Gobierno anuncia nuevo protocolo para Carabineros con eje en los DDHH

“Todas las personas tienen derecho a participar en reuniones lícitas, esto es, pacíficas y sin armas, de conformidad a las garantías que confiere la Constitución, las leyes y los derechos consagrados en los principales instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos”, definió el texto titulado Protocolos para el Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público.

En cuanto al “derecho a manifestación”, el texto explicó que todas las protestas serán resguardadas por Carabineros para garantizar el desplazamiento, definiendo los espacios para desarrollarse.

El documento estableció en su apartado que “la realización de acciones ilícitas, cualquiera sea el tipo, no constituye un ejercicio legítimo del derecho a reunión”.

Dispuso por eso seis etapas de intervención ante la eventual comisión de delitos: Contención, Disuasión, Despeje, Dispersión, Detención e Informe y Auditoría.

Este último punto constituye toda una novedad porque obligará a Carabineros a hacer un informe por cada intervención y reportarla al Ministerio del Interior.

El nuevo texto policial afirmó además que “no se deben realizar detenciones masivas e indiscriminadas” y que los arrestos “deben fundarse en antecedentes de los que debe constar registro y, asimismo, deberá haber un funcionario responsable, que velará por el apego irrestricto del procedimiento a la normativa aplicable”.

La intervención “oportuna” y el uso de la fuerza policial también es parte de una nueva definición, que establece la separación de responsabilidades entre el mando de Carabineros y los funcionarios en el terreno.

“El uso de la fuerza fuera de los parámetros permitidos por la ley conlleva responsabilidades individuales por las acciones u omisiones incurridas, y eventualmente del mando inmediato con control efectivo en terreno, a cargo del actuar policial en un lugar determinado, encargado de supervisar el uso legal, necesario y proporcional de la fuerza”, señaló el protocolo.

Se incorporaron además “observadores de derechos humanos”, a quienes se identificará con un jefe directo y no podrán participar de la marcha como activos, sino solo como entes que estarán supervisando el desarrollo de las funciones policiales.

“Durante las etapas de contención, disuasión, despeje, dispersión y detención, los observadores pueden mantenerse en las cercanías del personal de Carabineros, pero no pueden entorpecer u obstaculizar las referidas operaciones. Especialmente, no deben interponerse entre los funcionarios policiales y el sector donde se produce la acción ilícita”, estableció el documento.

La fuerza de Carabineros es objeto hace años de cuestionamientos por sus métodos violentos, casos de gatillo fácil y represión indiscriminada en protestas, un cuadro que se agudizó en las manifestaciones de los últimos años.

En febrero y marzo, varios partidos opositores, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la organización Amnistía Internacional reclamaron una reforma de la fuerza.

Según el INDH, entre el inicio de las protestas masivas de octubre de 2019 y noviembre de 2020, 3.383 chilenos denunciaron ser víctimas de abusos o violaciones a sus derechos fundamentales, aún con las manifestaciones habían menguado por la explosión de la pandemia de coronavirus y el inicio de las medidas restrictivas para frenar los contagios.

En total, en 2020 se registraron 417 denuncias judiciales de víctimas de los Carabineros.

En abril, en un acto por el aniversario de la fuerza, el director de Carabineros, general Ricardo Yáñez, afirmó que la institución es “consciente” de que debe “acrecentar su legitimidad” ante la población.