Renacionalizar las riquezas naturales de Chile

Por Héctor VERA V. Periodista

Un tema nacional de la mayor importancia económica y social que al mundo político, empresarial o militar de Chile, no les gusta tratar ni discutir, desde el golpe militar de Pinochet (1973) hasta la fecha (2021), es la nacionalización del cobre y de sus riquezas básicas. Una toma de conciencia social de este asunto tendrá repercusiones enormes porque choca frontalmente con fuertes intereses nacionales y extranjeros. Los agentes que se benefician con lo actual harán todo para impedir un cambio.

¿Chile es actualmente el verdadero propietario de sus yacimientos mineros, incluido el agua? La respuesta es rotundamente NO. Chile, su población y el Estado han perdido el dominio efectivo de sus recursos naturales.

(Fuente https://hectorvegatapia.com/2021/01/01/quien-es-propietario-del-cobre-en-chile-hector-vega/ )

Son diversas empresas extrajeras las que administran y se benefician de los recursos naturales. ¿Cuánto pagan por el derecho a extraer estas riquezas al Estado de Chile? Pagan muy poco, y por diversas triquiñuelas legales evaden los impuestos y el pago del arriendo. Esto resulta muy distinto a lo que dice el discurso oficial que la propiedad de los yacimientos mineros es del Estado porque este licita el acceso a los mismos.

Fuente: Lavanderos Illanes, Jorge “ El cobre NO, es de Chile».Inscripción No 121.056 Impreso y editado por EDICIONES TIERRA M~A Ltda.

La mayoría de los chilenos confunde el discurso o la formalidad de la propiedad de los bienes, que figuran a nombre del Estado, con el verdadero dominio de los bienes de los recursos mineros, cuya soberanía ha sido plenamente enajenada a extranjeros en los últimos 50 años, mediante leyes, decretos y prácticas abusivas. Esto ha ocurrido sin que muchos chilenos hayan notado la dimensión del saqueo, aunque todos sufrimos las severas consecuencias económicas para nuestro desarrollo.

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Luego de la nacionalización del cobre, que recupera para Chile los yacimientos y su administración y beneficio, realizada en el gobierno de Salvador Allende (1970-1973), se ha construido desde la Constitución del 80, y con sucesivas leyes de la minería y de tributación que incluye  a  todos los gobiernos  y los parlamentos de la “transición democrática”,  una potente maquinaria jurídico, comercial y política que ha desestatizado las riquezas naturales y las ha transferido a las empresas multinacionales extranjeras que casi no pagan impuestos sobre sus ganancias o pagan un ridículo o falso” royalty  minero” que, en la práctica, es un despojo de los recursos nacionales , diferente a lo que ocurre en casi todos los países del mundo.

Fuente https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/6318/S0700077_es.pdf La agenda minera en Chile . Guajardo, Juan Carlos.

En síntesis, durante casi 50 años, se ha estado despojado a la población chilena de la propiedad y uso de sus recursos naturales bajo el manto del estado subsidiario, del “libre mercado” y de las garantías a la “inversión extrajera” con la excepción de Codelco que durante décadas ha favorecido el presupuesto y el bienestar de las Fuerzas Armadas. El Presidente Piñera y en particular la UDI han postulado en reiteradas ocasiones la necesidad de privatizar CODELCO y con ello completar el despojo de las riquezas naturales de Chile, siempre en nombre de una supuesta eficiencia de los privados.

Mostraremos la historia legislativa y jurídica, con sus principales hitos, con la intención de comprender o dimensionar como se ha tejido y desarrollado la mecánica de esta radical desnacionalización que privatiza las riquezas naturales de Chile  y mantiene una burda o simulada forma de propiedad del Estado y que, en la práctica,  en el sustento jurídico, es inexistente.

