) Trump».

Dentro de este contexto, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se reunió el domingo pasado en Bruselas con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, con el fin de impulsar las relaciones diplomáticas.

También, esta semana, Israel autorizó la construcción de 863 viviendas para palestinos en el área C de la Cisjordania ocupada, por primera vez en años, en una medida dirigida a establecer más de 2.000 casas en asentamientos de esa zona, informó el diario israelí Haaretz.

En un artículo, el medio señala que la construcción de nuevas propiedades en dicha zona, dispuesta por el ministro de Defensa, Benny Gantz, es vista como parte de un movimiento mayor del Gobierno israelí, tratando de fortalecer la posición de la ANP.

Se estima que actualmente unos 210.000 israelíes residen en Jerusalén Este, mientas que unos 300.000 palestinos viven en esa parte de la ciudad donde la ANP quieren fundar la capital de su futuro Estado.

Esta semana, además, la organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Washington, dijo que los grupos palestinos de la Franja de Gaza, que dispararon cohetes hacia zonas residenciales israelíes en mayo pasado, en respuesta a una ofensiva de Israel, cometieron «crímenes de guerra».

Los hechos ocurrieron entre el 10 y el 21 de mayo, cuando Israel y el Movimiento de la resistencia islámica, Hamas, que controla la Franja de Gaza, mantuvieron una nueva ola de violencia.

Unos 260 palestinos, la mayoría civiles, murieron en Gaza por ataques aéreos y de artillería israelíes, mientras que 13 personas, entre ellas un soldado, fallecieron en Israel por los cohetes lanzados por Hamas y otras organizaciones.

Pero el grupo islámico rechazó el comunicado de la organización de derechos humanos y afirmó que «los verdaderos crímenes fueron cometidos por la ocupación (israelí)».(Télam)