Investigado por la corte, Bolsonaro es involucrado en otra denuncia de cuando era diputado
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue involucrado hoy en el desvío de dinero público de la época en la cual era diputado nacional, mediante la contratación de familiares como empleados fantasma o "ñoquis" que debían devolverle parte de sus sueldos, de acuerdo con una investigación basada en audios de WhatsApp de una excuñada del jefe del Estado revelada por el sitio UOL y el diario Folha de Sao Paulo.
El caso es un capítulo anexo de la investigación que la fiscalía de Río de Janeiro abrió contra el senador Flávio Bolsonaro por lavado de dinero y peculado por haber desviado fondos públicos mediante los retornos que les pedía a sus empleados hasta 2018, cuando el primer hijo del presidente era legislador provincial.
Es un caso de retornos o, como se llama en Brasil, «rachadinhas», usando a empleados «ñoquis» para captarles el salario que reciben.
En uno de los audios revelados por UOL, la excuñada del presidente, la fisicoculturista Andrea Siqueira Valle, afirma que Bolsonaro, cuando era diputado, cargo que ocupó entre 1991 y 2018, utilizaba esta práctica.
Se conocen estos audios revelados por una extensa investigación de UOL luego de que el viernes el Supremo Tribunal Federal determinara la apertura de una investigación contra Bolsonaro por prevaricato en la supuesta corrupción en el contrato de compra de vacunas Covaxin contra el coronavirus.
Bolsonaro, según la mujer, despidió a otro excuñado, André Siqueira Valle, porque se negó a devolver la mayor parte de su salario cuando trabajaba en el Congreso como asesor parlamentario oficial del entonces diputado y hoy mandatario.
«André causó muchos problemas porque nunca devolvió el dinero que debía ser devuelto. Tenía que devolver 6.000 reales y el devolvía 2.000, 3.000. Hizo esto durante mucho tiempo hasta que Jair me llamó y me dijo: ‘Basta, podés sacarlo del cargo porque nunca me devuelve el dinero que tiene que devolver», dice la grabación.
La excuñada del presidente trabajó una década, entre 2008 y 2018, como empleada legislativa del despacho del hoy senador Flávio Bolsonaro cuando era diputado provincial de Río de Janeiro.
El abogado de Bolsonaro, Frederick Wasseff, negó la existencia de ese audio al considerarlo una «prueba clandestina» y calificó su aparición «anticipo de la campaña presidencial de 2022», en las cuales el presidente se jugará la reelección.
Otro audio registró conversaciones en las que Bolsonaro fue citado como «01», apodo que lo indicaría como jefe de un grupo irregular en el que participó el expolicía Fabricio Queiroz, amigo de Bolsonaro que estuvo preso por coordinar la red de retornos de salarios de asesores de Flavio Bolsonaro en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
Flávio Bolsonaro compró el mes pasado una mansión de 1,2 millones de dólares en la zona más rica de Brasilia.
Queiroz, un antiguo amigo de Bolsonaro cuando ambos eran miembros del Ejército, fue detenido el año pasado cuando estaba prófugo en la casa de Wasseff, el abogado del presidente.
Queiroz también fue investigado debido a la transferencia de dinero de origen dudoso a la esposa del presidente, Michelle Bolsonaro.
En la oficina del entonces diputado Jair Bolsonaro en Brasilia, también trabajó la hija de Queiroz, una famosa personal trainer, quien nunca fichó para ir a trabajar al Congreso.
La red en la oficina parlamentaria de Flavio Bolsonaro también mantenía como empleados legislativos a familiares de policías y expolicías sindicados como parte de las ‘milicias’, los grupos paramilitares que le disputan poder territorial y negocios a las bandas de narcos en las comunidades y favelas cariocas.
Estas revelaciones llegan en el peor momento de Bolsonaro en cuanto a popularidad, por debajo del 25 por ciento, desde que asumió el 1 de enero de 2019.
El sábado, por tercera vez desde el 29 de mayo, la oposición realizó manifestaciones en más de 300 ciudades para pedir su renuncia y reclamar por alguno de los 123 pedidos de juicio político contra el gobernante.
Entre los pedidos de juicio político, se encuentran los dos recientes escándalos del Gobierno por supuesta corrupción en la compra de vacunas contra el coronavirus.
Por eso, el ultraderechista lanzó un contraataque para señalar a la corte suprema, que lo ha comenzado a investigar.
Sugirió, a través de las redes sociales, que existen videos vinculando un supuesto caso de pedofilia contra algún miembro del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país.
En una serie de textos publicados en Twitter, Bolsonaro intenta vincular a la izquierda con abusos de menores, en un mensaje ocurrido en el peor momento judicial del mandatario, investigado por prevaricato por orden de Rosa Weber, jueza del Supremo Tribunal Federal.
«Vamos a suponer que exista una autoridad filmada en una escena con menores (o con personas del mismo sexo o con traficantes) y que alguien llamado ‘Daniel’ les haga chantaje amenazando divulgar este video», dijo Bolsonaro.
La referencia a Daniel es al exguerrillero, exjefe de gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva y condenado por corrupción José Dirceu, quien usaba ese mote cuando se fue a Cuba durante la dictadura militar brasileña, en los años setenta.
Bolsonaro habitualmente declara contra los miembros de la alta corte y uno de sus blancos preferidos es Luis Barrosso, quien como titular de la justicia electoral rechaza las sospechas de fraude que el mandatario ha lanzado sobre el sistema electoral brasileño cuando comenzó a aparecer derrotado para las elecciones de 2022 ante Lula.
Bolsonaro comenzó a ser investigado porque Ricardo Miranda, director de importaciones del Ministerio de Salud, y su hermano Luis Miranda, diputado bolsonarista, contaron que en una reunión el 20 de marzo con el presidente le narraron una red de cabildeos que permitió una sobrefacturación del 1.000 por ciento en un contrato para adquirir la vacuna india Covaxin mediante intermediarios.
Este caso se suma a otra denuncia en la cual el intermediario Davati, una empresa de insumos médicos de un cubano-estadounidense, denunció que un funcionario del Ministerio de Salud le pidió 1 dólar de coima por cada vacuna AstraZeneca que compre para el programa de vacunación brasileño.(Télam)