Vicepresidenta de Colombia recibió a comisión de la CIDH

Ramírez explicó que el encuentro que tuvo esta mañana con los delegados fue «una reunión de instalación» de una audiencia privada solicitada por el Estado en el marco del paro nacional, en el que además de las víctimas se denunció brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza.

«Fue una audiencia que el embajador de Colombia ante la OEA (Organización de Estados Americanos), Alejandro Ordóñez, había solicitado hace varios días y que tiene por objeto que las autoridades de control, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, puedan entregarle a los comisionados lo que ha sido el actuar de cada una de estas entidades», manifestó.

Se trata de «un informe de lo que viene sucediendo en Colombia desde el 28 de abril, cuando nuestro país ha estado bajo el asedio de unos grupos minoritarios que se han aprovechado de la protesta para generar desconcierto, caos, destrucción», agregó Ramírez.

Mañana, parte la comisión se trasladará a las ciudades de Cali, Popayán, Tuluá y Buga, las más afectadas por las protestas, y sostendrá reuniones con autoridades locales y la sociedad civil hasta el próximo jueves.

Según denuncias de la ONG Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, entre el 28 de abril y el viernes pasado al menos 77 personas murieron durante las protestas en Colombia, 34 de ellas a manos de efectivos de la Fuerza Pública.

Además, 1.246 civiles resultaron heridos, de los cuales al menos 74 sufrieron lesiones oculares y 87 fueron heridas por armas de fuego.

La entidad agregó que se detuvo de manera arbitraria al menos a 2.808 personas y se cometió violencia de género contra 106 personas.

En cambio, la Fiscalía sostuvo que al 31 de mayo había recibido reportes de 48 muertes en las protestas y concluyó que 20 de ellas tienen nexo directo con las manifestaciones, nueve fallecimientos están en proceso de verificación y en 19 «hay evidencia suficiente de que no guardan vínculo con las movilizaciones».

La ONU, la OEA, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos se sumaron a las denuncias de uso desproporcionado de la fuerza publica.

En este contexto, el presidente Iván Duque anunció anunció ayer una reforma de la Policía, una institución cuyo rol se encuentra bajo la lupa en medio del estallido social que sacude al país.

La reforma se hará mediante un proyecto de ley, que será radicado en el Congreso el 20 de julio, a través de decretos y se llevará a cabo a través de 10 líneas de acción, como la creación de la Dirección de Derechos Humanos y un Observatorio de Derechos Humanos en la Policía, donde se contempla transversalizar el enfoque de género.

Esa modificación integra las peticiones desde varios sectores de la oposición al presidente y también responde a una demanda creciente que se ha expresado en las calles durante la ola de protestas iniciadas el 28 de abril pasado y que tiene sumido al país en una honda crisis política.

Ayer, poco después del anuncio de Duque, el Comité Nacional de Paro, el colectivo que lidera las movilizaciones, decidió suspender unilateralmente la interlocución en la mesa de diálogo «ante el incumplimiento del Gobierno del preacuerdo de garantías».

«El paro que arrancó el 28 obligó al Gobierno a decir que negociaría, pero en realidad viene dilatando la negociación» señala el grupo que agrega que «sigue a la espera de que el Gobierno nacional acoja el preacuerdo y derogue el decreto 575 que autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta social», la principal demanda del grupo.