Senado aprueba en general tercer retiro del 10 por ciento
Los senadores oficialistas que entregaron su aprobación indicaron que lo hicieron porque “el retiro tiene un carácter voluntario” y se debe apoyar “a la clase media invisibilizada y que no califica en ninguna ayuda” y lamentaron que no existiera un acercamiento del Gobierno "para conocer la realidad de las personas".
El Senado respaldó en general y por mayoría (31 a favor y 11 en contra) el proyecto de ley que autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones a realizar voluntaria y excepcionalmente un nuevo retiro de hasta el 10 por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorio.
Se establece como monto máximo de retiro el equivalente a 150 unidades de fomento y un mínimo de 35 unidades de fomento, con el objeto de mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19.
El senador Pedro Araya, presidente de la Comisión de Constitución informó sobre los alcances del proyecto e indicó que la instancia parlamentaria introdujo una serie de modificaciones al texto aprobado por la Cámara, referentes a deudores de alimentos; rentas vitalicias, entre otros aspectos. Revise nota relacionada.
Durante la sesión -donde se dejó constancia de la ausencia de representantes del Ejecutivo en la primera parte- fueron claras dos posturas. Quienes manifestaron su adhesión al retiro, reclamaron por el “actuar del presidente Piñera que, sin escuchar este debate, llevó el proyecto al Tribunal Constitucional” y la “incapacidad del Gobierno de apoyar a las personas” de forma oportuna; además se hicieron presentes los problemas del actual sistema de “ahorro forzoso” y se aludió a un “fracaso de las AFPs”.
Asimismo, se reconoció que “no es una medida ideal, pero es necesaria” y que «no resulta fácil que la gente financie esta crisis con sus pensiones, pero es lo que queda por la escasa respuesta del gobierno». «El tema de fondo es cómo enfrentamos lo que viene», fueron algunos de los argumentos.
Los senadores oficialistas que entregaron su aprobación indicaron que lo hicieron porque “el retiro tiene un carácter voluntario” y se debe apoyar “a la clase media invisibilizada y que no califica en ninguna ayuda” y lamentaron que no existiera un acercamiento del Gobierno «para conocer la realidad de las personas».
En esta línea, argumentaron su voto favorable los senadores Alejandro Guillier, José Miguel Insulza, Carolina Goic, Francisco Chahuán, Rabindranath Quinteros, Juan Ignacio Latorre, Jaime Quintana, David Sandoval, Juan Pablo Letelier, Ximena Órdenes, Isabel Allende, José Miguel Durana, Loreto Carvajal, Adriana Muñoz, Juan Castro, Manuel José Ossandón, Jorge Pizarro, Carlos Montes, Alejandro Navarro, Ricardo Lagos, Marcela Sabat, Pedro Araya, Francisco Huenchumilla, Guido Girardi, Iván Moreira, Carlos Bianchi, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde y Ximena Rincón.
En otra vereda, los argumentos en contra hicieron ver que la medida es inconstitucional y “existe un fallo del TC que así lo demuestra”. “Aquí se está haciendo un fraude a la ley”. Advirtieron que «de manera simplista y fácil se proponen medidas de corto plazo». “Todos reconocemos que estamos frente a un sistema previsional que debe ser mejorado, pero ese es el camino, no destruyéndolo”.
Además, recalcaron que el retiro de fondos “es contradictorio con el querer mejorar las pensiones. El 42% de los afiliados a las AFPs quedarán sin fondos” y se calificó como “irresponsable” “el pretender ayudar a los trabajadores con sus propios recursos, eso es empobrecerlos más. Es el gobierno el que debe ir en ayuda”. En esa misma línea, también se planteó la idea de «generar una renta solidaria para la pandemia financiada por el Estado, en reemplazo de los retiros de los fondos de los afiliados».
Estas posturas fueron visibilizadas por las senadoras Carmen Gloria Aravena, Luz Ebensperger y los senadores Claudio Alvarado, Juan Antonio Coloma, José García Ruminot, Felipe Kast y Rodrigo Galilea.
Tras el respaldo, se comenzó la discusión en particular de una veintena de enmiendas propuestas al texto legal.
