¡Te pasaste po´h Errázuriz!
Por Patricio Herman, presidente Fundación Defendamos la Ciudad
Con la pandemia del coronavirus se ha demostrado, con datos duros a la vista de todos, la triste realidad de nuestro país, desconocida hasta hace poco tiempo por aquellos que disfrutan del poder en el actual gobierno y en tal sentido debemos recordar lo que decía el ex ministro Mañalich respecto de cómo viven las familias del 50 % de la población que, por razones obvias, no tienen pitutos con la casta política.
Por ello ha sido de toda lógica que los afiliados a las AFP puedan retirar el 10% de sus fondos acumulados, aunque sí esta medida debió focalizarse sólo para aquellos que habían perdido sus empleos o sus ingresos mensuales se redujeron.
Está claro que la desigualdad económica es tremenda y por ello algunos expertos en finanzas tímidamente están proponiendo impuestos adicionales para que los muy ricos paguen más, dicen que ellos serían del orden de los 1.500, pero por una sola vez, notándose que los anteriores no desean incomodarlos con mayores tributos permanentes.
Otros manifiestan que una buena medida para recaudar mayor dinero es considerar el cobro de un impuesto al llamado Fondo de Utilidades Tributables (FUT) y repatriar los capitales de aquellos empresarios e inversionistas criollos que están a buen recaudo en los paraísos fiscales, en los cuales las empresas o particulares evaden y eluden sus responsabilidades tributarias obteniendo infinitos privilegios fiscales.
Algunos plantean con justa razón que se debe terminar con el trato dadivoso que el Estado le otorga al consumo del diésel, disponer de un royalty minero de verdad, eliminar el secreto bancario o por lo menos regularlo correctamente y en paralelo aumentar el pago de impuesto del 27% al 30% a las grandes empresas, por un par de períodos tributarios, pues el Covid 19 será difícil erradicarlo. Sobre este asunto, recordemos que el presidente Biden de EEUU anunció, y nadie se opuso, aumentar a las sociedades dicho impuesto del 21% al 28%.
Otros, como este columnista, estiman que, previo y fundado análisis, se deben derogar la mayoría de las exenciones tributarias, pues muchas de ellas, a esta altura del partido, no se justifican. Por tal motivo nos gustó lo que ha publicado el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) en orden a que las exenciones de los predios habitacionales deben ser por propietario, pues en la actualidad existen muchas personas naturales y jurídicas que tienen miles de viviendas que disponen de diversas franquicias tributarias, sobre todo en el ámbito de las contribuciones de bienes raíces.
Merecería la atención del ministro de Hacienda lo que sucede con los sitios baldíos que se mantienen así para especular en el mercado y nos ha llamado la atención que dicho CNDU sostenga que se debe excluir la categoría de terreno agrícola en zonas urbanas, pues si ello es así, significa que se trata de errores consentidos por los que mandan. Recordemos el informe de la Contraloría General de la República, mediante el cual se acreditó que cientos de mansiones edificadas en Pucón y Villarrica eran ilegales, es decir, nunca pagaron los impuestos territoriales ni menos los derechos municipales necesarios para obtener los permisos de edificación.
Nos agradó sobremanera que esa oficina pública asesora del gobierno haya puesto en el tapete lo que acontece con las viviendas «económicas» DFL2 que se transan en el mercado en sumas de US$ 300 mil y más todavía, ya que con ellas son muy abultadas las trampas tributarias que se cometen. Asimismo, se debería derogar la curiosa disposición PAF (Patrimonio de Afectación Fiscal) que les permite a las distintas ramas de la FFAA ofrecer en venta en el mercado inmuebles fiscales que, a través del tiempo, el Estado les ha donado para sus exclusivas necesidades institucionales. Está claro que el producto de estas operaciones mercantiles, de varios millones de dólares, ingresan a los denominados Comandos de Bienestar de esas instituciones militares, sin que hasta ahora se haya abordado esta antigua e indebida práctica comercial.
Recientemente Antonio Errázuriz, presidente de la conspicua e influyente Cámara Chilena de la Construcción (CChC) manifestó públicamente que su sector económico «esencial» advierte que el tercer retiro de las AFP agravará la dificultad para atraer mano de obra a sus proyectos, algo similar a lo expresado por Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), quien fue más brutal, pues suelto de cuerpo aseguró que las personas que buscan bonos de las autoridades no llegan a trabajar.
Pero fue de muy mal gusto que Errázuriz dijera que, con la complicación derivada de la ausencia de trabajadores formales, su industria tenía que mejorar los ingresos de esa mano de obra, luego para este modelito de dirigente gremial empresarial es malo aumentar los sueldos de sus «colaboradores», usando el lenguaje en boga por los elegantes inversionistas de la cota mil.
Y en una expresión para el bronce, reproducida en el diario El Mercurio del 20/04/21, el mismo Errázuriz se mandó esta arenga «nos preocupa el tema de las exenciones tributarias: Si se eliminan los beneficios, eso de transformará en un aumento de precios de las viviendas» (sic). El hombre se las trae y con plena seguridad amenaza al Congreso Nacional y al gobierno, diciéndoles no se metan con nosotros pues nuestros privilegios los tenemos bien ganados. Debemos tener presente que los precios de las viviendas en los últimos 7 años, en moneda del mismo valor adquisitivo, se han duplicado y ellos no quieren perder esa maravillosa teta.