Recursos hídricos de Chile y su gente: un tema constitucional

El agua de lluvia y deshielos que se mueve hacia arroyos, ríos, lagos y aguas subterráneas, proporcionan a las personas este líquido esencial. Gracias al ciclo del agua, el suministro de nuestro planeta se mueve continuamente de un lugar a otro. Circula entre la atmósfera, la superficie del planeta y bajo tierra. Su disponibilidad es fundamental para la agricultura, el consumo humano, la industria y la generación de energía.

Más del 96 por ciento del agua en la Tierra, es el agua salada de los océanos. Cubre el 70% de la superficie del planeta –pero sólo el 2,5% corresponde a agua fresca (ríos, lagos, acuíferos)– y únicamente el 0,62% es apta para el consumo humano, agrícola e industrial. En breve, el agua dulce es un bien muy escaso.

El territorio nacional tiene una marcada variedad hídrica. Nuestra diversidad geológica, geomorfológica y climática controla la distribución de los recursos hídricos a lo largo del territorio. Mientras en la zona norte del país existe un menor caudal de aguas para el suministro de las principales actividades, la zona sur dispone de una mayor oferta del recurso hídrico. El sector agrícola es el principal usuario de agua, con extracciones de alrededor de un 73%, y la minería y los usos industriales comparten un 21%.

Diferentes estudios señalan que Chile será uno de los países más afectados por el cambio climático. Elementos notorios que afectan la disponibilidad de agua son contaminación y sobre-otorgamiento de derechos de uso, excesivo consumo y reducción de su disponibilidad debido a cambios que está experimentando y que probablemente seguirá teniendo el régimen de lluvias. Recientes estudios oficiales precisan que 61 comunas del país están afectadas por la carencia de este recurso.

Los principales cambios observados en nuestro territorio son sequías, crecidas y deslizamientos de tierra, con las pérdidas económicas que ello implica. Se recalcan la aceleración del estrés hídrico por crecimiento poblacional, por usos de la tierra y urbanización. El derretimiento de glaciares y reducciones de la cubierta de nieve en los últimos decenios se está acelerando afectando la disponibilidad de agua.

Las cifras indican un mayor consumo de casi 3 veces en las últimas décadas, lo que indicaría una tendencia al incremento.

Las opiniones están divididas en torno al régimen existente de propiedad y mercado de las aguas en Chile. En una nueva Constitución se vislumbra un avance hacia una protección efectiva del derecho de toda persona a un ambiente sano y equilibrado —sin restringirse solo a vivir en un medio ambiente no contaminado— y establecer el principio de desarrollo sostenible.

La Constitución debe abordar aspectos primordiales relacionados con su manejo: garantía estatal del derecho al agua para consumo humano y saneamiento, respeto al caudal mínimo ecológico para los derechos otorgados y a otorgar, cancelar derechos a perpetuidad y que el Estado pueda caducar estos derechos por mal uso o plazo del tiempo.

Se requiere gestión integrada de recursos hídricos, por su valor ambiental, social y productivo. Esta gestión debe ser hecha por el Estado y todos los interesados, incluyendo ecosistemas y generaciones futuras.

Se debe incentivar la organización de usuarios asegurando la representatividad en cada cuenca.

Planificación del uso urbano y ordenamiento territorial deberán incluir la variable hídrica. La gestión de cauces y control tanto de crecidas como de inundaciones urbanas, necesita énfasis en soluciones basadas en la naturaleza, como protección de glaciares, humedales, turberas y otros similares mediante prohibiciones de actividades.

El derecho y la gestión de las aguas debe tener sentido sostenible. La autoridad y las organizaciones de usuarios deben tener atribuciones que aseguren la calidad de agua, un caudal ecológico y respeto al ciclo hidrológico.

Legalmente el agua deberá constituirse en un patrimonio y derecho humano irrenunciable, un bien nacional estratégico de uso público inalienable.