Corrupción e impunidad socias estratégicas a todo evento 

En Chile las trampas, los fraudes, los engaños a la fe pública y todas las lacras que se conocen en los mercados y en la estructura de la administración del Estado, se producen porque las empresas, los actores privados y funcionarios públicos que las cometen apuestan, con racionalidad puramente económica, a que no serán detectadas o bien si algunos ciudadanos «entrometidos» las descubren y las denuncian en los organismos competentes, las sanciones serán muy menores, a diferencia de lo que acontece en los países desarrollados del primer mundo.

En nuestra angosta y larga faja de tierra los pillos, sobre todo los de cuello y corbata, calculan con sus expertos en probabilística que, desde el punto de vista de las posibilidades, vale la pena asumir el riesgo, pues es muy fácil sacar ventajas, competencia desleal y vulneración de leyes, para lograr enriquecimientos ilícitos. Distinto sería nuestro país si tuviéramos instituciones probas comprometidas con los bienes públicos, donde no exista la colusión pública-privada, con una Contraloría General de la República, en adelante la Contraloría, con mayores atribuciones legales, conocemos múltiples dictámenes «vinculantes» de la anterior, que no son acatados por las municipalidades, y con leyes drásticas que desincentiven la ocurrencia de delitos.

Sobre los dictámenes de la Contraloría, es bueno conocer la publicación que relata cómo la contraloría detectó 273 casas que no pagaban contribuciones en el borde del lago Villarrica.

De la investigación desarrollada por la Contraloría en Pucón y Villarrica, se desprende que en estas comunas balneario reina una desorganización absoluta, con responsabilidades compartidas entre los propietarios de las mansiones sin permisos de edificación, los alcaldes y directores de obras municipales y los arquitectos que las proyectaron cometiendo dolo al no solicitar esos permisos. Esto se llama corrupción que ocasionó ingentes pérdidas al erario público.

El miércoles 28 de abril pasado, nos imaginamos por haberse conocido 3 recientes y contundentes dictámenes de la Contraloría que declararon las ilegalidades de 3 permisos de edificación, acogiendo las denuncias formuladas por la fundación Defendamos la Ciudad en las comunas de La Florida, Providencia y Las Condes, el canal de televisión Chilevisión nos entrevistó acerca de dichos 3 episodios y posiblemente porque la periodista encontró interesante el asunto, la conversación se alargó más de la cuenta y se tocaron otros tantos casos de corrupción inmobiliaria, como el ya conocido episodio de los guetos verticales ilegales en Estación Central.

En todo caso, este columnista ya se ha referido en este y otros medios de prensa independientes a lo sucedido en esas comunas, cuyos directores de Obras Municipales (DOM) cursaron permisos contrarios a derecho por uno, dos y 25 edificios todos en altura, a las empresas Besalco, Sheraton e Inmobiliaria Mirador Oriente, respectivamente.

Dado que el funcionario municipal de La Florida, que debía invalidar el permiso de edificación, creyéndose autónomo y por lo tanto exento de un control superior, no lo hizo, los vecinos perjudicados con una mole de 17 pisos, se vieron en la obligación de interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual fue acogido a trámite. Dejamos en claro que el alcalde Carter, superior jerárquico del anterior, conociendo muy bien la situación, optó por desentenderse del «problema», luego fue un cómplice activo del hecho.

En Providencia, la alcaldesa Matthei, a pesar de que siempre ha respaldado al funcionario municipal que tramita las solicitudes de este tipo de permisos, en esta ocasión, suponemos que por la connotación pública que tuvo la resolución de la Contraloría, obligó al DOM para que iniciara el proceso de invalidación del acto administrativo mal otorgado. Fue muy burda la «equivocación» de ese DOM al otorgar el permiso, pues para beneficiar a la empresa hotelera en su deseo de construir 2 nuevos edificios habitaciones de 32 pisos c/u en el mismo terreno en donde se emplaza el hotel y otra torre del mismo titular, consideró que el permiso era una obra nueva, en circunstancias de que se trataba de una ampliación de proyecto.

En Las Condes el alcalde Lavín, al igual que su colega Carter, no movió un dedo para que la empresa inmobiliaria obtuviera un nuevo permiso en la vía local Vital Apoquindo, adscribiéndose ahora a las reglas del juego contenidas en su Plan Regulador Comunal (PRC). Este caso no ha sido cubierto por la prensa tradicional y hegemónica por razones de fácil comprensión, pero sí es conocido por los 4 candidatos a alcalde (sa), 2 de los cuales, Marcela Cubillos de Unidad Humanista y Nicolás Preuss de la Democracia Cristiana, han criticado públicamente lo sucedido.