La nacionalización del cobre: Gobiernos de Balmaceda, Frei Montalva y de Salvador Allende

El proceso de recuperar el patrimonio y el beneficio de las riquezas mineras en Chile tiene como principales referentes histórico el intento del Presidente Balmaceda por nacionalizar el salitre. Balmaceda aspiraba a que los chilenos accedieran a los salares, produjeran salitre y administraran esas empresas que en la época que esas riquezas eran explotadas y monopolizadas por los capitales ingleses. Esta propuesta, que no alcanzó a concretar, terminó en guerra civil, golpe de estado y suicidio de José Manuel Balmaceda Fernández en la embajada de Argentina en Santiago de Chile.(1891)

Más recientemente, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) se realizó la denominada “chilenización del cobre” Está establecido en la  Ley 16425 del 25/01/1966 que compra una parte de  la mayoría de las compañías extranjeras, convirtiéndose el Estado de Chile en una especie de socio de dichas compañías. Es un proceso que algunos expertos denominan de expropiación consensuada con las partes y el pago correspondiente de indemnización.

Este procedimiento de la “chilenización “aún no permite el control completo del Estado de Chile sobre las compañías extranjeras. Al contrario, el Estado comparte los riesgos y ganancias con las compañías extranjeras. Específicamente la venta y la administración del negocio del cobre quedaba en manos de los agentes extranjeros con esta fórmula. Esto no era satisfactorio para los intereses nacionales.

Por ello el Presidente Salvador Allende (1970-1973) procedió a abrir una nueva relación con las empresas y a sincerar la propiedad de los yacimientos. Allende entendía que no habría desarrollo sostenible de la economía chilena si no se recuperaba plenamente los recursos del cobre, al que llamé “el sueldo de Chile”. Optó por la “nacionalización del cobre” que le diera a Chile un dominio completo de los recursos mineros y la administración integral de los bienes producidos.

Para lograr tal objetivo el gobierno de la Unidad Popular, apela a unas disposiciones establecidas por las Naciones Unidas que le dan el fundamento internacional a la recuperación de las riquezas del subsuelo y recurre a un consenso político mediante la promulgación de la ley 17.450 del 16 de julio 1971, que fue aprobada de manera transversal por el Congreso Nacional. Bajo la conducción del abogado Eduardo Novoa se genera un marco jurídico sólido que fundamenta una doctrina de estatización de los recursos del cobre. Se reconoció a las empresas sus inversiones y el pago de las mismas, pero se reservó al Estado de Chile la propiedad, administración y beneficio de los yacimientos.

Fuente : https://cdsa.aacademica.org/000-010/285.pdf El pensamiento jurídico-social de Eduardo Novoa Monreal. Cambio social y juristas en Chile años 60-70 S.XX. Alejandro Luis Polanco Ramírez.

¿Cuánto se les pagó a las empresas que fueron nacionalizadas? Junto con calcular y  reconocer el derecho a la indemnización  de las inversiones , se estableció que hay ganancias legitimas e ilegitimas y que estos últimos tipos de ganancias debían ser devueltas al Estado propietario. Las indemnizaciones a las empresas de los Estados Unidos fueron secretamente negocias por Allende y Nixon, sin que se lograra un acuerdo al respecto.

Fuente https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-37692013000200004

¿Cómo se calcularon las “utilidades excesivas”? Se calculó la inversión y las utilidades de las empresas del cobre, se revisaron los cuadernos de contabilidad y se comparó esos datos con los dineros que las compañías norteamericanas habían obtenido en los últimos 10 años en los propios Estados Unidos. Lo que sobrepasó esas utilidades en Chile, se consideró que debían ser descontadas de la indemnización a pagar. Realizados los cálculos, nada se debió cancelar a las empresas.

El boicot de Estados Unidos y de las transnacionales

Este procedimiento de rescatar legal y legítimamente para el patrimonio chileno, sin violencia y conforme al derecho internacional de las minas de cobre que estaban administradas por empresas extranjeras, generó el mayor movimiento de boicot y   de desprestigio del gobierno de Allende liderado por Nixon y Kissinger y solicitado por las grandes empresas multinacionales.

Estos poderosos agentes extranjeros vieron severamente amenazadas sus ganancias y temían por el término del “orden económico mundial” que el gobierno de Allende lograba utilizando herramientas fundadas en el derecho nacional e internacional y no en la simple expropiación o la lucha armada.

De esta manera las fuerzas capitalistas de la época financiaron generosamente a los grupos de oposición, a la derecha y la ultraderecha para “desestabilizar” al gobierno de Allende y hacer “gritar la economía chilena”.

