El Brasil de Bolsonaro y su controvertida agenda ambiental en cumbre climática de Biden

Frente a una campaña de personajes del progresismo internacional que van desde el actor estadounidense Leonardo Di Caprio hasta el exministro de Cultura y músico brasileño Gilberto Gil para que Washington le dé la espalda a los argumentos brasileños, Bolsonaro buscará reiterar una promesa anticipada la semana pasada en una carta a Biden: «En 2030 llegaremos a la deforestación cero».

Esta promesa, sin embargo, choca con la tendencia actual: El Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (Inpe) calculó que 11.088 kilómetros cuadrados de bosques fueron talados en 2020 en Brasil, el mayor nivel en 12 años y un salto del 9,5% frente a 2019.

Aliado del expresidente estadounidense Donald Trump y electo con un discurso contra las entidades ambientalistas y las reservas indígenas amazónicas y a favor de la minería en la selva sudamericana, Bolsonaro, como dijo el senador oficialista y exmandatario Fernando Collor de Mello corre el riesgo de ser un «paria internacional» si no se adapta a la agenda ambiental mundial del cambio climático.

En el ojo de esta tormenta internacional se encuentra el ultraliberal Ricardo Salles, ministro de Medio Ambiente repudiado por todos sus antecesores y el hombre que se hizo famoso por haber dicho en una reunión de gabinete que había que aprovechar la pandemia y la distracción mediática para ablandar la legislación ambiental y permitir el avance del agronegocio y la minería.

«Hay que aprovechar para que pase el ganado sin que nadie se de cuenta», es la frase que persigue a Salles.

Según la concepción bolsonarista, compartida por la doctrina de la dictadura militar (1964-1985) que permanece como norte en el Libro Blanco del Ejército, potencias extranjeras se introducen mediante entidades ambientalistas y con tribus indígenas para extraer la biodiversidad amazónica.

Esta semana, el ministro de Defensa Walter Braga Netto, hombre fuerte del Gobierno, destacó al Ejército como controlador de los delitos ambientales en la selva amazónica.

Con esa mirada político-militar encima, la puja desarrollo-ambiente es una constante en los estados amazónicos, donde viven casi 25 millones de personas y cuya mayor ciudad es Manaos, una urbe que tiene la mayor tasa de fallecimientos en la pandemia y un delicado equilibrio social con la presencia de una zona franca industrial como fuente de empleo con valor agregado.

Según el diario O Globo, el ministro Salles adelantó que Bolsonaro quiere que las potencias financien una fuerza de seguridad controlada apenas por su núcleo de Gobierno para controlar la deforestación amazónica con 1.000 millones de dólares, luego de haber achicado las agencias fiscalizadoras actuales, como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) y el Instituto Chico Mendes.

Salles es uno de los símbolos del ‘trumpismo’ en el Gobierno de Brasil, tal vez el más fuerte luego de la salida del excanciller Ernesto Araújo y su renuncia es reclamada por la comunidad científica e incluso parte del empresariado oficialista.

Unos 400 funcionarios de carrera de Ibama presentaron un oficio interno denunciando que la mecánica de control y multa ambiental ha sido alterada y permite a las mafias de la deforestación para el agronegocio y la minería actuar con mayor impunidad.

En esa misma agencia de control, fueron despedidos 25 de los 27 superintendentes regionales.

Incluso un comisario de la Policía Federal de Amazonas denunció la semana pasada al ministro Salles por colaborar con la deforestación. El resultado fue que ese jefe policial fue despedido por Bolsonaro.

«Ya hay organismos capaces de realizar la fiscalización que están siendo desmontados porque protegen el interés público. Lo que quiere el ministro Salles es tener una milicia especial que responda a él», denunció el dirigente ambientalista Marcio Astrini, director del Observatorio do Clima.

Brasil, que se había convertido desde la conferencia internacional Eco 1992 -durante la Presidencia de Collor de Mello- en un actor relevante frente al cambio climático e incluso prohibió la deforestación en la selva amazónica como una de sus metas, ahora ve una suerte de caos frente a la agenda que promueve Biden.

El Gobierno brasileño repudió en 2019, cuando llegó al poder, al Fondo Amazónico abastecido con dinero compensatorio de emisiones de carbono de Noruega y Alemania, porque no quería que entidades ambientalistas e indígenas participaran de la toma de decisiones sobre esos fondos.

En febrero de 2020, Bolsonaro presentó un proyecto de ley para habilitar proyectos de exploración de minería en las reservas indígenas amazónicas.

Tanto en 2019 como al año siguiente al inicio de la pandemia, Bolsonaro recibió en el Palacio de la Alvorada a ‘garimpeiros’, grupos de mineros artesanales que le pedían la venia para ingresar a las reservas indígenas y explorar oro y piedras preciosas.

La visión de un jardín mundial en la selva amazónica de una parte de la opinión pública europea o californiana choca con la agenda que ha convertido en cuatro décadas a la Amazonía brasileña en un lejano oeste donde la disputa armada por tierras es una constante.

Por eso y como ocurrió con la pandemia y la búsqueda de vacunas, 24 gobernadores decidieron formar una coalición con una posición a favor de mitigar el cambio climático y enviaron una carta a Biden entregada al embajador estadounidense en Brasilia, Todd Chapman.

La posición antiambientalista de Bolsonaro hizo que Brasil postergara sus metas que habían sido fijadas en el Acuerdo de París y todavía la comunidad internacional acusa al actual Gobierno de haber negado la gravedad de los los incendios amazónicos de 2019.

Este fue un momento de pico de tensión en el que Bolsonaro se enfrentó públicamente con su par francés, Emmanuel Macron, insultó a la primera dama francesa y puso en riesgo la posibilidad de sellar definitivamente un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.