Irresponsabilidad municipal e incitación al microtráfico de drogas en Renca

El tráfico de drogas, como micro emprendimiento, se ha vuelto un vecino criminal y peligroso en la mayoría de los barrios populares del país. La prensa oficial lo denomina simplemente narcotráfico. Pero como en todo negocio, y el narcotráfico lo es, existen categorías de “empresarios” y “tipos de emprendimiento” de diversa especialización o escala. Todos ellos cuentan con núcleos públicos o privados de personas y entidades, que por desidia, omisión, incompetencia o simplemente corrupción, operan como facilitadores de los negocios ilegales. Eso ocurre con el tráfico de psicotrópicos y venta ilegal de fármacos de receta retenida, como ha ocurrido en Renca, al igual como ocurre prácticamente en todos los barrios del país. La inteligencia policial y la responsabilidad de las autoridades resultan notorias por su ausencia, y frente a ello, nadie puede callar.

Lo dicho se puede constatar en cualquier feria de Santiago o el resto país. Pequeños distribuidores que venden sin control a quien quiera pagar. Zopiclona, Alprazolam, Diazepam, Clonazepam, Fenobarbital, Metilfenidato (Ritalin, droga Clase II igual que la cocaína en USA y el Rubifen, conocido como la cocaína de los pobres) o Morfina clorhidrato, entre otros. ¿El origen de la “pepa”? Desconocido. Aunque no hay que ser muy perspicaz para entender que provienen del sistema primario de salud administrado por municipios. Principalmente aquellos que poco o nada se preocupan de custodiar la entrega de fármacos y psicotrópicos que son de recetas retenidas y que recetan a mansalva. El destino del “negocio”, es ser materia prima de “drogas de diseño artesanal”, algo más rentable que el tráfico en ferias. Por cierto, también se usa para el insomnio o para calmar la ansiedad, especialmente por mujeres, o por jóvenes para fabricar sus propias “bombas” que las usan en carretes mezcladas con alcohol, o simplemente como cobayas de narcotraficantes que experimentan con ellos sus efectos.

En el mes de junio de 2020, la Municipalidad de Renca recibió el Informe Final N° 106 de la Contraloría General de la República, que entre otros temas reparó como grave la pérdida de 252.513 comprimidos de psicotrópicos y fármacos, todos de receta retenida, lo que equivale prácticamente a la pérdida de un camión de medicamentos.

El registro del sistema Rayen de control digital que opera la Corporación Municipal de Renca y de la cual el Alcalde Claudio Castro es el Presidente, no correspondía a las existencia físicas, y tampoco tenía registros de las entregas. La Alcaldía no pudo justificar qué había pasado, pese a que desde mucho antes venían produciéndose reclamos de los vecinos usuarios de esos remedios a las autoridades de salud del municipio, porque ellos figuraban como entregados y nunca los recibieron por meses.

Los catastróficos resultados pudieron pasar algo inadvertidos públicamente, tanto por las omisiones del Concejo Municipal, con contadas excepciones totalmente clientelizado por el Alcalde, y por el hecho de que en el mes de junio del 2020, el país vivía el peor momento de la primera ola del Covid19.

Pero aún ahora, meses después, el tema subsiste. La última explicación del Municipio fue que cuando el país saliera de la pandemia se dedicaría a arreglar las observaciones hechas por la Contraloría, tanto la de los fármacos perdidos como las del funcionamiento anormal de los cuatro Consultorios de Salud que administra su Corporación Municipal.

En estricto rigor, la Contraloría debería haber denunciado el hecho al Ministerio Público, pues la gravedad de sus reparos y observaciones contenidos en el Informe Final de Auditoria, deja la posibilidad que estén ocurriendo ilícitos graves de tráfico de psicotrópicos y fármacos, lo que pone en riesgo no solo a los vecinos sino a la ciudadanía en general.

Ya en el año 2014, el consumo sin receta de tranquilizantes, estimulantes y sedantes en personas mayores de 12 años, al menos por una vez, se estimaba sobre 200 millones en todo el mundo. En el caso de Latinoamérica, Haití destaca por presentar la mayor prevalencia de consumo de tranquilizantes, seguido de Argentina en el uso de tranquilizantes y estimulantes durante 2017. En Chile, según cifras oficiales unas 191.000 personas consumieron psicofármacos sin receta durante el año 2014, y el 56,3% de los estudiantes señaló haber consumido tranquilizantes sin receta por primera vez antes de los 15 años. Desde entonces, el consumo de psicofármacos sin receta, especialmente de tranquilizantes, ha aumentado en el país hasta casi un 7% de la población. El Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, señala a los medicamentos como el principal agente en casos de intoxicación (57,1%), particularmente de fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central. Los mismos que se le suministran a los niños en los centros de Sename y a los adultos mayores en casas de reposo o centros de salud de nivel municipal.

Peor aún, el gran poder adictivo de estos fármacos, demostrado en estudios en países europeos, indican que más de la tercera parte de las mujeres a las que se les ha prescrito un psicofármaco alguna vez en su vida, pasan a ser consumidoras regulares (mensuales), lo que incentiva su compra sin una prescripción médica, y aumenta el comercio ilegal.

Este verdadero tráfico de fármacos de receta retenida, una especialización del gran tráfico de drogas que se vive en las poblaciones de Chile, le plantea una interrogante tanto a Renca, como a las autoridades nacionales de investigar y controlar a fondo el tema. No sea cosa que lo que ocurre en Renca y otros municipios, termine por destruir nuestros barrios.