Corte de Apelaciones acoge recurso de protección interpuesto contra el Ministro de Justicia y Directora del Sename.

La Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Nacional de Menores (AFUSE), interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra del ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la directora (s) del servicio, Fabiana Castro, debido a las violaciones flagrantes a la reglamentación del proceso de evaluación de funcionarios, en el marco del traspaso desde el Sename, al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Además, de la falta de control de legalidad por parte de la Contraloría General de la República y de publicación del Decreto Nº 1481 y de la Resolución Nº 2039, que debe firmar el presidente de la República.

En el recurso acogido por la corte se advierte que la regulación reglamentaria debía adecuarse a las disposiciones de dos leyes. La Ley Nº 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y la Ley Nº 21.338 que establece el derecho a indemnización para funcionarios del Servicio Nacional de Menores, y que de paso modifica el Estatuto Administrativo, al crear, para estos efectos, una nueva causal de cesación en el cargo -“necesidades del servicio”- para estos funcionarios públicos, específicamente.

A juicio de la presidenta de la AFUSE, Alicia del Basto, “acá no solo hay vicios de legalidad en el proceso del traspaso de funcionarios/as al nuevo servicio, sino que incluso se ha obviado el rol fiscalizador que tiene la Contraloría General de la República. Esto es un bochorno para la institucionalidad nacional, y es preocupante ya que todo el proceso tiene una serie de defectos formales, lo que determina su ilegalidad y, además, contienen disposiciones sustantivas que resultan arbitrarias e ilegales”.

Recurso de Protección

En el texto del recurso de protección se señala que “la regulación que se pretende aplicar a los funcionarios del Sename, importa una evidente afectación concreta al derecho constitucional a la Igualdad ante la ley, pues las diferencias que se han establecido, en este caso específico en contra de estos funcionarios en particular, no tienen antecedentes en nuestra historia legislativa reciente.

En el recurso de protección se indica que, además han vulnerado las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado Nº 18.575, que a su turno no han sido modificadas, ya que, ni las normas pertinentes de la Ley Nº 21.302, ni el artículo único de la Ley Nº 21.338, han cumplido con los requisitos constitucionales exigidos para ello. En efecto, estas dos leyes que han regulado materias a las que se refiere el artículo 38 de la Constitución Política de la República, debieron ser aprobadas lógicamente como normas Orgánicas Constitucionales –lo que no ocurrió, en ningún trámite constitucional- y debieron, además, en su oportunidad –que ya venció- ser sometidas al control obligatorio de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, como se verá. A mayor abundamiento, ninguno de los dos actos reglamentarios; ni el Decreto Nº 1481, ni la Resolución Nº 2039 fueron sometidos al trámite de toma de razón, que como lo explicaremos era obligatorio en estos dos casos, ni fueron a su turno publicados en el Diario Oficial, lo que también es obligatorio de acuerdo a lo que dispone la Ley Nº 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, en la letra a) de su Artículo 48”.

Finalmente, Alicia del Basto afirmó “Esta es la constatación de las formas apresuradas, y poco participativas, de hacer políticas públicas de esta administración. Acá no solo se pretendió engañar a la Contraloría General de la República, sino también a los compromisos contraídos con el parlamento. Estamos siendo testigos de hechos inéditos en la administración pública”, concluyó la dirigenta sindical.