Dos nuevos arrestos de opositores en Nicaragua y HRW pide a ONU más presión contra Gobierno
Con estos dos arrestos se eleva a 19 el número de opositores detenidos, entre ellos cinco precandidatos a la Presidencia.
Los arrestos de opositores en Nicaragua continuaron en las últimas horas con la detención de la exprimera dama María Fernanda Flores y del periodista Miguel Mendoza, a menos de cinco meses de las elecciones generales, en tanto la organización Human Rights Watch (HRW) exhortó hoy a la ONU a escalar su respuesta a la crisis.
A todos ellos se les aplica una ley aprobada por el Congreso oficialista que permite procesar a quienes, a juicio del Gobierno de Daniel Ortega, cometan actos que «menoscaban la independencia, soberanía» e incitan «a la injerencia extranjera».
Flores, esposa del exgobernante Arnoldo Alemán (1997-2002) y exdiputada (2017-2020), «permanece bajo custodia policial» en su domicilio, informó la Policía en un comunicado.
Ella perdió su condición de legisladora en medio de polémicas por la conducción del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), que integró.
Su esposo fue condenado en 2003 por lavado de dinero y actos de corrupción durante su gestión, pero en 2009 la justicia lo exoneró de los cargos que se le imputaban. La policía no informó sobre su situación actual.
En tanto, el periodista deportivo Miguel Mendoza, detenido este lunes, es un crítico del Gobierno, apuntó la agencia de noticias AFP.
El último de los precandidatos detenidos fue el periodista Miguel Mora, anteanoche. Le antecedieron Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, tras una redada que se inició el 2 de junio.
A Cristiana se le procesa también por presunto lavado de dinero desde la fundación que presidió y que llevó el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
Por su parte, el periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana y director de medios críticos al gobierno, denunció en sus redes sociales el allanamiento policial de su casa anoche.
Ortega, un exguerrillero que gobernó de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en las elecciones del 7 de noviembre.
Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejó más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.
El sandinismo aseguró que celebrará elecciones generales «libres, justas y transparentes» y exigió «la no injerencia de cualquier gobierno extranjero» en el proceso.
Human Rights Watch exhortó hoy a la ONU a escalar su respuesta a la crisis.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería incrementar la presión para proteger los derechos humanos y asegurar elecciones libres en Nicaragua, dijo la ONG en un informe que detalla «hostigamientos», «arrestos» y «procesos penales arbitrarios» contra críticos de Ortega, en algunos casos implicando incluso «tortura».
El reporte de HRW, que incluye 53 testimonios recogidos telefónicamente entre enero y junio de este año, insta al secretario general António Guterres a invocar el artículo 99 de la Carta de la ONU para plantear el caso de Nicaragua ante el Consejo de Seguridad, argumentando un peligro de inestabilidad en la región.
«Es fundamental que el secretario general potencie las acciones de la ONU y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad», afirmó José Manuel Vivanco, director para las Américas de HRW, al difundir el informe.
Un portavoz de la ONU señaló el 9 de junio que Guterres estaba «profundamente preocupado por los recientes arrestos y detenciones» en Nicaragua, «así como por la inhabilitación de las candidaturas de opositores».(Télam)