Fue una siembra necesaria para promover el golpe militar-civil realizado contra el pueblo de Chile y que comandó el general Augusto Pinochet, Comandante en Jefe del Ejército, que había sido nombrado por el propio Allende, y ejecutado el fatídico 11 de septiembre de 1973.

La maquinaria jurídico-política del despojo al pueblo de Chile de sus riquezas naturales.

Fue tan potente la nacionalización del cobre lograda por el gobierno de Allende que la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte no se atrevió a frenarla, anularla o reformarla. Tampoco las empresas multinacionales tuvieron mucho interés o confianza en invertir en un régimen basado en la fuerza de la represión y de las armas. De este modo la gran minería solo quedó en manos de la estatal CODELCO.

En la Constitución de la dictadura de 1980 se impone el concepto de Estado subsidiario en que el Estado busca no tomar responsabilidades directas sobre el desarrollo económico y social, entregando a los privados y al mercado las prioridades para ejercer actividades económicas, guardando solo las facultades de control y de administración de los impuestos y de las fuerzas militares y policiales. Pero con respecto a la minería mantiene los conceptos construidos en los gobiernos de Frei Montalva y de Allende Gossens.

Solo por la vía de una ley y no por un cambio expreso en la Constitución como podría esperarse, en 1982, se comenzará el desmontaje jurídico y político que permitirá quitarle a los chilenos y al Estado la soberanía, la propiedad y el dominio de las riquezas naturales de la minería. Es José Piñera Echenique, el mismo que promocionó la creación de las AFP y hermano del actual Presidente Piñera, el gestor y principal autor de esta ley orgánica constitucional , operando como Ministro de Minería del dictador Pinochet.

Fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_Constitucional_sobre_Concesiones_Mineras

Mas tarde, nuevas medidas que permitirán la depredación sistemática de los recursos naturales y que culmina con el insólito nuevo Código de Agua que le entrega el Estado de Chile  una simulada y falsa propiedad permitiéndole ceder a perpetuidad el uso del agua a privados, logrando desnacionalizar este vital recurso para entregarlo, a bajo precio, a los beneficios de privados extranjeros y nacionales.

Terminada la dictadura los chilenos esperaban que todo volviera -al menos- a la legalidad dejada en el último gobierno democrático con Allende y que se detendrían los negocios a costa del Estado como el escandaloso caso de SOQUIMICH, privatizado por el dictador en beneficio de su yerno Julio Ponce Lerou, cuya empresa es hoy dueña del litio e implicada en casos de corrupción y litigio con Corfo.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_Constitucional_sobre_Concesiones_Mineras. https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Qu%C3%ADmica_y_Minera_de_Chile

Con Aylwin ocurrió lo contrario de lo esperado por sus electores. Gabriel Valdés, el más destacado líder de la DC, fue desbancado misteriosamente de la candidatura a Presidente de la República en una elección interna, con robo de urnas, que terminó proclamando a Patricio Aylwin. Tanto Gabriel Valdés, como Radomiro Tomic y Renán Fuentealba le pidieron en privado y en público al nuevo Presidente que derogara la ley minera de Piñera que pretendía anular la ley de nacionalización del cobre promulgada en 1971.

Nada de eso ocurrió. Mediante un decreto presidencial y en medio de una ley sobre reforma tributaria, a 29 días de asumir la Presidencia, Patricio Aylwin Azócar, le abre de par en par las puestas a las inversiones extranjera a la minería con sucesivos regalos de exención de impuesto, nulo pago de royalty y un conjunto de disposiciones que abrieron el camino al saqueo total de las riquezas nacionales.

https://radio.uchile.cl/2016/05/17/aylwin-y-su-apoyo-a-las-transnacionales-mineras/

https://www.ciperchile.cl/2011/07/20/royalty-los-millones-de-dolares-que-chile-regala/

Seria largo enumerar los instrumentos legales construidos por los sucesivos gobiernos concertacionistas. Por medio de la Ley 18.985, cuyos objetivos eran aumentar “provisoriamente” el IVA de 16 a 18%, y el impuesto de primera categoría de 10 a 15%, se modificó la tributación minera. Se cambió la tributación minera, de Renta Presunta a Renta Efectiva. Se eximió de impuesto a la renta la venta de pertenencias mineras y se creó el costo de pertenencia.