Mientras tanto, los candidatos de la derecha, Gonzalo de la Carrera, del partido Republicano y Daniela Peñaloza de la UDI, actual funcionaria municipal que cuenta con el patrocinio del alcalde y candidato presidencial Joaquín Lavín, han optado por un silencio sepulcral, creyendo así ambas figuras que no hay que molestar a los empresarios, aunque ellos hayan intentado obtener privilegios en sus permisos de edificación. En todo caso, las 3 comunidades aledañas al proyecto, perjudicadas por sus graves impactos negativos, ya están preparando un recurso de ilegalidad en contra de ese díscolo municipio.

Ya que estamos hablando de malas prácticas en este sector de la economía, recordamos que tiempo atrás, antes de la pandemia, Fernando Barraza, director del Servicio de Impuestos Internos (SII), nos invitó a una reunión con otros 4 actores, para conocer nuestra opinión sobre un anuncio que haría respecto al cobro de las contribuciones de bienes raíces o impuesto territorial.

Conocemos muy bien los acomodos que se hacen en los municipios para recibir oficialmente los proyectos de «viviendas económicas» acogidas a los numerosos beneficios tributarios del DLF2, sobre todo las martingalas que hacen algunos para considerar que solo tienen 140 m2 los departamentos de edificios de 4 pisos, acogidos al artículo 6.1.8 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC).

En efecto, ese burlesco artículo permite no ceñirse a todas las normas de los PRC y más encima en las DOM, para el trámite de recepción final de las distintas unidades de los edificios, pasan como «viviendas económicas» y con el certificado respectivo en la mano se transforman, por arte de magia, en viviendas de 250 m2 o más, que se venden en el mercado en UF 20.000. Como guinda de la torta el SII, por tratarse de «viviendas económicas» DFL2 cándidamente cobra menores contribuciones de bienes raíces y si el propietario las arrienda, esos ingresos mensuales, están exentos del pago de impuestos.

Por otro lado, es inentendible que ciertos particulares, por sus mansiones y amplios terrenos localizados en sectores urbanos de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, paguen contribuciones como si fueran área verde y terrenos agrícolas, es decir, pagando ínfimas sumas de dinero por las mismas.

Estos asuntos y otros más grotescos, en la aludida reunión con Barraza, se la empezamos a comentar a él pues era inaceptable que la institucionalidad quedara impávida ante este tipo embustes, lo que fue objetado a viva voz por el arquitecto Iván Poduje, amenazando que se retiraría de la reunión si se abordaba dicha materia, ante lo cual el director del SII, con ánimo conciliador, aquietó el conflicto pero el arquitecto, después de unos minutos, muy enojado, igual se retiró, solidariamente acompañado por Louis De Grange, presidente del Metro, otro de los contertulios.

Finalmente, a la luz de lo que dijo el 02/05/21 en un medio de prensa, Michel Jorratt, ex director del SII, en orden a que solamente con 100 viviendas económicas DFL2 arrendadas sin pagar tributos por esos ingresos, sin esa exención se puede recaudar unos US$ 200 millones anuales. Por ello es plenamente justificable eliminar la mentirosa figura de las «viviendas económicas» DFL2, como también derogar el privilegio de no pagar IVA que tienen las constructoras. Esta exención debería focalizarse exclusivamente para las viviendas de integración social.

En tal sentido, dejamos en claro que, en su oportunidad, le entregamos en la oficina de partes respectiva al entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones, un listado oficial elaborado por el SII, a nuestra solicitud, en el cual se aprecia cómo unos cuantos privados disponen de miles de ese tipo de «viviendas económicas», proponiéndole al actual precandidato presidencial de la derecha que abordara con seriedad esa obscena situación. Recibimos una burocrática respuesta firmada por uno de sus funcionarios, en donde no se decía nada concreto.

Mejor ni hablar de lo que sucede con las llamadas parcelas de agrado de 0,5 ha, acogidas al DL 3516 de 1980, ver link del experto César Ladrón de Guevara, pues en algunos casos estos predios rústicos que conforman condominios han sido declarados ilegales por la Contraloría y la Corte Suprema, pero a pesar de ello se siguen ofreciendo en el mercado para fines habitacionales a vista y paciencia del Minvu, del SAG y de todas las municipalidades del país.

Ya que el Estado requiere aumentar urgentemente la recaudación tributaria, en el entendido de que debemos buscar la justicia en el pago de los impuestos, nos ponemos a las órdenes de Fernando Barraza para que, en una amable conversación vía ZOOM o bien en su despacho, con el mejor espíritu de cooperación le pueda expresar algunas ideas respecto de la avaluación efectiva de los terrenos rurales y eriazos o edificados en los sectores urbanos.