Justicia rusa prohíbe casi toda actividad a organización del opositor Navalny
La Justicia rusa prohibió hoy casi toda actividad al Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) del opositor detenido Alexey Navalny, que ya no podrá, por ejemplo, publicar contenidos en Internet ni organizar manifestaciones.
El caso se trata a puertas cerradas.
Poco después, el director del FBK, Ivan Jdanov, indicó en las redes sociales que el tribunal de Moscú prohibió a la organización publicar contenidos en Internet, utilizar los medios públicos, organizar manifestaciones y recurrir a depósitos bancarios.
Las organizaciones vinculadas con Navalny están amenazadas con ser declaradas «extremistas» tras un pedido en ese sentido de la Fiscalía.
En caso de concretarse, significaría duras penas de prisión para los colaboradores y seguidores del opositor.
La fiscalía acusa a estas organizaciones de buscar «crear las condiciones de la desestabilización de la situación social y sociopolítica» en Rusia, «encubriéndose en eslóganes liberales».
Ayer, la Justicia rusa había ordenado la suspensión de las actividades del FBK y las oficinas de Navalny en toda Rusia.
Militante anticorrupción y enemigo jurado del Kremlin, Navalny cumple desde principios de marzo una condena de dos años y medio en la colonia penitenciara de Pokrov, 180 kilómetros al este de Moscú, por cometer fraude de 2014.
Navalny puso fin la semana pasada a una huelga de hambre de 24 días para protestar contra las malas condiciones de detención, a raíz del agravamiento de su estado de salud.
El opositor, de 44 años, fue detenido el 17 de enero a su regreso de Alemania, donde permaneció cinco meses para recuperarse de un presunto envenenamiento que atribuye al Kremlin y que éste negó desde un principio.
Navalny cayó en coma súbitamente en agosto pasado en Siberia y fue trasladado a Alemania para ser hospitalizado.
Varios laboratorios europeos estimaron que había sido envenenado con un agente neurotóxico llamado Novichok, desarrollado en la era soviética con fines militares.
La Justicia rusa confirmó a mediados de febrero el veredicto contra Navalny, una sentencia que varios países y ONGs consideran como política y aumentó las tensiones con Rusia.
Tras el supuesto envenenamiento, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Canadá adoptaron sanciones contra funcionarios rusos de alta jerarquía.
