Biden anunció plan para bajar criminalidad y controlar venta de armas

«Vimos un aumento en la violencia armada en todo el país desde el comienzo de la pandemia; es inaceptable y debemos tomar medidas para combatirlo, y es por eso que anunciamos un enfoque integral para prevenir y responder a los delitos con armas de fuego y garantizar la seguridad pública», escribió Biden en su cuenta de la red Twitter.

El mandatario hizo públicos cuatro puntos centrales de su estrategia «para combatir la violencia armada y los delitos violentos»: detener el flujo de armas de fuego, crear una Policía comunitaria avanzada, invertir en intervenciones de violencia comunitaria basadas en evidencias y ampliar la programación de verano y las oportunidades de empleo.

La ampliación de la programación de verano tiene que ver con que «históricamente el crimen aumenta durante el verano, y ahora que salimos de esta pandemia y el país reabre», especuló Biden, el aumento tradicional en el crimen «podría ser más pronunciado de lo que normalmente» se ve.

Además, el mandatario admitió que existen «demasiados vendedores de armas que creen que pueden salirse con la suya si venden armas a gente que no tiene permiso legalmente para tenerlas», pero advirtió que su administración tendrá «tolerancia cero» para con ellos.

Escoltado por el fiscal general, Merrick Garland, el jefe de la Casa Blanca denunció que el 5% de los comerciantes de armas del país venden el 90% de las pistolas ilegales halladas en escenas del crimen, y los señaló como «mercaderes de la muerte que están rompiendo la ley para conseguir un beneficio económico».

«Si venden a propósito un arma a alguien que tiene prohibido portarla, si evitan a propósito controlar los antecedentes del comprador, si falsifican a propósito un historial… Mi mensaje para ellos es: los encontraremos y les sacaremos la licencia para vender armas», prometió Biden.

Biden ordenó a su Gobierno que revoque las licencias de esos comerciantes cuando se cumpla una sola de esas faltas.

Las principales ciudades del país sufrieron un incremento de los homicidios del 24% en el primer trimestre del año, respecto al mismo período de 2020, que fue uno de los años más mortíferos en un cuarto de siglo.

El análisis de las causas y la forma de enfrentar esta escalada es muy diferente según se trate del oficialismo, que tiene una mirada más cercana al Gobierno de Biden, o de la oposición y los sectores más conservadores.

La oposición republicana insiste en que el deterioro obedece a las reformas policiales adoptadas -o previstas- por determinados municipios tras las grandes manifestaciones contra la brutalidad y el racismo de las fuerzas de seguridad, aunque el hecho de que casi todos los centros urbanos se vean afectados por el fenómeno debilita este argumento.

Así y todo, el presidente dejó en claro que «este no es el momento de darle la espalda a las fuerzas de la ley o a las comunidades».

El mandatario también anunció que promoverá la reinserción social de presos en busca de bajar la reincidencia, mediante una mayor contratación en puestos del Gobierno federal.

El programa habilita además el desvío de fondos del paquete de rescate aprobado en marzo por el Congreso para paliar los efectos de la pandemia a medidas para reducir la criminalidad, por lo que los estados podrán usar ese dinero para contratar agentes, invertir en nuevos tipos de entrenamiento policial y adquirir tecnología.

También podrán invertir en programas educativos destinados a prevenir la violencia, sobre todo en comunidades que, por razones sociales y económicas, tienen más probabilidades de vivenciar sucesos con armas de fuego.

Antes de los anuncios de Biden, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, había dejado en claro que para el Gobierno el debate sobre la reforma policial es importante y legítimo.

Consultada sobre cómo debe actuar el Gobierno cuando el Congreso, que se encuentra dividido respecto al tema, se niega a hacerlo, Psaki aludió a la imagen presidencial.

«Puede usar el peso de la palabra presidencial y otros resortes», respondió Psaki algo evasiva y consciente del limitado margen de maniobra del mandatario.

A principios de abril, Biden denunció la «epidemia» de violencia debido a las armas de fuego en Estados Unidos, algo que calificó de «vergüenza internacional».

En esa ocasión firmó seis decretos, aunque de alcance limitado: uno tenía el objetivo de combatir la proliferación de «armas fantasma», fabricadas en forma artesanal, a menudo con una impresora 3D, y que carecen de número de serie.

El Departamento de Justicia anunció ayer la creación de cinco unidades para abordar el tráfico de armas en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco y Washington, ciudades que registran un fuerte aumento de los homicidios desde hace un año y medio.

Estas unidades reunirán a fiscales federales, policías especializados y actores locales, que «investigarán y desmantelarán las redes criminales que hacen llegar armas a nuestras comunidades con trágicas consecuencias», explicó el fiscal general, Merrick Garland.

Los ásperos debates en el Congreso sobre el control de las armas de fuego continúan, pero cinco meses después de la llegada de Biden al poder, los republicanos, que hasta ahora buscaron encontrar flancos para atacar al Gobierno, lucen decididos a presionar por las inquietantes estadísticas delictivas.

Para el representante republicano de Carolina del Norte Richard Hudson, el discurso de Biden no cambiará nada.

«Los llamados a recortar los fondos de la Policía han implicado un peligroso aumento de la delincuencia. La respuesta del presidente Biden: proponer aún nuevas restricciones a las armas de fuego que solo afectan a los ciudadanos respetuosos de la ley», tuiteó y agregó: «Más que limitar las armas, necesitamos apoyar a nuestros oficiales de policía».

«Concepto básico que los demócratas no parecen entender: los delincuentes no respetan las leyes sobre armas», ironizó su colega Andy Biggs.(Télam)