Una aplastante realidad conocieron los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales en su última sesión. Se trata de un informe de la Contraloría que indica que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019, un 44,22% de las denuncias ingresadas a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no tuvieron asociada alguna gestión.
Con estos antecedentes, la instancia acordó repensar los plazos y roles que tiene que cumplir el citado organismo, todo esto en el debate que se está dando del proyecto que fija una Ley Marco de Cambio Climático. Cabe recordar que la Comisión se encuentra analizando más de 600 indicaciones al texto en primer trámite.
En la cita, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez comentó que “respecto de las denuncias ingresadas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019, se identificó que un 44,22% no tuvieron asociada alguna gestión por parte de la SMA, esto es una solicitud activada de fiscalización ambiental, un procedimiento sancionatorio o su archivo por falta de mérito”.
Frente a este escenario la autoridad reconoció que en la ley no ha quedado suficientemente expreso el sentido de oportunidad que debe tener la gestión de las denuncias por parte de la Superintendencia.
En tanto, el superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza explicó que “nosotros fiscalizamos un universo muy amplio de empresas desde panaderías a mineras distribuidas por todo el país. Se trata de cerca de 17 mil instalaciones con alguna obligación ambiental”. Tras ello aseguró que para este año se espera una gestión anual histórica de denuncias.
“Desde 2013 a la fecha, se recibieron cerca de 16 mil denuncias, y durante 2021 se ha recibido un 50% más que el promedio histórico”, afirmó. Eso sí, advirtió que, “no obstante la mejora sustantiva de gestión que han desarrollado en el último tiempo, existen restricciones de recursos importantes”, planteando que para un servicio oportuno de denuncias, se requieren 290 personas adicionales, 80% de ellas en regiones. “Hoy existen instrumentos que no cuentan con financiamiento”, hizo ver.
Tras las exposiciones, la presidenta de la Comisión, la senadora Ximena Órdenes manifestó que “más allá del presupuesto, el informe habla de un accionar sistemático. Valoro que el 2020 se revierta esa tendencia por primera vez. Se requiere un plan de acción identificando qué causas se archivaron porque cada una de ellas es importante y hay que hacer un seguimiento”.
La senadora Isabel Allende comentó que “este tema no es propio de este gobierno sino del funcionamiento como Estado, Me parece un absurdo que se llegue a rebajar un 7% el presupuesto de este año”.
En esa línea, instó a la mesa técnica y la comisión que está trabajando en el proyecto de ley de marco de cambio climático hacerse cargo de este problema. “De lo contrario, estamos generando una nueva institucionalidad pero nuevamente puede haber una frustración en el sentido que no se cumplan lo que tendrían que ser los planes de adaptación”, remató.
A su vez, el senador Alfonso De Urresti planteó que “es una tomadura de pelo que no estemos reforzando esta Superintendencia. Las otras superintendencias (Servicios Sanitarios, de Electricidad y Combustibles, por ejemplo) tienen muchos más funcionarios que la SMA. Si queremos estar a la par de otros países en cuanto al Cambio Climático, lo mínimo es contar con el personal necesario para seguir las denuncias”.
Así, se acordó solicitar ayuda al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), que está apoyando el texto con la mesa técnica de los asesores, para ver si es necesario dar más facultades. Y además, crear un protocolo de seguimiento a la Contraloría y la SMA -que acompañe a la ley marco- para tener más herramientas.
Fuente: Senado de Chile
