Tribunal de Cuentas de España fijó sanción económica a Puigdemont, que amenaza con demandar
El Tribunal de Cuentas de España fijó hoy en casi dos millones de euros la responsabilidad contable que tendría que satisfacer el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, quien aseguró por intermedio de su abogado que ante una sanción económica llevará la causa ante la Justicia de Bélgica, donde reside desde hace cuatro años, como prófugo de la justicia española.
Puigdemont llevará llevará al Tribunal de Cuentas ante «la justicia belga y a la que haga falta si tiene alguna repercusión económica del tipo que sea», aseguró el abogado Gonzalo Boye, quien de todos modos instó a esperar qué resuelve el tribunal al terminar la vista en la que fija la liquidación provisional por el presunto desvío de fondos en las delegaciones de la Generalitat en el extranjero.
«De momento el tribunal solo ha hecho papeles. Si va a entrar en bienes y efectos de Puigdemont, eso ya es otra cosa. Si alguien me mete la mano en la cartera, creo que es claro lo que está haciendo», añadió.
Boye respondió así tras preguntársele por qué presuntos delitos podría empezar el procedimiento judicial en Bélgica, donde Puigdemont, fugado de la justicia desde hace casi cuatro años, tiene fijada su residencia y podría ser afectado por un posible embargo.
El Tribunal de Cuentas fijó hoy inicialmente en casi dos millones de euros la responsabilidad contable que tendría que satisfacer Puigdemont, y la misma cifra al exvicepresidente Oriol Junqueras, uno de los beneficiados por el polémico indulto y liberación decretado días atrás por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Boye advirtió que los actos judiciales en España pueden tener consecuencias en otras jurisdicciones y afirmó que el equipo de la defensa de Puigdemont va a reaccionar a lo que resuelva el Tribunal de Cuentas.
A su vez, tildó de «espectáculo humillante, abusivo, inquisitorial y absolutamente tendencioso» la vista que ha empezado a correr hoy por la mañana.
El letrado dijo que le avisó a la instructora del caso que no había pedido un suplicatorio al Parlamento Europeo para procesar a Puigdemont a pesar de tener inmunidad como eurodiputado.
«Se lo he dicho claramente y ha dicho que no lo necesita», amplió Boyé, en declaraciones a la agencia de noticias Europa Press.
El abogado consideró que «esto también es una situación que excede el ámbito hispánico y traspasa los Pirineos, pero es una decisión de ella», y agregó que este asunto sería competencia de la Eurocámara y del Tribunal General de la Unión Europea.
«Hay cuatro o cinco posibles vías. Las tenemos estudiadas en función de lo que ella haga», concluyó Boye, quien insistió que la forma en que se está desplegando el procedimiento supone «inseguridad jurídica».(Télam)
