Ley votada en 24 horas y de 220 palabras, el origen de la ola de detenciones en Nicaragua

Una ley expresada en 220 palabras -1.435 caracteres con espacios-, votada en 24 horas el 21 de diciembre último por legisladores a quienes se les interrumpieron sus vacaciones, y llamada «De defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz», es la que aplicó el Gobierno de Nicaragua para detener a varios lideres de la oposición, entre ellos precandidatos presidenciales.

El primer artículo, titulado «Defensa de los derechos del pueblo», establece que «los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares (…) serán ‘Traidores a la Patria’, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua».

El Gobierno sandinista afirma que las aprehensiones -20, hasta hoy- son legales y carga sobre la eventual intención de los involucrados de tramar un golpe de Estado.

El presidente Daniel Ortega, por ejemplo, se encargó de dejar en claro que los detenidos no son «candidatos» ni «políticos», sino «criminales» que atentaron «contra la seguridad del país», y los señaló como «agentes del imperio yanqui».

«Que no vengan con el cuento de que son candidatos; aquí no hay ningún candidato inscripto; no ha llegado el tiempo para que haya candidato», aseguró Ortega, quien acusó a todos los detenidos de ser «agentes del imperio yanqui», que «conspiran contra Nicaragua, para derrocar al Gobierno».

«Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento», afirmó el Presidente esta semana en un acto que marcó su primera aparición desde que comenzaron las detenciones.

La ley contó con el voto favorable de 70 legisladores oficialistas y tuvo el rechazo de 14 opositores, mientras que otros cinco se abstuvieron.

Después de la aprobación de la ley, la cadena France24 publicó la opinión del jurista José Pallais, quien la calificó como «inconstitucional, nula y sin ningún valor».

Pallais fue detenido en la primera semana de este mes acusado de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares».

Desde una redada policial, que se inició el 2 de junio, fueron detenidos los principales precandidatos que se perfilaban como posibles rivales de Ortega: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro (primo de Cristiana) y Miguel Mora.

Cristiana Chamorro es la única de todos los detenidos a quien no se la encuadra como alcanzada por la ley votada a fin de 2020, sino que tiene una acusación penal de lavado de dinero a través de la fundación que presidió y que llevaba el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.

El clima social, de por sí tenso, sumó el mes pasado otra fuente de preocupación para la oposición luego que el Gobierno concretara una reforma electoral que también podría dejar fuera de juego a cualquier candidatura por los mismos cargos.

La enmienda afirma que es un «deber» de los partidos políticos «no incurrir en actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, demanden la aplicación de sanciones económicas en perjuicio del Estado y pidan intervenciones militares».

Y concluye al respecto que «el Consejo Supremo Electoral, de oficio, o a solicitud del Ministerio Público o de otros partidos políticos, podrá cancelar o suspender la personalidad (personería) jurídica a los partidos políticos por el incumplimiento comprobado de los deberes establecidos en la presente Ley».

Luego de esta reforma -y antes de su detención- Cristiana Chamorro dijo: «Ortega ya está derrotado, por eso se apresuró a aprobar una reforma electoral que, en vez de facilitar las elecciones, más bien las complicó, le puso más restricciones y nombró a un Consejo Supremo Electoral totalmente obediente a sus órdenes».

Ortega, de 75 años, fue líder del primer Gobierno sandinista en Nicaragua en 1979 tras el triunfo de la revolución y fue elegido presidente en 1984.

Luego de ser derrotado en las urnas en 1990 por Chamorro, regresó al poder en 2007 y fue reelegido en 2011 y 2016 tras una reforma constitucional que le permitió postularse nuevamente.