En 1990, la Ley 18.985 determinó que las empresas que exportaran más de 36 mil toneladas de mineral al año (alrededor de 720 toneladas de cobre fino), ya no tributarían en renta presunta sino en renta efectiva, es decir que el impuesto se pagaría solo en caso de las empresas tengan o declaren utilidades. Bastaba que no declararan utilidades. Por esta razón, hasta el año 2004, salvo La Escondida, todas las demás mineras no pagaron un solo peso de impuesto a la renta, y se llevaron alrededor de 30 millones de toneladas de cobre fino, más el oro, y el resto.

Todo esto no es más que una serie de triquiñuelas a favor de las empresas extranjeras. Esta serie de leyes son rigurosamente inconstitucionales, ilegítimas, aún siguen vigentes en el art. 30 de la Ley de la Renta anteriores. En este periodo se montó un modelo extractivista que canceló la industrialización de la minería, sin ninguna consideración de cuidado del medio ambiente y se abandonaron todas las obligaciones éticas y morales que se le supone deben tener las autoridades que son elegidas para defender los intereses nacionales y desarrollar económica y socialmente el país. Lo que ha ocurrido en estos últimos 50 años en Chile es simplemente incalificable.

Estas disposiciones fueron hechas en completo sigilo, con el silencio de los medios de prensa tradicionales y sin resistencia de parte de los parlamentarios y partidos políticos de todas las tendencias. Demás está explicar que tales maniobras no estaban en el programa de gobierno. Por ello no es de extrañar que pasaron cinco gobiernos postdictadura que no quisieron discutir una Nueva Constitución en democracia. Solo a finales del segundo gobierno de Michelle Bachelet se intentó comenzar este proceso, sin que se lograra llegar a término. Vinieron muchas movilizaciones y protestas de estudiantes, mujeres, pueblos originarios, ciudadanos de muchos lugares…. y el estallido social, para que pasáramos de una sucesión de enmiendas y maquillajes constitucionales y el pueblo de Chile, en democracia, pueda redactar una Nueva Constitución.

Esta depredación dura ya 50 años, comienza con la dictadura y sigue con los siete gobiernos de la “transición democrática”, cuenta con la complicidad y la participación de los  sucesivos parlamentos, movidos por la corrupción, el engaño, la falta de visión nacional y la pérdida de todo sentido de responsabilidad social. De esta manera se fueron aprobando leyes y generando condiciones para que Chile perdiera sus recursos naturales en manos de privados, renunciara a la generar valor agregado con la elaboración de las materias primas y llegara a naturalizar el saqueo de las maneras más sigilosas y sibilinas, que han sido consagradas en los cuerpos jurídicos aún vigentes.

Renacionalización de las riquezas naturales y Nueva Constitución.

¿Cómo revertir este colosal proceso de saqueo y de corrupción que le resta al desarrollo del país sus riquezas naturales? La tarea es inmensa y necesita acuerdos amplios y medidas radicales que sinceren la relación entre propiedad pública y sus intereses y propiedad privada, guardando para el pueblo de Chile la soberanía de los recursos naturales.

Esto se consigue mediante un efectivo proceso de renacionalización de los recursos naturales de Chile, que desmonte los candados que impiden el dominio a nuestros valiosos recursos y consignando en la redacción de una Nueva Constitución el restablecimiento de los principios, el cuerpo jurídico y el espíritu de la ley 17.450 del 16 de julio 1971 promulgada en el gobierno de Salvador Allende, con acuerdo político de todos los sectores.

Esto implica necesariamente declarar inconstitucional los actuales Códigos y leyes orgánicas relativos a la minería y al agua y todas las licitaciones que se han hecho bajo la corrupción y el engaño, como la ley de pesca.

Este texto fue redactado por Héctor Vera V y fue posible gracias a los aportes realizados por el colectivo dirigido por el chileno Carlos Poblete, residente en Bélgica mediante plataforma Zoom. Este tema recogió las ideas especialmente emitidas por el abogado Héctor Vega y por el exsenador Jorge Lavanderos.