Misión de la CIDH se reunió con Duque y evaluará cerca de 600 denuncias
El presidente de Colombia, Iván Duque, le transmitió hoy a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “el derecho a la protesta pacífica está garantizada” en el país y le ratificó el “compromiso” del Gobierno con los DD.HH, aún cuando la representación ya anunció que evaluará 584 presuntas violaciones cometidas en el marco de las protestas contra el Ejecutivo.
“Le ratificamos el compromiso del Estado en la protección de los DD.HH y dejamos en claro que la protesta pacífica está garantizada. Ellos van a escuchar a quienes presentaron denuncias por posibles excesos de la fuerza pública, pero también a las víctimas de los bloqueos”, explicó la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez.
Fue la reseña del encuentro que juntó a Duque con la delegación de la OEA, en la sede de la Cancillería colombiana, y apenas un día antes de que la CIDH pueda probar en territorio el accionar de la policía Nacional en días de protesta: mañana el Comité Nacional del Paro (CNP) se propone “la toma de Bogotá” con delegaciones que llegarán desde todos los departamentos.
Apenas empezada la jornada la Defensoría del Pueblo (Ombudsman) anunció que la CIDH analizará 584 presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones iniciadas el 28 de abril, la mayoría a manos de la fuerza pública.
Parte de la representación de la CIDH viajó hoy a Cali para relevar la ciudad, una de las más golpeadas por la violencia durante el paro.
La oficina del Ombudsman dijo que entregó a la CIDH un balance sobre las manifestaciones, que empezaron contra una reforma tributaria promovida por el Gobierno y desechada más tarde ante la presión de cientos de miles de personas en las calles. Las manifestaciones se mantienen a diario con jornadas más intensas que otras.
La policía está en la mira de la comunidad internacional, que denuncia excesos y abusos de su parte contra los manifestantes.
Decenas de personas murieron en las protestas y cientos fueron heridas, en tanto la Fiscalía General oficializó que investiga 11 desapariciones, aunque las organizaciones denuncian al menos el triple.
El CNP, un conglomerado de 22 organizaciones, suspendió las conversaciones que mantenía con el Gobierno desde principios de mayo y convocó a nuevas protestas para mañana.
La central será la que dieron en llamar “la toma de Bogotá”, de modo de llevar miles de personas a la ciudad sede de los tres poderes, un gesto simbólico del descontento reinante.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó la convocatoria, por el momento crítico que atraviesa la capital por los contagios de Covid-19 y la alta ocupación de unidades de cuidados intensivos.
“Es absolutamente irresponsable que se sigan planeando tomas de Bogotá. Bogotá y Colombia ya han tenido suficiente con las tomas guerrilleras, con las tomas paramilitares, para que ahora hayan tomas de aglomeraciones. Hago un llamado a la mínima responsabilidad», sostuvo López.
La idea del CNP es que las columnas lleguen a las 15 (las 17 de Argentina) al hotel Tequendama, donde una representación de los promotores del paro y las movilizaciones estará justamente reunida con la CIDH.
Sobre la tarea de la CIDH, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, detalló que en el texto que entregó incluyó 417 quejas que dan cuenta de 584 violaciones a los derechos humanos, “y el 73% se refiere como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública, y de ese porcentaje el 98% son atribuidas a la Policía Nacional», según la agencia AFP.
Según el jefe de la entidad, «las vulneraciones más graves se traducen en 58 casos de presuntos homicidios», de los cuales 45 ocurrieron en el departamento de Valle del Cauca, en el suroeste del país, cuya capital es Cali.
Mañana y el jueves, la CIDH escuchará a otras autoridades gubernamentales, organizaciones civiles, colectivos, sindicatos, víctimas y sus familiares «para recibir testimonios, denuncias y comunicaciones».
Tras verse hoy con Duque y varios integrantes del gabinete, la delegación se reunió con el ministro de Defensa, Diego Molano, y el director de la Policía Nacional, Jorge Vargas.
Entre quienes estuvieron con Duque en el encuentro se contó la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, quien insistió en que Colombia es “un país con una institucionalidad que funciona, un país que ha estado sometido durante seis semanas a una destrucción sin razón”.
“Unos pocos escondidos detrás de la protesta legítima de jóvenes en Colombia atentan contra la institucionalidad, la democracia, el derecho a progresar que tiene la sociedad y el derecho que tienen las familias al trabajo”, se quejó la funcionaria.
Por el lado de la visita asistieron la titular del organismo, Antonia Urrejola, y los secretarios ejecutivos Camina Koch, Maximiliano Duarte y María Claudia Pulido.(Télam)
