Londres quiere poner fin a los juicios relacionados con el conflicto norirlandés
El Gobierno británico presentó hoy un proyecto de ley para poner fin a todos los procesos judiciales relacionados con el conflicto en Irlanda del Norte, algo que fue denunciado como una "amnistía" por las familias de las víctimas.
En un contexto de creciente tensión en esa región por el descontento que provocan las disposiciones aduaneras establecidas tras el Brexit para preservar la frágil paz de 1998, el Gobierno británico sumó ahora la oposición a esta medida por parte de víctimas y responsables políticos irlandeses.
La policía de Irlanda del Norte está investigando «cerca de 1.200 casos, lo que es solo una fracción de las 3.500 muertes» registradas durante tres décadas de conflicto, argumentó en el Parlamento el ministro para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, y precisó que el Ejecutivo tiene la intención de introducir esta legislación a la vuelta de las actuales vacaciones de verano.
«Cada vez es más difícil que los tribunales den a las familias las respuestas que buscan», consideró, y «si no actuamos ahora» estamos «condenando a las generaciones actuales y futuras a nuevas divisiones, impidiendo la reconciliación», sostuvo Lewis, citado por la agencia de noticias AFP.
«Sabemos que poner fin a los procesamientos será difícil de aceptar para algunos», afirmó, pero es «la mejor solución para ayudar a Irlanda del Norte a avanzar hacia la reconciliación», agregó.
Durante 30 años, el conflicto norirlandés enfrentó a republicanos católicos, partidarios de la reunificación de Irlanda, con los unionistas protestantes, apegados a la corona británica.
Dejó unos 3.500 muertos y terminó recién en 1998 con el acuerdo de paz del Viernes Santo.
Enviado a la zona con el objetivo oficial de «mantener la paz» en 1969, el Ejército británico tuvo una participación cuestionable en el conflicto y es responsable, según el índice Sutton elaborado por la Universidad del Ulster, de unas 300 muertes durante las operaciones que terminaron oficialmente en 2007.
El proyecto británico, que afectará tanto a los exveteranos como a los exmiembros de grupos paramilitares, suscita fuerte oposición en la vecina República de Irlanda.
«No creo en una amnistía general para aquellos que han cometido un asesinato, ya sean actores estatales o estén involucrados en organizaciones terroristas o ilegales», afirmó hoy en Dublín el primer ministro irlandés, Michael Martin.
La presentación de este texto se produce dos semanas después de que la Justicia británica retirara los cargos contra dos exsoldados acusados de tres asesinatos en 1972 en Irlanda del Norte, en particular durante la masacre conocida como Domingo Sangriento.
La decisión, que enfureció a las familias de las víctimas, fue tomada a raíz de una revisión de las pruebas tras la absolución en mayo por un tribunal de Belfast de otros dos veteranos juzgados por el asesinato de un miembro del desaparecido grupo armado republicano IRA en 1972.
Mary Lou McDonald, presidenta del partido republicano Sinn Fein, exbrazo político del IRA, denunció el proyecto del Gobierno del primer ministro Boris Johnson como un «insulto a las víctimas y sus familias» y «una acción unilateral del Gobierno británico».
En el campo contrario, el diputado unionista norirlandés Jim Shannon denunció ante el Parlamento británico una «amnistía para los terroristas asesinos».(Télam)
