Tensión creciente en El Salvador, donde Bukele anunció que destituirá a más funcionarios

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, advirtió hoy que puede continuar la remoción de funcionarios, dos días después de que el parlamento, dominado por sus aliados, destituyera a jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general, y en medio de una creciente tensión social atizada por críticas de otros países y organismos internacionales.

«El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos», tuiteó Bukele, sin precisar qué funcionarios siguen en la mira del oficialismo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió “respeto a las provisiones constitucionales, al estado de derecho, a la división de poderes, con vista a preservar el progreso democrático logrado por el pueblo salvadoreño desde la firma del acuerdo de paz”, afirmó su vocero, Stéphane Dujarric, en conferencia de prensa.

En tanto, el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo en Twitter que estaba «siguiendo con preocupación los últimos eventos en El Salvador, que cuestionan el funcionamiento del Estado de derecho y la separación de poderes”, y subrayó que “la seguridad jurídica y física de los magistrados debe ser plenamente garantizada”.

La ONU y la UE se sumaron a pronunciamientos similares hechos ayer por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno de Estados Unidos.

Bukele rechazó esos comentarios con un mensaje irónico en Twitter, en el que escribió: “Si la oposición gana en Nicaragua, dejarían a la corte y la fiscal sandinista. Si la oposición logra ganar en Honduras, dejarían a la corte y el fiscal de JOH (el presidente Juan Orlando Hernández). Si la oposición gana en Venezuela, dejarían a la corte y el fiscal del chavismo. Digo, por aquello del balance de fuerzas».

El vicepresidente Félix Ulloa fue más allá y tildó de “hipócritas”, “mojigatos” y de tener “doble moral” a quienes exigen separación de poderes y respeto al estado de derecho, según el diario local El Mundo.

Por otra parte, la situación causó el desplome de la cotización de los bonos soberanos de El Salvador, que cayeron 3% para el caso de los que vencen en 2023 y 10% los que vencen en 32 años.

El banco de inversión Barclay’s explicó que “el aumento de las tensiones políticas socava las relaciones de Bukele con las instituciones financieras estadounidenses e internacionales, incluido el FMI, y profundiza preocupaciones sobre la posibilidad de un acuerdo con el Fondo, o al menos sobre su momento”, según el diario local La Prensa Gráfica.

Además de la reacciones internacionales, la destitución de cinco jueces de la Corte Suprema -incluido su presidente- y el fiscal general causó ayer protestas frente al emblemático monumento a la Constitución.

Los manifestantes, que no se amilanaron por la lluvia y reclamaron contra lo que consideran un “golpe de estado”, cantaron consignas tales como “Nayib, fascista, vos sos el terrorista”, según los diarios locales.

El sábado, tras instalarse, la nueva Asamblea Legislativa (parlamento unicameral), donde los partidos aliados de Bukele tienen mayoría con 61 de las 84 bancas, destituyó a los magistrados con 64 votos.

Esa misma noche, la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la decisión al declararla inconstitucional y denunció la intención del Ejecutivo de suprimir el control de los otros poderes, pero las instalaciones del Órgano Judicial pasaron inmediatamente a ser custodiadas por la Policía Nacional Civil.

Los legisladores de los bloques de Nuevas Ideas, Gana, el Partido de la Concertación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano destituyeron al presidente de la CSJ, Armando Pineda Navas, y nombraron a Oscar López Jerez en su lugar.

Además cesaron a los jueces Aldo Cáder, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento; designaron para sucederlos a José Pérez Chacón, Luis Suárez Magaña, Héctor Martínez García y Elsy Dueñas Lovos, y reemplazaron al fiscal general, Raúl Melara, por el abogado Rodolfo Delgado.

Los nuevos magistrados carecen del principio de independencia que manda la Constitución para desempeñar sus cargos, según el diario digital El Salvador.com.

Delgado y Pérez Chacón fueron abogados o asesores de Bukele en la Casa Presidencial y los otros nuevos magistrados también fueron cuestionados por diversos antecedentes.

Suárez Magaña fue designado en septiembre pasado por Bukele como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en representación del gremio de periodistas pese a no ser periodista.

Martínez García fue defensor del director de la Policía Mauricio Arriaza Chicas cuando este fuera interpelado por la Asamblea anterior por su participación en la toma armada del parlamento en febrero de 2020.

López Jerez participó de una reunión en la que pidió favores procesales al entonces fiscal general Luis Martínez, hoy preso, y fue uno de los magistrados de la Sala en lo Civil que votó a favor de la liberación de militares acusados del asesinato de jesuitas en 1989.

Asimismo, Dueñas Lovos fue demandada en 2019 por el IAIP por negarse a brindar informes de probidad de casos de presunto enriquecimiento ilícito en funcionarios, según el periódico.

Los magistrados destituidos y el fiscal Melara habían sido electos por la anterior legislatura, que dominaron los partidos tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena, de derecha) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, exguerrilla, de izquierda).

Tanto Arena como el FMLN se alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019.

«Aquí nos costó 30 años botar el régimen que nos tenía en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza», subrayó hoy Bukele.